Luego de que en un juicio muy cuestionado el fiscal Diego Luciani pidiera doce años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y se le negara declarar en esta instancia de alegatos, la vicepresidenta hizo su descargo desde su despacho. Su exposición demostró la parcialidad de los fiscales, pero también que durante su gobierno hubo todo tipo de negociados en la obra pública con empresarios de todos los colores políticos. Hay que juzgar la corrupción por medio de jurado populares, como propone el PTS-FITU.
En la mañana de este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner transmitió por sus redes sociales un mensaje en vivo con un descargo personal en el marco de la causa judicial conocida como "Vialidad", en la que está acusada de asociación ilícita y corrupción en el marco de la obra pública durante su gestión como presidenta.
El lunes, como explica Larisa Pérez en otro artículo, el fiscal Diego Luciani pidió doce años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que prefigura un claro intento de proscripción política. A su vez, el juez le negó a Cristina un pedido de último momento para ampliar su declaración y responder a algunas de las acusaciones del fiscal. Por eso la vicepresidenta decidió hablar públicamente.
Las definiciones de la vicepresidenta
“Me hubiera gustado hablar hoy ante el tribunal que me juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales leyeron su guión durante nueve jornadas”.
“Pedí que las audiencias sean televisadas y no me lo permitieron”.
“Hay una feroz campaña política y mediática montada en este juicio denominado Vialidad”.
“El juicio denominado empezó con una ficción, un guión que, además de bastante malo, era falso. Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado, sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía”.
“Desde el 2019 vengo asegurando que la causa Vialidad está armada”.
“Muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron”.
“Los diarios Clarín y La Nación son las dos naves insignias del lawfare”.
“Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”.
“Fabian ‘Pepín’ Rodríguez Simón se encuentra hace más de 600 días prófugo de la Justicia. Nosotros nos presentamos en la Justicia, ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen”.
“Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado y ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron”.
“Las comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo, el hermano del alma Mauricio Macri, y el exsecretario de Obras Públicas José López demuestran la familiaridad que había entre ambos”.
“Llama la atención que los fiscales Diego Luciani y Sergo Mola no hayan observado la frecuencia y la familiaridad de la relación entre Caputo y José López. Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamó la atención este grado de familiaridad? Notable”.
“¿No vieron que había una asociación ilícita entre José López y empresarios relacionados con el macrismo como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez?”.
“Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’ tiene razón, sale la pus de ustedes, los macristas. No tengo la más mínima duda de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios”.
“Piden doce años de detención por los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Nos piden doce años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera veinte veces, veinte veces haría lo mismo”.
“Éste no es un proceso contra Cristina Kirchner, sino que es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”.
“Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere”.
Estas últimas definiciones políticas de Cristina contrastan fuertemente con las políticas de ajuste, ataque cotidiano a los ingresos populares (vía la inflación) y cogobierno con el FMI que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos que ella misma "creó" e integra como vicepresidenta. En este caso, es muy poco (prácticamente nada) lo que puede argumentar en su defensa.
Sin ir más lejos este lunes, mientras CFK organizaba su discurso para el martes y sus colaboradores imprimían tapas de Clarín y La Nación para vestir su exposición, su propio Gobierno anunciaba un brutal recorte en partidas presupuestarias en áreas como educación, salud, vivienda, obra pública o transporte al tiempo que destina parte de esos recursos al pago de la deuda pública.
CFK responde a la persecución política mostrando vínculos de José López, Sec. de OP de su gobierno, con emp. macristas como Nicky Caputo. Están en el mismo lodo, todos manoseados. Juicios por jurado y elección de jueces y fiscales p/ investigar la corrupción de los gobiernos.
La corrupción es intrínseca al régimen capitalista
Si algo queda en evidencia es que es impensable que este Poder Judicial esté en condiciones de investigar hechos de corrupción que son un producto lógico y natural de los negociados permanentes entre funcionarios, empresarios y corporaciones. En palabras de Myriam Bregman, "para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares".
En ese sentido, si finalmente se le aplica a CFK la condena e inhabilitación que pide el fiscal Luciani, se confirmaría la parcialidad del Poder Judicial con peligrosos fines persecutorios a nivel político. Pero si así no fuera, queda a la luz la innegable corrupción en la obra pública de la llamada “patria contratista”, algo estructural en el capitalismo de Argentina.
Como lo reconoció la propia vicepresidenta, esa corrupción beneficia a empresarios de todo color político. Como se sabe, el Grupo Macri nació y creció al calor de diversa maniobras y negociados con el Estado, con la dictadura genocida, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, con Néstor, con Cristina y, obviamente, con Mauricio.
Cuando alguno de esos negociados, por alguna "falla" del sistema, sale a la luz y se arman causa judiciales, comienza la danza jueces y fiscales para ver hasta dónde se "investiga" y hasta donde no. Lógicamente también hay una decisión de perseguir a determinados referentes políticos y a otros no. Ello acompañado de campañas mediáticas encabezadas por grupos periodísticos, oficialistas u opositores según sea el caso.
La figura penal de "asociación ilícita", además, tiene un origen y un uso deliberadamente político. Las acciones y requisitos que la determinan son tan ambiguos e incomprobables que su aplicación depende exclusivamente de los caprichos de los funcionarios judiciales. No por nada su surgimiento se relaciona con la persecución desde el Estado a las organizaciones sindicales y, curiosamente, durante los gobiernos kirchneristas no sólo se mantuvo vigente en el Código Penal sino que con la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2007 su alcance fue mucho mayor.
En el caso del macrismo, hizo su aporte a la criminalización política con la promulgación de la Ley del Arrepentido (votada junto a diputados y senadores de Massa), como parte de una "corriente" regional (apoyada por Estados Unidos), con el golpe institucional a Dilma y la cárcel a Lula en Brasil como ejemplos extremos.
Frente a este panorama, cobra más vigencia aún el planteo de juicios por jurados y la elección popular de los jueces para estos casos y para el sistema judicial en su conjunto. Así lo expresa y propone Myriam Bregman y el PTS en el Frente de Izquierda Unidad. Son medidas centrales para comenzar a hablar de una "justicia" controlada democráticamente por la población trabajadora y lejos de toda atadura política. Terminar con la casta privilegiada de jueces y demás funcionarios que cobran fortunas, pagan menos impuestos que cualquier trabajador y gozan de todo tipo de privilegiados es una tarea de primer orden.
