El resultado de las elecciones de Marcos Juárez, donde el peronismo provincial apunto a un armado “macrista sin Macri” pero fue duramente derrotado por el PRO junto a la UCR y el juecismo, dejo preocupación en el PJ provincial con respecto al escenario electoral de 2023. A esto se suman la histórica movilización docente, el escándalo de los asesinatos en el Hospital Materno Neonatal y el juicio a los policías acusados del encubrimiento y el asesinato de Valentino Blas Correas sobre los cuales nos explayamos acá.
A través de su cuenta de Twitter, el gobierno anunció que se integraba un nuevo gabinete para poder “adecuar el Estado en función de las necesidades que van surgiendo en la sociedad, por la evolución de la situación socioeconómica nacional hemos definido profundizar y fortalecer las acciones en materia social, de empleo y seguridad.” Una generalidad para no decir nada concreto sobre los objetivos concreto de la “adecuación del Estado”.
Se desplaza a Alfonso Mosquera en Seguridad, que durante su gestión enfrentó graves casos de gatillo fácil y corrupción policial, destacándose una fuerte defensa del accionar policial. También es desplazado Facundo Torres, quién venía actuando como Ministro de Gobierno. El reemplazante de ambos es Julián López, quién venía actuando como ministro de Justicia y ahora tendrá a cargo los ministerios que se fusionan siendo Ministro de Gobierno y Seguridad. En Justicia y DDHH quedará Laura Echenique. El desplazado Torres asume en el Ministerio de Empleo y Formación Profesional, un cargo inventado a su medida.
En tanto Laura Jure quien fuera ministra de “Promoción del empleo y de la Economía familiar”, asume en otro ministerio recién creado que es el de “Hábitat y Economía Familiar.” Cambios de nombre, seguramente sugeridos por algún asesor de imagen, pero que nada solucionan los graves problemas de vivienda y trabajo que sufren decenas de miles de cordobeses y cordobesas.
A esto se suman los cambios “obligados” de las últimas semanas, como la del ministro de Salud Diego Cardozo, que recientemente fue imputado por los aberrantes asesinatos de recién nacidos en la maternidad provincial, y la titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano, cuestionada por los ceses de contratos y contrataciones poco transparentes. El destino de Bedano es más ligero que el de Cardozo ya que volverá a ocupar una banca en la Legislatura hasta diciembre de 2023, en similar situación se encuentra Mosquera. Estos hechos son algunos de los exponentes más significativos de un agotamiento de la gestión del PJ cordobés luego de 24 años de gobierno.
Las reestructuraciones fuertes en el gabinete provincial no fueron habituales durante las gestiones del PJ desde 1999 hasta ahora. De hecho el ministro de Educación Walter Grahovac ocupa el cargo desde 2007, periodo en que se deterioraron aún más las condiciones de la educación pública y el trabajo docente.
La principal reestructuración ministerial se realizó en 2013, luego del escándalo donde la División Drogas Peligrosas de la policía era prácticamente una banda narco más, incluyendo el hallazgo de cocaína en oficinas de la jefatura policial.
Diversos analistas señalan que esta medida responde a la posibilidad cada vez más concreta de perder la elección provincial en 2023. El PJ tiene como única carta fuerte para dicha elección la del intendente de la capital cordobesa, Martín Llaryora. Sus apuestas pasan por blindar la gestión de Schiaretti y profundizar la división en Juntos por el Cambio que tiene en Luis Juez y Rodrigo de Loredo dos precandidatos competitivos para ser el nuevo gobernador de Córdoba. Lo que parece haber quedado para mejor ocasión es el lanzamiento de un proyecto nacional de “centro” encabezado por el propio Schiaretti. | 
