Éste martes se oficializó el programa "Puente al Empleo", que entrará en vigencia a partir de octubre del 2022. La medida había sido anticipada por Sergio Massa, junto al impulso de auditorias para controlar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La promesa renovada es generar 200.000 puestos de trabajo en empresas privadas para beneficiarios del Potenciar Trabajo. Durante 12 meses, el Estado paga la mitad del salario mínimo y el resto del sueldo lo completa la patronal. Los empresarios también se ahorran de pagar el 100% de las las cargas patronales.
Por otro lado, no se garantiza que el trabajo sea genuino, ni la estabilidad laboral.
La reglamentación evade especificar que las contrataciones se harán con plenos derechos laborales, bajo el convenio colectivo de trabajo que corresponda a tareas que se realicen. Sino que faculta al Gobierno, a través del Ministerio de Economía, el de Trabajo y el de Desarrollo Social, para definir las "modalidades de contratación".
A su vez pone a la "discontinuidad del contrato de trabajo" como un hecho, anticipando que se trata de empleos con tiempo de finalización y que luego el trabajador podrá permanecer en el Potenciar Trabajo o acceder a una prestación por desempleo.
Este programa no tiene grandes diferencias con el decreto firmado por Alberto Fernández en octubre del 2021. Recordemos, como última carta de campaña electoral, el Presidente y el ministro Juan Zabaleta lanzaron el "Programa de formación, empleo e intermediación laboral": mismas características, distinto título.
Y, con todos los beneficios y garantías de flexibilidad que otorga a las patronales, no han logrado seducirlas para que opten por este tipo de contratación: siguen prefiriendo las distintas formas de fruade laboral, como el monotributo, la llana informalidad o las distintas formas de flexibilización laboral vigentes.
El portal Chequeado publicó, en junio de 2022, la respuesta a un pedido de informe donde el Ministerio de Desarrollo detalla que, desde el decreto presidencial, solo 15.583 personas habían conseguido un empleo formal: el 1,2% del total de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El Gobierno no hizo público ningún dato sobre el éxito o no del mismo proyecto que decretó el presidente hace un año y que éste martes fue sustituído por el programa "Puente al Empleo". El dato oficial es que la desocupación afecta al 7% de la población, al rededor de 1,5 millones de personas no tienen trabajo ni empleo. Misma fórmula, pero ¿cuáles fueron los resultados? Nada contundente a la vista.
Este nuevo-viejo proyecto para convertir los planes sociales en empleo, es una zanahoria para mostrar iniciativa política por parte del gobierno del Frente de Todos, hoy a la cabeza de Sergio Massa; mientras se profundiza el ajuste y el recorte fiscal para los estafadores del FMI.
A la par, han puesto en marcha un plan para auditar a cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. El ministro de Desarrollo impulsa la "capacitación" en universidades públicas, para someter a los más pobres a una treintena de preguntas y con esa información definir quién sí y quién no puede seguir percibiendo este salario social complementario.
La mantención de un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, los ataques a los movimientos de trabajadores precarios y desocupados, como así también estas auditorias, son distintas vías para lograr las metas pautadas en el acuerdo con el Fondo. Recortan en Salud, Vivienda y Educación y juegan con el plato de comida de las familias más humildes, cuando el 70% de las infancias son pobres.
Mientras, benefician las grandes patronales con excenciones impositivas e incentivos como el dólar-soja y los empresarios se enriquecen a través de formas de trabajo cada vez más precarias, flexibles o directamente informales. Estos sectores se quedaron con 70 mil millones de dólares que fueron "transferidos" desde los bolsillos del pueblo trabajador, durante el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández.
Una fórmula que fracasó una y otra vez
Antes del programa Puente al Empleo y del decreto de Alberto Fernández, estuvo el "Plan Empalme", impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017. La propuesta fue la misma: el subsidio iba para la patronal, que completaba el salario, solo que el programa duraba 24 meses. Tampoco en la era macrista vimos que con esta iniciativa se generara un número significativo de puestos de trabajo registrado: la precarización laboral continuó, a la par de las formas precarias de subsistencia con los programas sociales.
Pero esta fórmula se viene refritando desde la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando impulsó el programa “Componente Solidario de Inserción Laboral” para los beneficiarios del plan "Jefes y Jefas de hogar", en 2003, como un intento de mostrar una salida a la gran desocupación que dejaron los años menemistas y la crisis del 2001.
Una y otra vez, la misma fórmula fracasó. La recomposición de puestos de trabajo, en condiciones precarias, que se vivió en los años siguientes bajo la presidencia de Néstor Kirchner, tampoco fue producto de los programas para reconvertir planes sociales en empleo. Aunque también en 2004 se impulsó la excepción del 50% de las contribuciones patronales por un año y el subsidio estatal de los salarios, a tal fin.
Si las patronales comenzaron a generar nuevos puestos de trabajo fue producto del "buen clima para los negocios" que generó la megadevaluación de Eduardo Duhalde, que aplastó los salarios, dejando intactas las leyes de flexibilización laboral menemista. A la par de la reactivación económica, favorecida por el viento a favor de la economía internacional y el millonario negocio del comercio exterior de materias primas y comodities.
A la par, los programas sociales, con contraprestaciones laborales en municipios o cooperativas, en condiciones precarias y con ingresos por debajo de la línea de pobreza, continuaron vigentes a lo largo de más de dos décadas. Miles y miles, generación tras generación, no tuvieron nunca un trabajo formal, menos aún derechos laborales.
Estos programas, que surgieron producto de la lucha del movimiento de trabajadores desocupados durante la década de los ’90, vinieron para quedarse, junto al reclamo inconcluso de trabajo genuino y con derechos laborales para todos.
Conquistar trabajo con derechos para todos
La forma de terminar con la precariedad y la desocupación, no es (y nunca ha sido) subsidiándo salarios a las patronales y garantizándoles contratos precarios, tampoco a través de reformas en las leyes laborales, que solo han empeorado las condiciones de trabajo y de vida, mientras millones continúan fuera del mercado laboral formal.
En principio, como proponen Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, si se reduce la jornada laboral a 6 horas sin rebaja salarial y garantizando plenos derechos laborales, se podrían generar al rededor de 1 millón de puestos de trabajo en las principales empresas del país. Siendo que la descoupación alcanza hoy a 1,5 millones de personas y otro millón de personas subsisten con el complemento del Potenciar Trabajo y otras asignaciones.
Claro que los empresarios no lo harán de buena gana. Es necesario enfrentarse a las patronales y grandes formadores de precios, con la organización y la unidad entre los trabajadores ocupados, desocupados, precarios e informales. Y que los trabajadores y trabajadoras tomen el control, luchando por un programa que tuerza el destino de la economía en favor del pueblo.
Desde ahora es necesario construir, organizar y coordinar una fuerza social capaz de tirar abajo el plan de ajuste y enfrentar la crisis que las grandes patronales descargan sobre el pueblo trabajador y pobre. En este camino, es necesario también exigir a las centrales sindicales y a la dirección de los movimientos sociales oficialistas, que rompen la subordinación al Gobierno e impulsen un paro nacional y un plan de lucha, votado y debatido en asambleas de base democráticas. | 
