El pasado 19 de agosto en el municipio de Salinas Cruz, Oaxaca, Abigail Hay Urrutia de 30 años falleció por asfixia en una cárcel municipal, luego de ser detenida por policías municipales por una supuesta falta administrativa. Las autoridades y el juez cívico municipal concluyeron, tras la primera autopsia realizada con “perspectiva de género” y bajo el protocolo ministerial de feminicidio, que la joven se quitó la vida con su ropa interior dentro de las instalaciones de la policía.
Esta absurda versión fue rechazada por familiares de la víctima, quienes denunciaron que la joven fue asesinada a golpes por policías municipales y después, fingieron su suicidio dentro de las instalaciones.
Ante los cuestionamientos por parte de la familia y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tuvo que ordenar una segunda autopsia a cargo de médicos forenses independientes de la fiscalía.
"No podemos enterrar a mi hermana sin saber qué es lo que pasó realmente. No nos avisaron de la detención y a mi hermana la mataron, los policías que se la llevaron la mataron, ella no pudo haberse suicidado con una prenda íntima, eso es imposible, da coraje, es una burla, quisieron burlar a mi papá diciendo eso, por eso queremos que se investigue y que se encuentre a los culpables", declaró a medios locales la hermana de Abigail.
Este nuevo caso de feminicidio en manos de la policía, se suma a los más de 600 casos registrados en Oaxaca durante el gobierno del priísta Alejandro Murat. Pese a que el estado cuenta con 40 declaratorias de Alertas de Género en sus municipios, ocupa el quinto lugar en feminicidios a nivel nacional. La respuesta del gobierno estatal es garantizar la impunidad y encubrir a los feminicidas, así como la represión política para activistas y mujeres que denuncian estos vejámenes en la entidad.
Tal es el caso de la saxofonista y sobreviviente de feminicidio, María Elena Ríos, que en 2019 fue agredida con ácido por el diputado priista Juan Vera Carrizal, quien a la fecha sigue prófugo y protegido por las autoridades estatales. Hace unas semanas, durante la Guelaguetza, la saxofonista encabezó una protesta contra los feminicidios en un evento donde se encontraba el gobernador, quien ordenó la expulsión de las manifestantes con más de 100 elementos policiacos.
Ahora María Elena Ríos denuncia en sus redes sociales, que el gobernador Alejandro Murat le notificó a través de sus abogados, la suspensión de los tratamientos quirúrgicos y dermatológicos que por ley le corresponden. Esta acción evidentemente responde a su activismo político y cuestionamientos constantes hacia el gobernador por la impunidad en su caso y los cientos de feminicidios en el estado.
Apropiación cultural
La protesta de María Elena Ríos también coincide con las denuncias de organizaciones de artesanas y textileras indígenas de Oaxaca, contra la esposa del gobernador y directora del DIF estatal, Ivette Murat, a quien acusan por plagio y apropiación cultural de los diseños de las artesanas.
Recientemente, la esposa del gobernador presentó su marca de ropa artesanal durante el Mercedes Benz Fashion Week. Aunque ella asegura que la línea de ropa fue realizada en colaboración con artesanas del estado y con la intensión de “preservar la herencia cultural”, las artesanas oaxaqueñas la acusan de plagio y protestaron en las calles de Oaxaca al grito de: “Ivette, entiende, las artesanas no se dejan”, “Ivette, convertiste nuestra cultura en moda chafa para tus amigas”, entre otras.
Además del plagio de los diseños, Ivett Murat es señalada por promover su marca de ropa con recursos públicos. Entre los denunciados por apropiación cultural se suman la empresa Shein y el cantante Maluma, quien recientemente lanzó su marca de mezcal, provocando críticas y molestia entre la población originaria oaxaqueña.
Mientras los gobiernos estatales y federal continúan avalando el despojo de tierras a los pueblos originarios y megaproyectos de muerte como el Tren Maya, ahora las empresas también buscan mercantilizar las costumbres y tradiciones de dichos pueblos, avanzando en la gentrificación y elitización de las ciudades, explotando, precarizando y expulsando a las periferias a las poblaciones indígenas, pobres, campesinas y trabajadoras. Estos sectores son aún más vulnerables a sufrir múltiples tipos de violencias, desde laboral hasta feminicida, particularmente mujeres, niñes y comunidad LGBTIQAP+.
Con las acciones del gobernador y su esposa, queda claro que la justicia para las mujeres y los pueblos originarios no vendrá de su policía, ni de sus instituciones y sus partidos al servicio de los ricos y poderosos.
Hoy más que nunca es urgente recuperar la tradición de lucha del aguerrido pueblo oaxaqueño, particularmente de sus mujeres, pues como mostraron las maestras, trabajadoras y amas de casa en 2006, la verdadera justicia solo puede venir del pueblo junto a sus trabajadorxs organizadxs desde abajo y de manera independiente.
*Con información de El Universal e Infobae | 
