La ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del “Solo sí es sí” aprobada en el Senado del Estado español, está generando un gran debate en el movimiento feminista.
Si el gobierno tuvo que colocar en su agenda política medidas contra la violencia sexual, es por la la movilización y lucha en las calles del movimiento de mujeres y feminista durante los últimos años contra las múltiples violencias machistas. El horroroso caso de “la Manada” hizo estallar un movimiento cuya rabia se extendió cuando un juez adoptó como prueba, un informe encargado por la defensa construido por detectives privados sobre la vida de la víctima. La cara más patriarcal y siniestra de la justicia se develaba con la primera sentencia de la Audiencia de Navarra que calificó de abuso sexual la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016.
La nueva ley plantea acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, reconociendo que una violación no necesita ser ejercida con violencia física, tomando así el cuestionamiento del movimiento feminista a los jueces que revictimizan a las mujeres que no oponen resistencia a la fuerza (física o ambiental) del agresor. El gobierno busca de este modo expresar la rabia más sentida del movimiento feminista contra la justicia patriarcal, aunque paradójicamente lo hace reforzando el código penal bajo un marco profundamente punitivista, de la mano del la misma justicia patriarcal que las mujeres venimos denunciando en las calles.
Por tanto, como vienen cuestionando muchas feministas, movimientos sociales, agrupamientos políticos de izquierda, estamos ante una reforma del código penal para establecer nuevos delitos y penas más duras que no sólo no serán efectivas para acabar con las violencias de un sistema patriarcal que es estructural, sino que las agravará reforzando a las instituciones más patriarcales y represivas del Estado.
Las feministas anticapitalistas, antirracistas y antiimperialistas peleamos por un movimiento independiente de las instituciones del Estado en las calles. El feminismo institucional, tomando los reclamos más sentidos del movimiento feminista, configuró una ley que refuerza el reaccionario sistema judicial, capitalista, racista y patriarcal, con más medidas punitivistas.
El callejón sin salida del punitivismo y el feminismo institucional
El PP y Vox han votado en contra de la ley, destacando los rabiosos fundamentos reaccionarios y racistas de VOX, cuya diputada Carla Toscano comenzó con un mensaje racista diciendo, “a ver si lo feminista es reconocer que hay que cerrar la puerta a los que vienen a agredir a las mujeres” y otro misógino: “esta ley es otro ladrillo del muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España”.
Por su parte la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) se abstuvo por tres motivos, “la falta de perspectiva antirracista, por su marco extremadamente punitivista y porque la publicidad de las trabajadoras sexuales pasa a ser ilícita”, explicó la diputada catalana Mireia Vehí en el debate del Congreso y concluyó que “el código penal no resuelve problemas tan profundos como la violencia machista”. [1]
La nueva ley plantea incorpora nuevas penas de diferente nivel. Se introducirá el agravante por sumisión química para los casos en que el agresor hubiera utilizado sustancias o métodos para anular la voluntad de la víctima, lo cual hasta ahora se consideraba abuso. Y respecto a los asesinatos por violencia sexual, la norma incluye el homicidio.
Aunque las denuncias de las víctimas de violencia machista han logrado transformaciones en el Derecho Penal, el Estado capitalista y patriarcal, a pesar de reconocer la violencia de género y sexual y de aumentar las normas punitivas, no sólo las revictimiza en comisarías, fiscalías y juzgados, sino que se ha mostrado totalmente ineficaz a la hora de prevenir o disminuir la cifra de femicidios. Los casos de violencia de género en el Estado español no sólo continúan sino que se actualizan con nuevos métodos como el nuevo fenómeno de este verano de los “pinchazos”.
Como decía Mireia Vehí, esta ley “pone en las mujeres la responsabilidad de volver a denunciar, podemos denunciar por todo, incluso los piropos, en un sistema judicial patriarcal en que los jueces españoles no se caracterizan por ser el estandarte del feminismo, de hecho hay casos de mujeres en la cárcel por huir con sus hijos para que sus maltratadores no las maten”.
En un artículo interesantes publicado en la Revista Catarsi, “La invasión reaccionaria. Críticas feministas al punitivismo en el abordaje de las violencias de género en los movimientos sociales”, de Laura Macaya Andrés [2], analizaba cómo desde los años ochenta surgió una tendencia a centrar gran parte de las reivindicaciones de las mujeres en la lucha contra las violencias de género, identificando opresión, discriminación y violencia, al punto de que, como apunta la jurista Tamar Pitch, "violencia" y "femicidio" han sustituido los términos de "opresión" o “explotación”, prevaleciendo la estrategia de la intervención penal y punitiva y oscureciendo las estrategias transformadoras contra sistema capitalista patriarcal. Y por tanto, “este uso extensivo del concepto de violencia no solo ha desplazado a otros expresiones de desigualdad hacia las mujeres, sino que también ha supuesto que se llamen violencia actos de reproducción del sexismo, comportamientos molestos con sesgo de género e incluso insinuaciones, miradas u ofrecimientos sexuales no deseados”.
De este modo, todo maltrato o comportamiento machista se convierte en delito, al mismo nivel y en la misma proporción. Y por tanto el Estado debe castigar y penalizar, encarcelar o multar al nuevo catálogo de delitos sexuales. La ley incorpora medidas punitivas que muchas jóvenes pueden ver como un avance en la lucha contra las violencias sexuales. El acoso callejero será delito leve y perseguible previa denuncia y contempla tres opciones de penas: de 5 a 30 días de localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad o multa de uno a cuatro meses. También se incluye una respuesta penal a la violencia sexual a través de la pantalla o violencia digital de la que forman parte conductas como la extorsión sexual o la pornografía no consentida.
Ahora bien, estamos ante una peligrosa arma de doble filo, ya que esto implica un salto en el proyecto punitivista del código penal, como decía Mireia Vehí, “se generan dos ficciones, una que faltan leyes más duras, nosotros pensamos que no, que el código español es muy duro. Y la segunda, que sólo con más castigo se acabará con la violencia”.
Y no sólo no acabará, porque la cultura machista requiere de otras múltiples medidas más allá de las punitivistas. Por ejemplo, la educación sexual que reclama el movimiento feminista, en la enseñanza pública está prácticamente ausente. Requiere acabar con las raíces del patriarcado sembradas en un sistema estructural, político y económico que, para sostenerse, necesita preservar el poder represivo del Estado que alimentado por más medidas punitivistas, sin dudas lo utilizará de manera arbitraria contra los sectores sociales más vulnerables, racializados, precarizados, en este caso en nombre de “la lucha contra la violencia de género”.
El maltrato, como analiza Andrea D’Atri, en su artículo “Con otros ojos. Feminismos, crímenes y castigos” [3], “esta palabra opaca condensa una serie de prácticas que pueden resultar dañinas, aunque no siempre constituyan un delito. Homologar todo ’maltrato’ a ’violencia de género’ puede obturar la discusión y, muchas veces, perjudicar a quienes padecen contextos más vulnerables para que sus denuncias sean escuchadas por el Estado”. Así lo podemos observar en la nueva ley, porque se incorporan castigos como el acoso callejero o la violencia digital. Pero jamás se plantean acabar con la violencia que ejerce ley de extranjería que arroja a las mujeres migrantes a la precariedad y explotación extrema -como se visibilizó en la pandemia en la conformación de “comités de crisis”-, sin derechos laborales básicos ni seguridad social, expuestas a todo tipo de acoso sexual y patronal. No, no está en las prioridades del feminismo institucional derogar esta ley racista e imperialista, aunque los colectivos de migrantes y feministas anticapitalista lo exigimos a gritos.
Por último, no podemos dejar pasar otro salto en el punitivismo, tras convertir en ilícita cualquier forma de publicidad que difunda o promueva la prostitución o la explotación sexual, lo cual abre el camino a la persecución a las mujeres que ejercen la prostitución.
El consentimiento: ¿nuestros deseos en manos del código penal?
Otro aspecto destacado de la nueva ley es el que coloca al consentimiento como eje, promulgado desde el Gobierno como un cambio en la perspectiva de la violencia sexual en el que sea la existencia de consentimiento lo que configure el delito.
Desde el Gobierno explican que “El modelo de solo sí es sí deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significan consentimiento”, lo cual apela a las demandas sentidas del movimiento feminista. Pero pretender que las víctimas de violación tengan que estar sometidas a las decisiones del código penal es muy peligroso. Además, todo lo referido a la sexualidad, que en la mayoría de los casos suceden en sitios privados, ¿cómo se demuestra si hubo o no consentimiento? Esto significaría exponer a las víctimas de violación a una revictimización permanente durante todo el proceso judicial en el cual su agresor se va a encargar de hacer todo lo contrario a lo que diga la víctima. Y serán los jueces quienes lo dictaminen.
Por otro lado, la idea del consentimiento legislado en el código penal, como “solución” a la violencia sexual, plantea varios problemas en relación a la cuestión de la sexualidad de las mujeres.
Mireia Vehí ha planteado un interesante contrapunto, diciendo que “no se puede legislar el deseo” y que como “el primer problema que tiene la ley es que deja todo en manos del código penal, en primer lugar formula el consentimiento tal como lo hace el código penal, como un binomio: o sí, o no, como si el consentimiento fuera un interruptor. Cuando el deseo sexual es mucho más complejo y las relaciones sexuales así lo son”.
En el artículo citado, Laura Macaya Andrés explica cómo considerar agresión a cualquier acto sexual no consentido, sea de la intensidad que sea, -una mirada, una insinuación o reiteración sexual-, caracteriza a las mujeres “como seres vulnerables, hipersusceptibles y sexualmente inapetentes y temerosas”, lo que acaba en la conformación de un sujeto víctima enmarcado en una subjetividad sexual normativa, como dice la autora “imprescindible para el uso expansivo del sistema penal y las lógicas punitivas” a la vez que “se condenan las mujeres en lugares de impotencia desde los que es difícil que sean protagonistas de los tan necesarios cambios personales, sociales y económicos”.
A la vez, se favorece la exclusión de la protección o la duda sobre las víctimas que no pertenecen a estos valores normativos de la sexualidad femenina, lo que puede ser enormemente contraproducente en el proceso de acompañamiento a la recuperación de las víctimas. Y más terrible aún para las mujeres que viven situaciones de explotación como las migrantes, racializadas, trabajadoras, precarias.
Bajo esta “cultura del consentimiento” como lo denominan varias feministas, para la mujer sujeto-víctima la sexualidad se presenta como una amenaza y un peligro por lo que se debe limitar su potencial de violencia apelando a los mecanismos punitivos del Estado. Josefina L. Martínez, en su artículo “¿El sexo será genial en el futuro? Mujeres y deseo en la era del consentimiento” [4] problematiza esta cuestión y alerta sobre los riesgos que implica establecer previamente a toda relación los límites de lo consentido ya que, “esa fijación en la idea del consentimiento puede poner límites al propio deseo y a la exploración mutua de la sexualidad con otres”, mientras que por otro lado, “el punitivismo no resuelve los peligros de una violencia sexual que es estructural y se reproduce sin cesar en un sistema capitalista patriarcal.
Nuestra lucha contra la violencia sexual y la larga cadenas de violencias machistas
La ley “sólo si es sí” plantea otras medidas, algunas reivindicadas por el movimiento feminista y que implican una ampliación de derechos. Como las rentas de inserción en las que las víctimas de violencia sexual tendrán el mismo acceso que las de violencia de género. También la creación de “centros de crisis” bajo asistencia psicológica y jurídica 24 horas.
Ahora bien, la realidad es que estas medidas, tan elementales como urgentes, no se sostendrán de manera eficaz con el ínfimo presupuesto destinado a ello. El aumento del presupuesto para los planes de igualdad y la lucha contra la violencia de género es clave para que estas medidas no queden en agua de borrajas. Además, es necesario aumentar la cantidad de centros de acogida o de crisis para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia, garantizados por el Estado pero bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial.
Se propone también la educación sexual obligatoria para los agresores, modificándose la ley penal del menor, para que en los casos en los que los agresores tengan menos de 18 años, las penas lleven siempre la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad. No obstante, la alianza firme de la Iglesia con la educación es una gran traba para favorecer una educación sexual libre de prejuicios oscurantistas. Y la separación de la Iglesia y el Estado, demanda histórica del movimiento feminista, es una necesidad básica si queremos educar en el respeto y libertad a la identidad de las personas trans en colegios, institutos, universidades y centros de trabajo.
Contra la criminalización de las mujeres en situación de prostitución, es necesario el reconocimiento del derecho a autoorganizarse, vivienda y trabajo garantizados por el Estado para aquellas que busquen alternativas laborales.
En cuanto a las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual, la ley plantea que “no se incorporará expediente sancionador a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia sexual que presenten denuncia”. No obstante, esta medida básica no resuelve de ninguna la situación de enorme vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres racializadas e inmigrantes, mucho más expuestas expuestas a la violencia sexual en los trabajos más precarios, como el doméstico o de internas. El Gobierno jamás se plantea como perspectiva la derogación de las ley de extranjería y el cierre de las cárceles de los CIEs.
En nuestra perspectiva de lucha independiente de las instituciones, es necesario impulsar comisiones de mujeres y personas LGTBI en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los sindicatos, independientes de las patronales, que aborden los casos de acoso sexual y laboral.
Ahora bien, todas estas demandas sólo serán conquistadas detrás de una lucha independiente de las instituciones del Estado, su justicia machista y patriarcal y partidos del régimen. El feminismo institucional pretende encerrar al movimiento de mujeres al callejón sin salida del código penal y su proyecto punitivista. Pero cuestionar al feminismo punitivista es clave cuando la extrema derecha también se sirve de leyes represivas y prohibicionistas para perseguir a las personas racializadas, para atacar a las personas de diversidad sexual, a la lucha feminista o contra derechos tan elementales como el del aborto en Estados Unidos. Mientras los gobiernos progresistas implementan leyes punitivistas “en defensa de las mujeres más vulnerables”, pero mantienen las leyes de extranjería racistas o reformas laborales que continúan con la precariedad.
La feminista y militante antirracista Françoise Vergès [5] en su reciente libro, ”Una teoria feminista de la violència. Per una política antiracista de la protecció” (2022) [6], debate contra lo que denomina “feminismo carcelario” que, en un contexto de militarización del espacio público, apela a la multiplicación de las medidas y leyes de protección a las mujeres exigiendo más poder de actuación a la policía con todo su carácter racista y de clase. Es decir, a una protección militarizada, a las fronteras, muros y a más vigilancia, desplazando la protección de las mujeres a la esfera penal y considerando al patriarcado como una estructura de poder centrada en el dominio de los hombres.
El punitivismo, en nombre de la defensa de las mujeres contra la violencia, refuerza las cárceles, la policía y un sistema judicial reaccionario que en el Estado español encarcela raperos por criticar a la monarquía corrupta, huelguistas -tanto de de luchas obreras como de activistas feministas durante las huelgas de mujeres-, independentistas catalanes, son miles las personas y jóvenes represaliadas y encausadas bajo montajes policiales, la mayoría activistas de movimientos sociales y agrupaciones de izquierda. Es por ello que no podemos permitir que nuestra lucha contra la opresión y la violencia se distorsiones y se utilice para hacernos retroceder en los derechos y libertades que conquistamos para nuestras propias vidas, nuestras sexualidades, deseos y placeres.
Luchar contra la violencia, sexual, machista y los feminicidios, es luchar contra el último eslabón de toda una cadena de violencias que vivimos la gran mayoría de las mujeres, las trabajadoras, las migrantes, las jóvenes frente a la actual crisis. Nuestra lucha está estrechamente vinculada a la lucha contra la violencia de la precariedad, de la explotación que sufren las trabajadoras del hogar o de la hostelería con despidos masivos. O la violencia del racismo institucional y patriarcal que sufren las temporeras de la fruta o las trabajadoras del hogar.
La violencia económica estructural que sufrimos especialmente las mujeres jóvenes, migrantes, de la clase trabajadora, generadora de paro y pobreza femenina, posibilita y refuerza la dependencia económica existente de las mujeres en el seno de la familia patriarcal y es la responsable de que las mujeres en situaciones precarias que sufren violencia machista no tengan más alternativa que seguir soportándola, sin contar con alternativas de viviendas y trabajos, llevando a situaciones que muchas veces acaban en femicidios.
Si las causas de la violencia machista son estructurales, no se van a resolver porque exista la posibilidad individual de denunciar, sino que hace falta combatir sus causas estructurales en la sociedad capitalista y patriarcal, bajo una organización colectiva, la disposición a la movilización y la lucha persistentes para acabar con este sistema de raíz. |
