La iniciativa de crear la Fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, impulsada por la gestión kirchnerista/peronista, su pata estudiantil (La Cámpora - Movimiento Evita - Patria Grande) y la minoría radical, tiene como objetivo recibir fondos de organismos públicos o privados a cambio de otorgar “servicios a terceros”. ¿Qué se esconde detrás de ésta iniciativa que refleja la falta de presupuesto universitario?
Posgrados, Fundaciones y saber mercantilizado
La creación de Fundaciones en distintas facultades, junto a la multiplicación de los posgrados pagos, se fueron transformando en las últimas décadas en una de las vías privilegiadas del Estado y el régimen universitario para tratar de lograr el sueño neoliberal del Banco Mundial y el FMI: el autofinanciamiento de la educación superior. Las facultades que puedan producir recursos propios podrán recortarle gastos al Estado disminuyendo las partidas presupuestarias (discurso que se puede escuchar en ambos lados de la "grieta"). En el 2015 los “recursos propios” fueron un 246% superiores al del año 1998 y representaron un 19% del total presupuestario de las universidades nacionales (con muchas desigualdades entre cada institución) [1].
La multiplicación de los posgrados pagos (que forman una gran porción de los más de 3.841 posgrados acreditados por la CONEAU hasta el 2021) y la creación de Fundaciones como las de la Facultad de Ingeniería de la UNLP (1994), Facultad de Veterinaria de la UBA (2002), Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (2022), entre otras, se convirtieron en una vía más para transferir conocimientos creados colectivamente en el ámbito público a la esfera de lo privado de forma casi gratuita, sumergiendo cada vez más el conocimiento a la lógica del mercado.
Algunas Fundaciones, como la Fundación de la Facultad de Agronomía de la UBA, que tiene entre sus objetivos “coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias” es financiada por empresas como Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otras. Estas corporaciones, a cambio de aportar fondos, son beneficiadas por convenios, que tienen entre sus objetivos: “evaluar la susceptibilidad de variedades de soja” bajo una cláusula que establece que “la información y los resultados, parciales o definitivos, serán propiedad de Monsanto”. El saber mercantilizado en su máxima expresión.
Las Fundaciones que se han ido poniendo en pie en distintas facultades, por lo tanto, no solo tienen la función de otorgar bienes y servicios a grandes corporaciones a cambio de unas pocas monedas, sino que también le permiten a empresas contaminantes como Monsanto utilizar los prestigiosos “sellos” de universidades nacionales para tener mayor legitimidad (y lavar su mala imagen).
Con la creación de la Fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el kirchnerismo deja al descubierto (por si quedaba alguna duda) no solamente su resignación frente a la pelea por un mayor presupuesto educativo que viene siendo recortado sistemáticamente desde el macrismo, sino también que comparte con el radicalismo la base de una universidad del “saber mercantilizado” en la cuál el conocimiento que se produce se ofrece al mercado como cualquier mercancía de bien o servicio más.
El inciso "c" del artículo 2 del estatuto de la Fundación, al que tuvimos acceso por formar parte del Consejo Directivo de la Facultad, establece que la misma tiene entre sus objetivos: "Prestar servicios a terceros, sean personas humanas o jurídicas, de asistencia técnica o consultoría, a través de convenios de vinculación tecnológica con relación a temas afines a las disciplinas que se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, institutos de investigación y dispositivos de articulación y vinculación social".
Bajo éste modelo, que comparte el espíritu neoliberal de la Ley de Educación Superior promulgada durante el menemismo y fomentada por el conjunto del régimen universitario (peronistas, kirchneristas y radicales), se busca reducir la educación superior a una simple ecuación de mercado en la cuál el “costo” es el presupuesto y el “producto” son los conocimientos que pueden serle de utilidad al mercado capitalista.
Para esa misma función fue creada la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En los noventa, las universidades, sus facultades, carreras y hasta profesores pasaron a ser controlados por este organismo externo que a través de los “estándares de calidad” se propuso moldear la educación superior según los criterios de eficiencia de mercado. A cambio, las autoridades que lograran acreditar sus universidades aumentaban las posibilidades de recibir fondos de los programas implementados para las “mejoras” educativas.
Las formaciones “útiles” son las que llevan a oficios o trabajos “productivos” para el capital, todo lo que es “improductivo” debe ser dejado de lado. Cualquier mejora en la calidad educativa, por lo tanto, en caso de haberla, viene de la mano de medidas de mercado que introduzcan criterios de “eficiencia”, algo muy similar a la “racionalización” capitalista en las empresas. O dicho de otra forma, la evolución de la relación de los saberes con la forma mercancía.
En el caso de Filosofía y Letras de la UBA se trata, ni más ni menos, de la prolongación de la mercantilización a esferas no ya de las ciencias “aplicadas” como lo pueden ser las ciencias agronómicas, sino al terreno de la investigación social en desmedro de la teoría social crítica y la investigación que abarque y se oriente hacia las grandes problemáticas sociales.
Los saberes que no se pueden reducir a una función productivista, en particular las Letras o las “Humanidades” en general, se incorporan al capital no con la vocación de generar “patentamientos” o materializaciones técnicas, sino de hacer éstos saberes útiles para la reproducción “productiva”. Estamos hablando de funciones indispensables para la reproducción del capital como el control, vigilancia, gestión y regulación (directas o no) de la producción, del comercio, de los “recursos humanos”, pasando por la psicología del trabajo, entre otras cosas como la valorización de la mano de obra a través de cursos de idiomas, como actualmente funciona en la Facultad de Filosofía y Letras. La explosión actual del número de estudiantes de escuelas de comercio en numerosas universidades que siguen estudios de filosofía, regimentándolos metódicamente en su formación mercantil, también ilustra este proceso.
La falsa promesa de una “Universidad Popular”
Entre los años 2003 y 2015, a pesar del contexto económico favorable de la primera década, los gobiernos kirchneristas no alteraron los aspectos esenciales de la universidad que había dejado el menemismo aunque la invistieron de un discurso “estatalista”.
Desde el Estado (de la mano de intelectuales y sectores de la academia afines al gobierno) se desarrolló un discurso “cuestionador” del neoliberalismo, contraponiendolo a un supuesto modelo de un “Estado presente” que regula al “mercado”. En el terreno de la educación y la ciencia, éste discurso tomaría forma bajo el slogan de una “Universidad Nacional y Popular” dentro de un “Estado garante de derechos”.
Durante la primera década del kirchnerismo, manteniendo la estructura heredada de los ‘90, se continuó el desarrollo de nuevas universidades en el conurbano, que había tenido su primer salto con el menemismo. Muchas de ellas acogieron a una primera generación de universitarios, hijos de trabajadores. Sin embargo, estas universidades se incorporaron rápidamente a un sistema estatal de transferencia tercerizada de recursos y servicios.
Por un lado, se encontraba la “clásica” formación de personal y asesoramiento rentado para las empresas en el territorio, así como para favorecerlas con trabajo precario a través de las pasantías. Y, por el otro, los programas de formación tercerizados junto a la oferta de contrataciones precarias para organismos estatales o sindicatos con estrechas relaciones con los distintos barones del conurbano. Veamos algunos ejemplos de ésto último.
La Universidad del Oeste fue dirigida por más de una década por el hijo del intendente de Merlo. La de Moreno por un ex empleado de la intendencia y el ex rector de José C. Paz es un ex concejal de San Martín. Por su parte, la Universidad de Avellaneda (UNDAV), por ejemplo, creó junto al SMATA la “Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Industrial”, la cual se cursa en la sede del propio SMATA, casa de una de las burocracias sindicales más amarillas. La Universidad Provincial de Ezeiza, por otro lado, firmó hace unos meses un convenio con el sindicato aeronáutico UPSA. Ejemplos como éstos, que existen por decenas, grafican la relación entre la burocracias sindicales, las universidades del conurbano bonaerense y los barones del conurbano. ¿Tendrá algo que ver con ésto el convenio firmado entre el Ministerio Nacional de Educación y Desarrollo Social junto a las universidades para que sean éstas las que comiencen a certificar, evaluar, controlar y auditar el Plan Potenciar Trabajo? El peronismo, al modelo radical de la “universidad isla” le agregó voluntariados y convenios con el Estado y burocracias sindicales.
Tanto los gobiernos kirchneristas del período 2003-2015, como el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, autodenominado como un “Gobierno de Científicos”, mantuvieron intacta la herencia neoliberal de la Ley de Educación Superior menemista, que sostiene elementos como la desregulación de las condiciones laborales de los propios docentes, incorporando nuevos entramados propios del peronismo bonaerense y realizando recortes a medida del FMI.
Asimismo, la pretensión de mostrar una “Universidad popular” no se sostiene: Argentina se ubica entre los países de Latinoamérica con la menor cantidad de egresos en la educación superior en relación a los ingresos [2]. El egreso de los sectores de extracción obrera representa una relación estrechamente pequeña respecto a la cantidad de ingresantes, y estudiar se vuelve cada vez más difícil debido al ajuste y la crisis que impacta fuertemente en la juventud y el pueblo trabajador con la precarización laboral, los salarios que cada día alcanzan menos para llegar a fin de mes y un aumento de tarifas del 40% del boleto del transporte público, principal medio de transporte utilizado por la comunidad educativa.
Todas éstas cosas, se suman al recorte del 30% de las becas del CONICET en los últimos cuatro años y a la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que permite aún más que sean las grandes empresas las que dirijan y obtengan beneficios de la producción científica nacional.
De la crítica a la Universidad de clases a la crítica de la sociedad de clases
En el marco de una profunda crisis económica, con una inflación acumulada en lo que va del 2022 del 36,2% y un ajuste que golpea a los trabajadores y a la juventud que vienen de salir de dos años pandemia muy difícil, está planteada cómo nunca la necesidad de discutir qué rol van a jugar las universidades y el movimiento estudiantil en esta etapa.
Contradictoriamente, si bien la descentralización en más de 50 Universidades durante los años noventa fue perjudicial para el aprovechamiento del conjunto de la infraestructura y recursos que posee el nivel superior en momentos clave como durante la pandemia de COVID-19, ésta dio lugar a lazos más orgánicos en algunos lugares entre los sectores estudiantiles y la comunidad.
La política de descentralización no cayó del cielo, fue planteada originalmente por el Plan Taquini en los ‘60 bajo la idea desarrollista de acercar servicios cualificados para las empresas locales, luego cobró impulso a través de Lanusse con la idea estratégica de desarmar las peligrosas concentraciones de fuerzas estudiantiles después del Cordobazo, y más tarde fue retomada durante el menemismo y el kirchnerismo. Con distintos fines, las oleadas descentralizadoras crearon, como consecuencia no deseada, nuevas condiciones objetivas para una alianza obrero-estudiantil en el sentido más profundo del término.
Es necesario cambiar la expansión geográfica de las universidades basada según la lógica del mercado. Ésta, lejos de cualquier planificación, no solo no es coherente con las necesidades territoriales sino que muchas veces atenta contra ellas, como lo expresan las numerosas universidades de Tucumán y Catamarca y su relación con mineras contaminantes.
Es urgente acabar de una vez por todas con los convenios secretos entre universidades y empresas. Todas las actas-acuerdo, convenios, proyectos de investigación o prácticas pre-profesionales que existan entre las universidades públicas, con empresas privadas, debe saberse. Develar los negociados de las grandes corporaciones con la universidad pública, puede permitir también tener un conocimiento integral sobre el conjunto de los recursos humanos, materiales, científicos y de infraestructura que posee la universidad. El conocimiento de ésta información es un paso fundamental para la planificación democrática de todos esas herramientas para ponerlas al servicio de las grandes mayorías y la clase trabajadora.
Por otro lado, de la mano de una verdadera inversión (imposible de llevar a cabo bajo el régimen del FMI), es necesaria la administración del presupuesto bajo el control directo de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad junto a la democratización de los órganos de cogobierno: mayoría estudiantil en los órganos de gobierno, abolición del clientelar claustro de graduados, voz y voto para los trabajadores no docentes, e incorporación de todos los docentes a un único claustro, para que los destinos de la Universidad no queden librados a los arbitrios de las distintas camarillas de todo tipo, organismos de control como la CONEAU o alguna empresa.
La democratización de los órganos de cogobierno universitario no es solo importante en su forma, sino también en su contenido. Tanto la calidad de la enseñanza como la funcionalidad y el destino de los recursos materiales e intelectuales de las universidades deben ser controlados no por organismos como la CONEAU, sino por una comisión de los científicos más destacados, no vinculados a instituciones privadas ni empresariales, junto a estudiantes, docentes y trabajadores que construyan una relación entre cada universidad y cada territorio en función de las necesidades de los trabajadores y sectores populares.
Las 15 universidades del conurbano bonaerense, ubicadas en su gran mayoría en el segundo cordón del conurbano, podrían, por ejemplo, ser parte de idear un plan de obras públicas para la construcción de viviendas que permita ponerle un freno a gran parte de las dos millones de familias sin viviendas en el país.
A su vez, muchas de éstas universidades podrían trabajar en la creación de un plan integral para nacionalizar la industria energética que permita planificar racionalmente una transición en armonía con el medioambiente y los sectores populares. Ejemplos como los que tienen lugar en la fábrica bajo gestión obrera MadyGraf, en la cuál profesionales de la UTN impulsan charlas y capacitaciones sobre la energía y el medioambiente, van en ese sentido. Algo opuesto al proyecto emprendido por la UNLP para poner en pie la primera fábrica de baterías de litio en el país.
A partir de un estudio científico y de una reflexión colectiva, creemos que miles de estudiantes pueden involucrarse en los grandes debates y por esa vía tomar partido por las posiciones teóricas que defienden los intereses de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos. Queremos replicar al por mayor observatorios de investigación en todas las facultades como el que están impulsando en la Facultad de Económicas de la UBA, en el cuál estudiantes y graduados de distintas carreras ponen sus conocimientos al servicio de visibilizar los grandes problemas sociales y las luchas en curso, como la que tiene lugar hoy en día en la rama del neumático.
El día de hoy, la mayoría de los centros de estudiantes, federaciones y sindicatos no están peleando en ésta dirección. Por eso se vuelve una tarea indispensable luchar por la creación de organismos democráticos construidos desde abajo que permitan liberar toda la potencia del movimiento estudiantil hoy encorsetada por las burocracias peronistas, kirchneristas y radicales.
Desde la Juventud del PTS y sus agrupaciones estudiantiles en decenas de universidades de todo el país, peleamos para que el movimiento estudiantil sea un actor en medio de la crisis social que pueda cuestionar la finalidad de los conocimientos que produce y apoye activamente las luchas de la clase obrera. En ese camino, ejemplos como los convenios entre la fábrica sin patrones Zanon y la universidad del COMAHUE y la relación de MadyGraf con UTN, UNSAM y la UNGS, son en pequeño una demostración de que es posible construir la unidad obrera, popular y estudiantil para terminar con el capitalismo dependiente que saquea al país hundiendolo en la anarquía del mercado. Son los estudiantes, profesionales, científicos de las universidades quienes pueden aportar sus conocimientos técnicos, científicos y sociales para discutir qué se produce y cómo se produce en perspectiva de construir una sociedad socialista. |
