Ha pasado una semana del siniestro ocurrido en la mina “El Pinabete”, localizada en la comunidad La Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, cuando al menos 15 mineros del carbón se encontraban trabajando en tres pozos comunicados entre sí.
Dichos pozos se encontraban a escasos metros de Las Conchas, una explotación abandonada hace 40 años que aún se encontraba repleta de agua. La perforación de una de las paredes internas de uno de los pozos causó una filtración del líquido, inundando los túneles y dejando atrapados a 10 trabajadores que hasta el momento siguen sin ser rescatados, en tanto que 5 lograron escapar.
Cabe señalar que la infraestructura de la mina ya presentaba deterioro, sin que se haya hecho nada para revertirlo por parte de la empresa, ni tampoco fue observado por las inspecciones que debió de haber realizado oportunamente personal de la Secretaría del Trabajo. La dependencia reconoció que la mina “El Pinabete” operaba desde enero sin paredes construidas, ni los requerimientos de seguridad adecuados para laborar dentro de los pozos.
Este tipo de siniestros no son una novedad. David Huerta, un ex minero veterano, declaró que hace años otro grupo de mineros sobrevivieron a más de ocho días de derrumbe gracias a una burbuja de aire. Pero la negligencia y encubrimiento de los responsables hace que nos encontremos con un caso más de negligencia industrial. Por otro lado, las labores de rescate apenas comienzan y los días pasan sin ninguna novedad que de aliento a las familias de los trabajadores.
De entrada por salida
De La visita de Andrés Manuel López Obrador a La Agujita el 7 de agosto fue fugaz. Lejos de dar certidumbre, causó tensión y reclamos de los familiares, quienes le exigieron al presidente y a los agentes de la Guardia Nacional comprometerse al rescate de los trabajadores.
Conforme el tiempo pasa, las posibilidades de encontrarlos vivos se reducen, lo que ha acrecentado la angustia de sus familias.
Tras poco más de una hora en el lugar, el presidente abandonó la mina, dejado a los familiares en las mismas condiciones. Posteriormente, declaró desde su conferencia matutina que “se está haciendo todo para el rescate”.
Sin embargo, cabe preguntarse cuál es la verdadera preocupación del presidente, considerando las condiciones inseguras en las que siguen operando muchos de los pozos de carbón y en general la minería en México, cuyos propietarios tienen un largo historial de impunidad, precarización laboral, muertes obreras y destrucción al medio ambiente, situación que no ha cambiado con el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”. entrada, por salida
Las ganancias por encima de la vida
La prioridad para el gobierno de la 4T es que no se entorpezca la actividad industrial de la región carbonífera de Coahuila, uno de los pilares de la política energética de López Obrador. En dicha entidad se produce el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que forma parte del objetivo de lograr una supuesta “autosuficiencia energética” de México.
Sin embargo, el manejo privado de la industria minera en México ha traído precarización, siniestros, contaminación ambiental y despojo de tierras a comunidades enteras. Si bien mucho de esto sucedió en los sexenios tanto del PRI como del PAN, el gobierno de la 4T le da continuidad a estos proyectos, sin que los propietarios de los pozos de carbón o de las empresas mineras, como Grupo México, respondan por sus crímenes, quedando así en la impunidad.
Así, las autoridades federales han querido encubrir el nombre de la empresa propietaria de la mina “El Pinabete”, donde ocurrió el siniestro. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio el nombre de las víctimas y no el nombre del patrón. Sin embargo, éste fue identificado como Régulo Zapata Jaime, por lo que no es casualidad que se le brinde protección tras lo ocurrido.
Se sabe de un reciente contrato otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Zapata Jaime, propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco, así como de Minera Magenta. En dicho contrato se estipula otorgarle más de 55 millones de pesos para abastecer de mineral a la carboeléctrica “Carbón II”, de CFE, localizada en Nava Coahuila.
Este tipo de contratos suelen hacerse sin ningún peritaje respecto a las condiciones laborales de las minas, por lo que dichas empresas se adjudican contratos millonarios mientras que los trabajadores arriesgan su vida por un salario miserable.
Basta de muertos, por una organización independiente y combativa
La organización La Familia de Pasta de Conchos dio a conocer que el predio donde ocurrió el siniestro tiene tres pocitos carboneros cuyas condiciones, de por sí inseguras, se agravaron pues los propietarios no realizaron trabajos de barrenación para medir presencia de gas ni cuerpos de agua próximos a las paredes del filón.
La organización añadió que si lo que se pretende es prevenir estos sucesos es importante cancelar los títulos de Concesiones sobrepuestas a minados viejos, ya que de 2006 a 2021 han muerto 80 mineros en pozos, minas o cuevas teniendo como característica violaciones graves en normas de higiene y seguridad. Cabe mencionar que, en todos los casos, dichas empresas vendían carbón a CFE de forma directa o a través de prestanombres, obteniendo ganancias gigantescas mientras que los mineros hacen horas extras para tener un ingreso que les permita alimentar a sus familias.
De acuerdo con los testimonios compartidos por los trabajadores, su sueldo ronda los 150 pesos diarios por extraer 1 tonelada de carbón, lo que significa sacar 10 carretillas al tope. Si quieren ganar más dinero, tienen que someterse a jornadas aún más extenuantes, incluso durante la noche.
Es necesario ponerle un alto a esta situación, exigir que se acelere el rescate de los mineros atrapados, que se castigue a los responsables y que no haya ni una muerte obrera más por negligencia patronal. También hay que exigir el rescate de los restos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos desde el 2006, que prometió el gobierno federal y aún no ha concretado.
Para ello, se requiere la organización democrática y la movilización de los trabajadores mineros con el fin de imponerles a los gobiernos y patrones condiciones seguras de trabajo, salarios dignos y plenos derechos laborales. Los trabajadores y sus familias podrían coordinarse con las comunidades para proteger los recursos naturales y el ambiente. Hay que exigirle al Sindicato Minero, cuyos dirigentes han tolerado por años esta situación, que movilice a todas sus secciones por estas demandas. | 
