Los pasados miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de agosto, en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, respectivamente, se dieron una serie de incendios de tiendas Oxxos, gasolineras, automóviles y bloqueos, acompañados de algunos tiroteos y ataques a civiles, además de una supuesta riña dentro de un penal en Ciudad Juárez. La oposición de derecha señala la “fallida estrategia de seguridad”. Sin embargo los tres niveles de gobierno que cuenta con gobiernos de todos los partidos del Congreso, refrendan la militarización como pilar del combate al llamado crimen organizado. Mientras tanto los efectos que generan estos hechos, sumado al papel que juegan las direcciones y referentes burocráticos de sindicatos y movimientos sociales aterrorizan a la población trabajadora y popular y hasta ahora, inhiben el surgimiento de un movimiento contra la militarización del país.

¿Qué ocurre y cómo entenderlo?

Es sintomático que ante los ataques y hechos de violencia en Guanajuato, Jalisco y Baja California se tenga varias contradicciones con las detenciones expeditas hechas (¿chivos expiatorios?) y la lógica de quienes se supone reaccionaban a una supuesta detención de un cabecilla del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahora, dicho personaje no ha sido presentado ni aclarado el supuesto arresto. Así lo es también la supuesta riña dentro de un penal de Ciudad Juárez, donde hasta ahora se habla en algunos testimonios de la entrada de un comando externo y una serie de ejecuciones que aún no han sido declaradas por las autoridades, pero si han sido expresadas en algunos testimonios.

Lo cierto es que la información corre cuenta gotas y la cobertura de los grandes medios de comunicación abona a la teatralidad de un relato que es funcional al respaldo del aumento de la militarización, en el contexto del anuncio de AMLO sobre la incorporación de la guardia nacional a la secretaria de la defensa nacional. A su vez, visto desde sus resultados, en un contexto internacional y nacional de crisis y espiral inflacionaria que descarga la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores, estos hechos y las medidas desde los tres niveles de gobierno, cumplen una doble función; uno, los hechos aterrorizan y paralizan a la población trabajadora y popular, dos en su shock, se respalda la militarización y el rol de los cuerpos represivos del Estado.

Los planteamientos anteriores no descartan desde luego que en el marco del complejo mundo de la criminalidad efectivamente se desarrollen disputas de distinta índole entre distintas facciones de la burguesía ilegal desde su faceta criminal, ya sea por el trasiego de drogas, control de territorios, tráfico de armas, personas, tala clandestina, despojo inmobiliario, etc.

Los hechos de la semana pasada generan terror en la población, sin embargo no son propiamente terrorismo a la manera que refiere el imperialismo norteamericano para justificar su política injerencista. Esta política imperialista omite su rol en la ilegalidad de las drogas (tratadas como asunto de seguridad y no como un problema de salud pública), el tráfico de armas, personas y los negocios criminales tranfronterizos, siendo lo anterior la verdadera política de Estado desde el Imperialismo. El narcotráfico (como otros tantos fenómenos de la llamada economía criminal) es una actividad ilegal altamente redituable. La acumulación ilegal de capital históricamente ha estado ligada a la acumulación legal. Muchos capitalistas siempre han tenido un pie en los negocios legales y otro en los ilegales, el flujo de capitales en un sentido y el otro han sido y son constantes. El Estado como instrumento de la clase dominante, siempre ha tenido adicionalmente un rostro criminal socialmente repudiable que se mueve bajo las sombras. Como lo denunciamos en su momento.

La burguesía es bicéfala (con dos cabezas, como la deidad mexica Coatlicue) no se trata de que haya una burguesía legal y otra ilegal, ni que bajo una lógica formal la segunda busque pasar a la primera (dejar de ser B para ser A). Los negocios de la burguesía son y han sido legal e ilegales a la vez (A es B y B es A) esta es una de sus contradicciones.

Así pues, los llamados “Carteles del Narcotráfico” y sus brazos armados, pueden entenderse como facciones de la burguesía, que si bien pueden entrar en pugna (incluyendo la disputa por el control del aparato del Estado, el territorio o alineándose a una u otra mafia internacional -tentáculo de tal o cual imperialismo- como garantes de sus intereses neocoloniales), a la vez guardan una estrecha relación con el Estado e incluso son utilizados en distintos momentos como instrumentos coercitivos para apuntalar la hegemonía de la clase dominante. La violencia desatada en México, si bien puede expresar cierto descontrol de estos mecanismos y en parte manifestarse en lo que se presenta como disputas entre los llamados cárteles, con alianzas que suelen ser temporales y vínculos comprobados con los tres niveles de gobierno, se inscriben en un amplio contexto de descomposición social capitalista (y en cierta forma es producto de esta) a consecuencia de la aplicación de los planes neoliberales y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares.

Entender lo anterior nos saca de la lógica organicista (Durkheim) que plantea una supuesta descomposición del “tejido social” por una especie de “cáncer” (el narcotráfico) que amenaza la viabilidad del Estado y a la sociedad que lo compone: la amenaza de un Estado fallido. La tesis de la amenaza de “Estado fallido” enarbolada por personajes como Anabel Hernández, Edgardo Buscaglia, Javier Sicilia, Los LeBaron, etc., en realidad apunta al fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado.

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TRES POSICIONES ANTE “LA GUERRA CONTRA EL NARCO”

Desde la declaratoria de “Guerra contra el narco” de Felipe Calderon se han expresado movimientos sociales exigiendo seguridad. La derecha con “movimientos de blanco” que piden Paz a secas. En estos movimientos participan empresarios y políticos panistas, así como “activistas”, como Miranda Wallace, cuyo discurso securitista pide mayores recursos para el fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado para “el combate a los criminales”.

También hemos visto que ante la violencia desatada con la llamada guerra contra el narco, surge en Ciudad Juárez un movimiento contra la militarización focalizando en el Estado el origen de la violencia. En paralelo en la ciudad de México surgieron coordinaciones de activistas y organizaciones sociales y políticas desde la izquierda independiente que plantearon claramente la lucha por la desmilitarización del país y el regreso del Ejército a sus cuarteles, como fueron la COMECOM y la CONACOM.

Y hacia finales del sexenio de Calderón en 2011, vimos el surgimiento de un Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde confluyeron los primeros y los segundos. Este movimiento con gran presencia de ONGs (hoy OSC) fue renuente a levantar la demanda de desmilitarizar el país. En las mesas del Pacto de Ciudad Juárez de aquel momento, su dirección desconoció los resolutivos de la mesa 2, que planteaban la desmilitarización del país.

El Movimiento de los Trabajadores Socialistas, en el contexto de la llamada “Guerra contra el narco” fue desde su inicio parte activa e impulsara de la lucha contra la militarización. Ya desde el 2011 dijimos: “La militarización ha significado un recorte sistemático de las libertades democráticas, con cientos de asesinados a manos del ejército, restricción al tránsito y la movilidad (como los retenes), generalización de las extorsiones a cualquier ciudadano, etcétera. Al cobijo de la misma crecen los feminicidios y los juvenicidios. Como denuncian valerosamente organizaciones de Ciudad Juárez y otros puntos del país, la militarización también sirve para evitar la movilización y acción de las organizaciones democráticas, obreras y populares, y es claramente funcional a garantizar la explotación, opresión y miseria de las masas mexicanas, y ponerlas indefensas ante las extorsiones y la violencia de narcos y militares” (Ver La “guerra” contra el narcotráfico: una aproximación desde el marxismo). Años después, parte de quienes participamos en esas organizaciones de la frontera, concluimos en el MTS y hoy aportamos y luchamos desde esta organización, como ayer, para darle una salida revolucionaria a nuestra clase.

Desde el MTS, planteamos legalización de las drogas contra el prohibicionismo y la criminalización por tenencia, una medida que pone en cuestión las ganancias extraordinarias de este sector de la criminalidad. Frente a los llamados “cárteles de la droga” y el crimen organizado en general, contra las fuerzas paramilitares de estos sectores y frente a la militarización creciente del país; la única salida para preservar la integridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo es la organización de comités de autodefensa, a partir de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, a la vez que impulsar la disolución de las fuerzas represivas responsables de la militarización y la cosecha de muerte en México, el juicio y castigo a los funcionarios públicos asociados, subordinados o que encabecen a los llamados “cárteles del narcotráfico” y/o el grueso de los inconfesables negocios del crimen organizado y de todos aquellos involucrados –material e intelectualmente– en la persecución y asesinato de luchadores sociales y democráticos, jóvenes, mujeres, y trabajadores.

EL GOBIERNO DE AMLO y “LA GUERRA CONTRA EL NARCO”

Partiendo de las consideraciones anteriores, podemos decir que el gobierno de AMLO (como el de Calderon y EPN, a pesas de las diferencias) que hemos caracterizado como burgués, defiende los intereses bifrontes (legal y criminal) de esta clase dominante. De esto se desprende, necesariamente, que ante una burguesía nativa dividida, la o las facciones detrás del gobierno de AMLO tienen necesariamente sus manifestaciones inconfesables en los negocios de la criminalidad, por lo que el combate al crimen organizado, al narco o la ilegalidad, se puede entender como una política que busca apuntalar la represión y la contención social a través de la utilización del ejército y la Guardia Nacional por un lado, y por otro como el enfrentamiento entre facciones de la burguesía enemigas o alineadas a intereses locales y/o imperiales distintos a los de la 4T a través del rostro oculto de un Estado criminal.

Si bien no podemos saber a ciencia cierta lo que acontece en el oscuro mundo de la criminalidad, si podemos percatarnos de las consecuencias de las acciones realizadas. Como ya se mencionaba en el caso de los actos violentos esta semana en 4 estados del país, la población vivió el terror perpetrado en las calles y difundido por las redes sociales y los medios de comunicación. La demanda de seguridad se instauró en la agenda local, estatal y nacional. La demanda de seguridad fue resuelta mediante un nuevo despliegue militar en estos estados, que termina fortaleciendo el aparato represivo del Estado.

Sin saber que facción de la burguesía se manifiesta en su cara criminal en estos hechos, podemos decir que estos enfrentamiento se utilizan para posibilitar el despliegue militar demandado por el imperialismo norteamericano hoy en crisis, siendo una nueva expresión de la pugna interburguesa (en un contexto preelectoral, donde cuestionar la estrategia de “Abrazos no balazos” es redituable a los enemigos de la 4T, al introducir el discurso del “narcoterrorismo”). Seguir estando atentos a los resultados de estos hechos nos puede dar más luz. Pero aún sin tener plena claridad, las y los trabajadores así como las masas populares, desde sus organizaciones, debemos llamar a las organizaciones sociales y la sociedad en general a la movilización en las calles contra la militarización y a desconfiar de la política de un Estado que al final defiende el interés de la minoría y que no dudará en recortar libertades y controlar a la población cuando lo considere necesario.