La pandemia por COVID-19 obligó a un sector de la clase trabajadora, como por ejemplo, la dedicada a trabajos de oficina o educación, a resguardarse en sus hogares y a mantener un duro confinamiento. Independientemente de que el encierro represento ciertas ventajas, la verdad es que fue para un mínimo de la población, pues la mayoría tuvo que seguir saliendo a trabajar a pesar del riesgo. Esto quedó demostrado con el exceso de mortandad mexicana: alrededor de 700 mil fallecidos de más respecto al promedio de años anteriores y, a decir verdad, uno de los más altos del mundo.

El encierro sacó a la luz toda una serie de problemas y violaciones de derechos laborales que la mayoría de trabajadoras y trabajadores son objeto en sus centros laborales, sin embargo, la precarización no se atenuó, sino por el contrario, se acentuó. Por ejemplo, el horario entre el fin de la jornada laboral y el tiempo personal en el hogar desapareció, es decir, los mensajes requiriendo actividades podía ser incluso en la madrugada. Asimismo, los medios necesarios para las actividades a distancia —internet, computadora, celulares, electricidad, etcétera— no eran proporcionados por el patrón, sino que fue solventado con el salario de los trabajadores.

¿Las medidas de la Secretaría del Trabajo son realmente efectivas?

Según datos del gobierno federal, unos 13 millones de personas desarrollan sus trabajos a distancia. En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que trataría de regular esta actividad.

La STPS publicó el viernes 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana (NOM) de teletrabajo, que anuncia reglas específicas de prevención que deberán adoptarse en los lugares de trabajo que determinen en común acuerdo patrones y empleados como el contar con un lugar adecuado, acordado por patrón y trabajador, para poder llevar las funciones correspondientes, así como evitar “el aislamiento social del trabajador, indicar reglas de contacto y supervisión, y establecer un horario de labores”.

Uno de los grandes problemas es que estas medidas están redactadas en términos de “recomendaciones”, es decir, que la patronal tiene la facultad de aplicarla o no según su arbitrio. En un país como México, en donde el trabajo precario es dominante, los grandes empresarios han buscado la manera de ahorrar todos los gastos posibles y descargar las consecuencias de la crisis sobre los laborantes. En este sentido, el método preferido es pagar bajos salarios y otorgar pocos o nulos derechos laborales.

Otro gran problema es la exigencia de bilateralidad de las condiciones de trabajo. Podría parecer lógico y correcto que las partes de común acuerdo establezcan las condiciones de trabajo, la cuestión es que es una relación desigual en cuanto a fuerza, es decir, el patrón tiene todo el poder económico y político por ser el dueño de la empresa, mientras la mayoría de trabajadores no cuentan con un sindicato que los defienda, por lo tanto, deben enfrentar solos al jefe lo que provoca que los contratos, por lo general, sean imposiciones contra los trabajadores.

Es necesario hacer como en Estados Unidos, donde los trabajadores de la "Generación U" están creando sindicatos contra las grandes corporaciones como Google, Amazon y Starbucks, enfrentándose a despidos y hostigamiento a la vez que forjan la unidad de las filas obreras entre trabajadores jóvenes, LGBT y de minorías raciales. En México esta tarea va de la mano de recuperar los sindicatos, sacando a los charros creando fracciones combativas y revolucionarias que rompan la tregua de las centrales con el gobierno e incorporando en la lucha a los trabajadores precarizados y subcontratados.