Las administraciones prorrusas de la región de Donbass en el este de Ucrania realizarán del 23 al 27 de septiembre referéndums para integrarse a Rusia. Así lo informaron este martes sus autoridades y agencias oficiales de noticias. Estas elecciones tendrán lugar en las regiones de Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoció el presidente ruso Vladimir Putin antes de lanzar su ofensiva contra Ucrania el pasado 24 de febrero.
La región de Kherson, en gran parte sitiada desde principios de septiembre por las tropas ucranianas, también se ve afectada por el referéndum. “Informo que, de acuerdo con el decreto, el referéndum se realizará del 23 al 27 de septiembre de 2022”, dijo el jefe de la administración de ocupación, Vladimir Saldo, en Telegram. El 5 de septiembre, la administración de ocupación rusa anunció que suspendía los preparativos para un referéndum de anexión debido a los movimientos militares ucranianos en la región. La región de Zaporizhia también hizo lo mismo, anunciando un referéndum en las mismas fechas. Dos regiones que las tropas del Kremlin no controlan por completo.
Este martes, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y expresidente ruso, Dmitry Medvedev, afirmó en persona su apoyo a la organización de dichos referéndums. Por su parte, Ucrania se ha comprometido a "liquidar" la "amenaza" rusa tras estos anuncios.
La integración de estas regiones en Rusia representaría una escalada política considerable. Desde el lado occidental ya se prometen nuevas sanciones y una profundización de las medidas existentes. Un alto funcionario de la Unión Europea citado por el Financial Times marca la pauta: "Esta sería una medida ilegal y una continuación de la agresión contra la soberanía y la independencia de Ucrania, en violación del derecho internacional", dijo, y agregó que “Los referéndums no tendrían legitimidad y no serían reconocidos, los territorios anexados quedarán aislados y expuestos a sanciones de la misma forma que las personas involucradas (sic)” .
Bajo presión, Rusia intenta recuperar la iniciativa
El llamamiento conjunto de las provincias ocupadas del martes parece ser una señal de un mayor nerviosismo en estas tres regiones, blanco de una gran contraofensiva ucraniana. El ejército de Kiev anunció el lunes que había recuperado el control de una aldea a pocos kilómetros de la ciudad de Lisichansk, un bastión en la región de Luhansk tomado por los rusos en julio.
Pero este anuncio es también la marca del intento del Kremlin de recuperar la iniciativa tras las importantes pérdidas sufridas en el terreno militar desde principios de septiembre. Sobre todo porque, en las últimas semanas, se ha fortalecido la presión ejercida sobre Moscú por los partidarios de una anexión total y una movilización total de Rusia en la guerra. Por primera vez, incluso se ha podido observar la multiplicación de las críticas dirigidas abiertamente a Putin desde la derecha nacionalista del país.
La apuesta estratégica de estos referéndums es importante. Los territorios anexados por Rusia recibirían la protección muy especial de Moscú y por lo tanto cualquier ataque, en particular ucraniano, podría ser considerado como una agresión contra la propia Rusia. Esto podría desencadenar fuego nuclear, ya que según su doctrina, Rusia “se reserva el derecho de utilizar su arsenal nuclear (…) en caso de una agresión contra la Federación Rusa con armas convencionales, o en caso de amenaza a la existencia misma del Estado". Esta opción fue agitada personalmente por Dmitry Medvedev este martes. En Telegram, el expresidente ruso dijo:“Los referéndums en el Donbass son de gran importancia no solo para la protección sistémica de los habitantes (…), sino también para la restauración de la justicia histórica (…). Invadir el territorio de Rusia es un delito y, si se comete, permite usar todas las fuerzas en defensa propia. Por eso estos referéndums son tan temidos por Kiev y Occidente, y por eso deben llevarse a cabo”.
Otra consecuencia -o ventaja- de esta estrategia, el reconocimiento de los referéndums de septiembre por parte de Moscú, es que abre potencialmente el camino a una movilización general. Este martes, los diputados de la Duma rusa aprobaron a toda prisa una ley que aumenta las penas por deserción en caso de movilización militar en el muy vago caso de un "conflicto armado", aunque Rusia todavía se niega oficialmente a calificar su "operación militar especial" como guerra pura y simple. El texto también prohíbe la renuncia de los soldados contratados, posibilidad que existía, al menos en teoría, hasta ahora.
Por ahora, sin embargo, las provincias separatistas de Luhansk y Donetsk no están totalmente controladas por las tropas del Kremlin. Estas maniobras por parte de Rusia parecen expresar sobre todo una situación complicada para Putin, a nivel militar y político. Corresponde a Rusia tratar de disuadir a sus enemigos externos agitando la amenaza nuclear, mientras reduce la presión interna a través de la anexión de los territorios ocupados. Del mismo modo, la cuestión del anuncio de una posible movilización general en los próximos días plantea inmensos desafíos logísticos para el ejército ruso pero también podría abrir una brecha de protesta y resistencia por parte de la población rusa, parte de la cual sería enviada a morir en una guerra que no es suya.
Para la clase obrera y las clases populares de Rusia y Ucrania, pero también de todo el continente, el giro que está tomando la guerra es muy grave. Las amenazas de usar armas nucleares, incluso si son tácticas, son un peligro mortal. Más que nunca, el movimiento obrero en Europa debe adoptar una posición de clase, independiente de Rusia y de la política reaccionaria de Zelensky/OTAN. |
