En una entrevista para la agencia EFE, Jorge González Caro, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), explica que en el país existen brechas que afectan a las venezolanas como la disparidad salarial o el incremento de la violencia basada en género, lo que ponderó como los "grandes temas" del país.
Asimismo, llamó la atención sobre la escasez de insumos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud del país, una realidad que, dijo, afecta a la mayor parte del país que vive en pobreza. "El embarazo adolescente, decimos que es el principal problema de salud sexual y reproductiva que hay en Venezuela", asegura González al remarcar que, con una tasa de 96 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, el país duplica el promedio de Latinoamérica.
En cambio, relata en la entrevista, persiste una brecha "enorme" entre la demanda y la oferta de anticonceptivos gratuitos, "de más del 90 %". Entonces, mientras en las farmacias privadas se consiguen métodos anticonceptivos -una caja de tres condones cuesta lo mismo que una semana de trabajo para quienes perciben el salario mínimo-, el Estado no compra estos insumos en gran medida desde hace casi seis años y, en consecuencia, el grueso de la población que vive en pobreza extrema está desasistida, enfatiza el representante de la UNFPA.
Una situación que no cae del cielo
Frente a esta situación, Suhey Ochoa, integrante de Pan y Rosas afirma en un reciente artículo afirma que: “Actualmente resulta alarmante y bochornoso cómo el país no cuenta con ningún tipo de políticas públicas que promuevan una educación sexual integral y laica en los liceos, se cercenen y se busque bloquear aún más cualquier avance en este sentido [en relación a las recientes marchas antiderechos desde instituciones municipales y grupos religiosos]. Todo esto de la mano del Estado. Peor aún, en un país donde existen cifras más altas de embarazos adolescentes y embarazos no deseados y donde la cantidad de muertes clandestinas por aborto son parte de la cruda realidad de las mujeres.”
Pero esta situación no cae del cielo enfatiza al remarcar que: “Nuestras condiciones de vida se han venido deteriorando en medio de una de las más brutales crisis económicas que hemos sufrido. Los salarios de hambre, la profundización de la carestía de la vida, la precarización del trabajo, la anulación de las contrataciones colectivas, nos ha llevado a situaciones de extrema miseria (…) En la gran mayoría somos las mujeres las que nos encargamos solas del hogar, las que pagamos alquileres altísimos, las madres que dejan de comer para alimentar a sus hijos porque no alcanza, las que sobreviven en los sectores populares, las adolescentes que le son vulnerados sus derechos sexuales.”
Así mismo enfatiza que “Si la vida de las mujeres trabajadoras, jóvenes y de los sectores populares se ha visto brutalmente afectada por la inconmensurable crisis económica que hoy atraviesa el país, cuando nos referimos a los derechos sexuales y reproductivos parece que retrocedimos a la edad media. Si el acceso a los elementales métodos anticonceptivos se ha vuelto imposible por la vorágine de precios. A la par de todo esto las mujeres continuamos siendo criminalizadas por decidir sobre nuestro cuerpo, siendo que la legislación venezolana es una de las más restrictivas para el acceso al aborto en la región”.
Por tanto, en relación a los embarazos entre las adolescentes sostiene que: “Son muchísimos años en los que las mujeres tenemos que hacer malabares para poder conseguir métodos anticonceptivos, si acaso podemos costearlo: la terrible realidad es que muchas de nosotras debemos decidir si comemos o nos cuidamos de una enfermedad o de quedar embarazadas.”
Por tanto, concluye la integrante de Pan y Rosas que: “Esto tiene nombre, es una falta enorme de garantías para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esto limita las libertades sexuales y el derecho al placer de nuestros propios cuerpos. Y de ello el Gobierno y el Estado son responsables.”
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