Cuando la derecha agita la manoseada bandera de la libertad es necesario preguntarse «¿para qué clase?». En materia de educación no iba a ser menos: mientras el gobierno autonómico presume de que casi la totalidad de las familias llevan a sus hijos al centro que han elegido para su educación, la realidad es que conseguir estudiar en la pública se ha vuelto un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. La llamada Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid la única libertad que consolida es la de mandar a los niños a la privada, pues no distingue entre educación pública y privada a la hora de otorgar financiación. Pero echemos un vistazo a las estadísticas de este paraíso para la educación privada que es la Comunidad de Madrid.

Para empezar, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte del Estado español en educación pública. Según los datos del Ministerio de Educación, la inversión por alumno en los centros públicos de la Comunidad de Madrid está mil euros por debajo de la media nacional; en cambio, el desembolso en conciertos ha aumentado desde 2009 por encima del 26%.

Durante el curso 2019-2020 no hubo suficientes plazas en los centros de la capital para que 40 000 alumnos pudieran seguir estudiando en la pública en sus correspondientes distritos, lo que ocasionó que estos tuvieran que elegir entre desplazarse de su zona, acudir a un centro privado o a uno de los 33 centros concertados cercanos (el doble que centros públicos).

Frente al 81% de alumnos de centros públicos en la Unión Europea y el ya bastante reducido porcentaje en comparación de un 67% del Estado español, tan solo un 40% de los estudiantes de la capital y un 55% de la región van a centros públicos. Y no es de extrañar en una comunidad que ha incurrido en un desfinanciamiento sistemático de la educación pública al tiempo que llena las arcas de la privada y concertada, concede suelo público para construir centros concertados o propone rebajas fiscales para la compra de uniformes o pagar la guardería privada.

En cuanto a la enseñanza posobligatoria, hay hasta cinco veces más plazas en el Bachillerato privado que en el público; la FP pública no pudo acoger a cerca de 20 000 estudiantes que quisieron cursar un grado superior ni a 7 000 que optaron por un grado medio durante el curso pasado, mientras que la oferta de la FP privada ha aumentado en la última década la obscena cifra de un 700%.

Ahora, de cara al curso 2022-2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado la eliminación de un ciclo entero en las escuelas infantiles, lo que se traduce en que más de 8 000 niños se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas de Madrid capital.

No puede haber libertad de elección educativa porque no se abren aulas en los centros públicos que las necesitan, sino todo lo contrario, no se construyen centros nuevos, se hace desaparecer a las escuelas infantiles, se recorta en personal docente, se externalizan los servicios de los centros públicos y, en definitiva, se deriva el dinero de la pública para financiar a la privada.

Pero esta situación no es solo responsabilidad de los casi 30 años de gobiernos conservadores en la Comunidad de Madrid, sino que se asienta también, para sorpresa de nadie, en la política neoliberal del PSOE en materia de educación. Sin ir más lejos, la LOMLOE, impulsada por la exministra Celaá y la actual Ministra de Educación, Pilar Alegría, así como apoyada por UP, supuso un retorno a la antigua ley educativa del PSOE: mantener los conciertos con la Iglesia, permitir la injerencia privada en educación a través de subcontrataciones y subvenciones, seguir privatizando la Formación Profesional y mantener un modelo pedagógico basado en la adquisición de una serie de «competencias» a medida de las exigencias y necesidades del mercado en detrimento de la impartición de contenidos, lo que contribuye a una educación de peor calidad.

En 2020 se destinaron casi 7 mil millones de euros a centros concertados, lo que supone más del 12,5% de la partida presupuestaria total para educación, siendo que estos centros solo se ocupan del 29% de los alumnos. Financiar la concertada es financiar la desigualdad social a la que esta contribuye con la segregación que realizan del alumnado mediante la imposición, aunque esté prohibido por ley, de las famosas cuotas «voluntarias» que justifican por gastos en el gabinete psicopedagógico, aumento de horas lectivas en ciertas asignaturas, etc. Pero financiar a la concertada es también financiar a la Iglesia, ya que aproximadamente seis de cada diez colegios concertados pertenecen a la Iglesia o a fundaciones asociadas a ella, los cuales reciben cada año 4.866 millones de euros (para 2.500 centros a lo largo de todo el Estado).

Por no hablar de la externalización de servicios en los centros públicos, como los comedores escolares, la tasa de reposición casi nula de docentes, el Plan Bolonia y el negocio de los másteres de grado y posgrado, la subida de las tasas universitarias con su consecuente expulsión de la clase trabajadora de las universidades y un largo etcétera. El último ataque a la educación pública ha sido permitir que las comunidades suban la financiación de la educación privada con fondos públicos provenientes de ayudas millonarias concedidas por la UE orientadas a la ampliación de plazas públicas en la educación infantil de 0 a 3 años. Pero ¿qué esperar del PSOE, que es el principal artífice de la concertada, especialmente si viene con sotana incluida?, ¿y de sus socios de gobierno, UP, que apoyan unas medidas educativas que no son más que la política del desmantelamiento de lo público y reforzamiento de lo privado de siempre, pero ahora con una tímida mención a la «perspectiva de género» en alguno de sus puntos del programa?

Una educación pública, gratuita, universal, laica, de calidad y hecha por y para la clase trabajadora sólo puede ser conquistada por los mismos trabajadores del sector, por los estudiantes y las familias obreras, organizados en los centros de estudio. Sólo ellos pueden determinar de forma auténticamente democrática planes de estudio que no estén al servicio del mercado, que no marquen el futuro laboral del alumnado, condenándolos a la competencia y la precariedad. Sólo así podemos lograr el fin de la temporalidad, la bajada de ratios, la apertura de nuevos centros y el fin de la educación concertada y privada.