A horas de unos comicios marcados por la polarización y la incertidumbre, Dauno Tótoro nos ofrece una mirada desde la izquierda revolucionaria de lo que está en juego para los sectores populares.
Este domingo la ciudadanía deberá pronunciarse sobre el texto presentado por la Convención Constitucional, que podrá o no convertirse en la nueva carta magna. La mayor parte de las encuestas señalan una mayor intención de voto hacia el Rechazo del texto constitucional, con porcentajes que llegan al 56 % y una distancia del Apruebo de entre 4 y 12 puntos. Sin embargo, los pronósticos son dudosos. A la habitual incertidumbre de las encuestas de opinión, se suma una novedad: esta votación será obligatoria, lo que pone en cuestión los modelos de sondeo usados por las consultoras en un país donde el voto es voluntario. No se sabe cómo va a afectar al resultado el peso del voto joven, el retorno del voto de los mayores que no venían participando por la pandemia o la participación masiva de votantes de los sectores más bajos, que suele ser mucho menor que la de los sectores más pudientes. Tampoco es clara la medición de los sectores indecisos, que suelen definir su voto en la última semana. En este marco, la coalición de Gobierno de Gabriel Boric pareciera prepararse para un escenario desfavorable y teje a todo vapor un nuevo pacto con la derecha que impulsa el Rechazo con los ojos puestos en el posplebiscito. En esta entrevista, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, grupo que impulsa La Izquierda Diario en Chile, ofrece una mirada alternativa sobre este escenario aparentemente binario, que nos ayuda a reflexionar sobre qué hay en juego para las grandes mayorías populares este domingo.
LID: Aunque no se sabe qué pasará este domingo, lo que muestran las encuestas es un dato de la realidad. ¿Por qué la campaña por el Rechazo tuvo tanto espacio?
La odiosa y demagógica campaña por el Rechazo escondió detrás de fake news y de generalidades como la “libertad de elegir” o la “igualdad ante la ley”, la defensa de la herencia de la dictadura de Pinochet, todas aquellas cosas que fueron impugnadas por la población en la rebelión popular de 2019, como las pensiones y salud privadas, la especulación inmobiliaria, la expoliación de los recursos naturales del país por grandes empresas mineras, forestales y grandes propietarios agrícolas, los salarios bajos, etc.
La derecha habla del problema de las pensiones hipócritamente, porque no están preocupados por mejorar las pensiones del pueblo trabajador, sino hacen una campaña encubierta de defensa acérrima de las AFP, el sistema privado impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar. Esto no es menor, porque este sistema es considerado el corazón del modelo neoliberal en Chile, donde se utilizan las pensiones del pueblo trabajador para financiar el negocio de las grandes empresas y de los principales bancos nacionales, y también empresas transnacionales.
Además de la derecha tradicional y figuras como el empresario del agronegocio Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el Rechazo es impulsado también por importantes figuras de la Democracia Cristiana (DC), un partido clave de la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile la mayor parte del tiempo desde la dictadura. Pero el propio proceso constituyente ha sido una gran desilusión para el pueblo trabajador, y eso también fue abriendo el camino al fortalecimiento del Rechazo.
Desde un principio la Convención Constitucional fue mostrando ser una herramienta para la desactivación de la revuelta, para la desmovilización de la población. Nosotros lo alertamos desde el mismo momento en que todo el arco parlamentario, desde Piñera hasta Boric, rubricó el Pacto Social por la Paz y una Nueva Constitución que dio origen a este proceso constituyente. El “timing” del Pacto es elocuente, porque cuando se firmó el 15 de noviembre de 2019, Piñera se encontraba contra las cuerdas y la revuelta escalaba hacia una huelga general que, de avanzar, podía haber abierto un camino revolucionario. El Pacto lo que hizo fue subordinar el proceso constituyente a los poderes constituidos y la consecuencia de eso fue que se alejó de las urgencias populares.
LID: Una de las primeras cosas que se esperaba que hiciese la Convención era liberar a las y los jóvenes que habían sido presos durante la revuelta. Había también expectativa en que Piñera pagara por las graves violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron en esos días…
Sí, eso fue un golpe fuerte. La Convención aceptó que la situación de los presos siguiera en manos de la cuestionada justicia. Incluso el sector de constituyentes que se paraba desde los movimientos sociales, como Movimientos Sociales Constituyentes e incluso el Partido Comunista, aceptó sesionar con presos políticos. Muchos de los constituyentes de este sector habían dicho explícitamente que no se iban a sentar a escribir una Constitución con presos políticos, pero rápidamente contradijeron sus propias declaraciones y terminaron sacando la Constitución mientras la prisión política sigue siendo una de las grandes heridas que ha dejado la impunidad y la represión del gobierno de Piñera. Esto abrió una enorme brecha entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro. La CUT, principal central sindical, se amoldó a los tiempos de la Convención y no se movió más. Esos sectores terminaron aceptando el esquema de rosca parlamentaria con la derecha y ya la brecha no dejó de crecer. Nosotros presentamos en su momento, junto con las familias y activistas, una iniciativa popular de norma por la libertad de los presos políticos, pero la Convención la rechazó. Piñera pudo terminar su mandato a pesar de su popularidad cercana a cero. Hoy, con Boric en el gobierno, Piñera sigue impune mientras que todavía quedan jóvenes en la cárcel.
Esta fue la primera gran desilusión de un largo camino. Si bien la nueva Constitución reconoce varios derechos por los que venimos luchando hace décadas, como los derechos sexuales y reproductivos, educación, vivienda digna, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el reconocimiento a los pueblos indígenas y tantos otros, lo cierto es que deja intacto lo esencial de la herencia económica de la dictadura, y eso es clave porque garantiza que no se toquen los mecanismos con los que se despoja al pueblo trabajador y se expolian los recursos del país. Las privatizaciones, el extractivismo, la precarización laboral, la posibilidad de que capitales privados lucren con necesidades básicas del pueblo como educación y salud, todo eso se va a mantener.
LID: Varias figuras del “viejo régimen”, como la expresidenta Michelle Bachelet y figuras conocidas de la ex Concertación han cobrado protagonismo como parte de la campaña por el Apruebo. ¿No es contradictorio que los sectores políticos que fueron impugnados por las masivas protestas estén apuntalando la campaña por la nueva Constitución?
En realidad es menos contradictorio de lo que parece. Efectivamente los partidos más importantes de la ex Concertación, el Partido Por la Democracia, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista se plegaron a la campaña por el Apruebo. Socialismo Democrático, la coalición de los partidos que formaban la Concertación menos la Democracia Cristiana, conforma un mismo comando con Apruebo Dignidad, la coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista que llevó a Gabriel Boric al poder, y hoy son parte del gobierno. De hecho tienen puestos claves, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, o la Subsecretaría de Interior, que ha sido clave en el desarrollo de la política represiva que ha impulsado este gobierno contra el pueblo mapuche. La nueva Constitución fue aprobada también por empresarios “progresistas” y agencias internacionales financieras, lo que tiene que ver con lo que te decía antes de lo que no va a cambiar.
LID: Hay una gran polarización entre el Apruebo y el Rechazo pero a su vez una frenética negociación entre ambos sectores. ¿Cómo se explica eso?
Lo que pasa es que esa enorme polarización, que se refleja en la incertidumbre sobre lo que va a pasar el domingo, genera muchísima preocupación tanto en el gobierno como en la oposición sobre qué va a pasar a partir del lunes. Entonces lo que se está gestando es un segundo pacto social, un nuevo pacto de unidad nacional que incluye a todo el arco político del régimen que permita ir a un escenario lo más tranquilo y pacífico, más allá de qué opción gane.
Lo que busca esta operación es moderar el contenido de toda la discusión política en el país y terminar de recomponer la gobernabilidad y las instituciones del Estado, que se encuentran en una crisis orgánica importante. Esta crisis fue la que se expresó fuertemente en la rebelión popular de 2019 pero que venía de antes y no termina de cerrarse. Ese es el problema estratégico más de conjunto, y lo que hay son diferentes vías para resolverlo, pero que estratégicamente tienen ese aliciente común, que es evitar que vuelvan las calles, terminar con el cuestionamiento a las instituciones. Eso implica también golpear duramente a quienes hemos estado siendo críticos a este proceso, como se ve en el caso de organizaciones mapuches o también en las duras represiones a las marchas estudiantiles que vienen habiendo en la capital, que expresan que la crisis de la educación de mercado sigue abierta. Ponen de manifiesto que los grandes problemas no van a ser resueltos por este proceso constituyente amañado y controlado por los partidos tradicionales.
Entonces el acuerdo entre el oficialismo y la ex Concertación lo que busca es establecer un compromiso que tranquilice a la derecha en caso de que gane el Apruebo. Por ejemplo, se comprometieron a garantizar un sistema de pensiones mixto, o sea que no se va a terminar el odiado sistema de fondos privados de pensión, las AFP. También se comprometieron a reponer el estado de emergencia, la suspensión de libertades democráticas que se usó durante la rebelión y se sigue usando contra el pueblo mapuche y en la crisis migratoria, y que la nueva Constitución eliminó. Se prometió limitar la justicia y el consentimiento indígena en asuntos que afecten sus derechos constitucionales, uno de los elementos progresistas que la nueva Constitución incorporó. Además, proteger el negocio de las clínicas privadas, reforzar el derecho de propiedad y hacer algunos cambios en el sistema político.
Para fortalecer esta propuesta de “Apruebo para reformar”, se redujo el quórum de mayoría calificada que había sido establecido en dos tercios, a mayoría simple de cuatro séptimos. Estas modificaciones presentadas por el oficialismo son de hecho aceptar la agenda del Rechazo, lo que muestra que en este plebiscito no hay una alternativa para enfrentar consecuentemente a la agenda criminalizadora y precarizadora de la derecha. El Gobierno permanentemente ha cedido a cada una de las exigencias de la derecha en contra de los intereses populares.
LID: ¿O sea que el Apruebo convoca a aprobar el texto para luego negociar las modificaciones que plantea el Rechazo?
Así es, estamos asistiendo a una verdadera trampa histórica. Ya hay voces desde el oficialismo que dicen que si llegara a ganar el Apruebo, el presidente Boric convocaría a un "Comité de Expertos” transversal, con miembros del Apruebo y del Rechazo, para implementar la nueva Constitución. Al fin y al cabo, Apruebo y Rechazo se constituyeron como dos vías distintas para restaurar la hegemonía de la clase dominante que la rebelión puso en cuestión. Por eso digo que el rol clave de la ex Concertación en el Apruebo es menos contradictorio de lo que parece. Es consecuente con el objetivo del Pacto por la Paz y la Nueva Constitución, de recomponer el régimen político en crisis, reconociendo algunos derechos que permitan cooptar las organizaciones obreras y populares y recomponer la autoridad del Estado capitalista.
Si llegara a ganar el Rechazo, ya hay una discusión entre todos los actores políticos del régimen, desde el gobierno hasta la derecha, para redactar una nueva Constitución, pero por arriba. Se habla de incorporar un “grupo de expertos” y reducir el cupo de los pueblos originarios con el objetivo de moderar aun más el texto.
Lo que no está sobre la mesa son las demandas y expectativas de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Ya pasaron tres años de la rebelión popular, un año y medio de trabajo de la Convención Constitucional y más de cien días de gobierno de Gabriel Boric, y no tenemos respuestas a las demandas por las que salimos a pelear. Al contrario, la inflación se está comiendo los salarios mientras los banqueros y los empresarios siguen ganando fortunas, aumentó la militarización en el territorio mapuche y en las ciudades fronterizas por donde entran los flujos migratorios.
LID: Hace unas semanas el Partido Revolucionario de Trabajadores celebró su VI Conferencia Nacional, en la que debatieron qué ubicación tener frente al plebiscito. ¿Qué resolvieron?
Nosotros somos parte de los que desde hace décadas venimos peleando por terminar con la herencia de la dictadura, en ese sentido compartimos el anhelo de millones por acabar con la Constitución de Pinochet. Pero como te dije antes, la Constituyente no ha sido una herramienta para conquistar las demandas de octubre o para terminar con los privilegios de unos pocos, las desigualdades estructurales y las miserias de este sistema. Al contrario, ha estado al servicio de la desmovilización y desmoralización de las y los luchadores, el fortalecimiento de la derecha y la restauración de la legitimidad del viejo régimen. Por esto decidimos que no vamos a apoyar este nuevo fraude histórico. Mañana vamos a votar nulo o blanco. Las compañeras y compañeros del PTR somos socialistas, no vamos a convalidar una Constitución que establece nuevas bases para la explotación y la opresión del Estado capitalista y patriarcal chileno. Nosotras y nosotros peleamos por una sociedad sin explotación ni opresión, y consideramos que para ir hacia ahí, la clase trabajadora y el pueblo tenemos que construir una alternativa política propia con un programa que dé respuesta a nuestras necesidades.
LID: Lo que se viene, ¿qué tienen por delante la clase trabajadora y los sectores populares a partir del 5S?
Lo primero que hay que decir es que Chile transita una crisis económica y social, y que la clase dominante lo que quiere es que la paguemos los de abajo. Por lo tanto, las promesas de la nueva Constitución chocan con esta realidad. Para conquistar nuestros derechos tenemos que retomar el camino de la lucha y la organización, para exigir las demandas de octubre pero también imponer un programa de emergencia que de respuesta inmediata a las acuciantes necesidades del pueblo trabajador. Partiendo de demandas básicas, en contra de la criminalización y militarización del territorio mapuche, donde el estado de excepción que lleva más de cien días, contra la prisión política que se está implementando contra dirigentes mapuche, y además por medidas básicas para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, como el salario acorde a las necesidades de las familias, y avanzando en un programa anticapitalista para que la crisis la paguen los grandes empresarios.
Y uno de los peligros que tenemos que combatir es el de cooptación por parte del Estado, por eso es tan importante la independencia de las organizaciones obreras, populares y los movimientos sociales frente al Gobierno.
Por eso creemos que es clave que nos reagrupemos y organicemos todas y todos los que consideramos que los motores más profundos de la rebelión no han sido resueltos y que no se van a resolver por la institucionalidad de este régimen ni avalando pactos hechos a espaldas del pueblo negociados por este gobierno con los partidos tradicionales, sino tocando los intereses de los grandes capitalistas.
