Que millones de personas no puedan pagar la luz o el gas este invierno podría unirse a la posibilidad de que decidan no pagarla. Es en este contexto, con un 9,1% de inflación, la más alta en los últimos 40 años, en el que junto a huelgas obreras aparece la campaña Don’t pay UK, que quiere llamar a al menos un millón de personas a no pagar la luz y el gas a partir del 1 de octubre si no hay una reducción de los precios hasta hacerlos “asequibles”.

No es para menos, el coste interanual de la factura combinada de electricidad y luz en Reino Unido pasaría de 1400 libras en octubre de 2021 (tras una subida durante la pandemia) a un cálculo de 3358 libras (4000 euros) en octubre de 2022. Aunque la campaña llevas 108.000 adhesiones (por el momento) del millón mínimo pensado, ya ha alertado al gobierno por la rápida extensión y posible popularidad de la misma. Con su habitual estilo de amenaza paternalista, el gobierno británico ha tachado la campaña de “muy irresponsable”, argumentando que "sólo causará un incremento de los precios y afectará a la valoración crediticia personal".

Estas declaraciones muestran una prepotencia similar a la que el gobierno de Boris Johnson (ausente y saliente el 5 de septiembre) ha lanzado a la sucesión de huelgas que han salpicado al Reino Unido durante este verano. Sin embargo, tal y como señalan desde la propia campaña, “el impago masivo no es una idea nueva, ya ocurrió en el Reino Unido a finales de los años 80 y 90, cuando más de 17 millones de personas se negaron a pagar el Poll Tax, lo que ayudó a derribar al gobierno y a revertir sus medidas más duras.”

Este episodio se refiere a la desobediencia masiva al Poll Tax y los Poll Tax riots, los mayores disturbios vistos en el centro de Londres en la segunda mitad del siglo XX, cuando 100.000 personas protestaron contra este impuesto directo por persona que cobraría lo mismo independientemente de la renta. El gobierno que caería es el de Margaret Thatcher.

Huelgas contra la inflación

El estilo antisindical y represivo de Thatcher ha vuelto a inspirar las acciones del gobierno de Johnson, pero también las protestas de este último verano se comparan con las de aquellos años.

En Gran Bretaña hemos visto huelgas en industrias, en ferroviarios, aerolíneas, telecomunicaciones entre otras, todas las cuales son respuestas a la crisis que ha provocado la enorme inflación que ha golpeado en los costos de vida de todas las familias trabajadoras, que hoy tienen que pagar más por sus alimentos y artículos esenciales.

Más de 50.000 ferroviarios fueron convocados durante tres días a la huelga por el sindicato RMT, junto con la plantilla del metro de Londres. También 1.900 portuarios podrían ir a la primera huelga en el puerto de Felixstowe, el principal en mercancías del Reino Unido, cuya fecha aún no se ha votado.

En el servicio de Correos el 96,7 % de los 115.000 afiliados al Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (CWU por sus siglas en inglés) le dijeron sí a lo que se espera sea la huelga más masiva del verano en el país. Las paralizaciones están previstas para el 26 y 31 de agosto y para el 8 y 9 de septiembre.
El sindicato que agrupa a casi medio millón de trabajadoras de la salud de Inglaterra y Gales comenzó el proceso de votación para ir a la huelga el próximo mes. Lo que exige el sindicato es un cinco por ciento por sobre la tasa de inflación del índice de precios minoristas (11,8 % en junio), es decir un aumento total del 16,8 %.

Por parte del gobierno británico, junto a las amenazas a la campaña Don’t pay UK, el 21 de julio se derogó la ley británica que prohibía a las empresas contratar trabajadores temporales para romper huelgas. Una medida que responde directamente a las huelgas de trabajadores de las últimas semanas en Reino Unido.
A esta nueva ley, que también se aplicará en Escocia y Gales, se suma un recrudecimiento de la represión contra los sindicatos que serían juzgados culpables de “huelga ilegal”. Las multas que podrían ser condenados a pagar se han cuadriplicado, de 250.000 a 1 millón de libras.

Un nuevo invierno del descontento

Se esperan subidas similares en toda Europa, dando escenarios en los que millones de personas se enfrenten al invierno sin poder pagar la luz o el gas, con una inflación desbocada que se come el salario. También en Alemania el gobierno anunció subidas a partir del 1 de octubre con un costo adicional de hasta 1.000 euros más al año en la factura por cada hogar medio. En el Estado español ya se han vivido picos de quintuplicación de la factura respecto al año anterior en el invierno de 2021-2022.

Este tipo de campañas pueden ser un punto de apoyo para pelear por imponer el control de precios mediante comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes superficies. A este tipo de demandas sería necesario unir la pelea por la subida del salario de acuerdo al aumento del coste de la vida y contra la maquinaria de guerra, los planes de rearme, los envíos de armas y de tropas a misiones en el extranjero, la guerra económica de las sanciones y las reaccionarias políticas de extranjería.

Igualmente es necesario luchar por la nacionalización sin indemnización de las grandes compañías eléctricas y de servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares. De este modo se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas.

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