Hace 32 años una patota de la Bonaerense mató y desapareció al trabajador de La Plata. Parte de los criminales fueron condenados, pero otro juicio sigue postergado por dilaciones judiciales. El comisario Costilla murió impune y el exoficial Pablo Gerez Duhalde pide “prescripción” desde su escondite. “El Estado sigue siendo responsable”, acusa Mirna, compañera de Andrés.
Este sábado en la Plaza San Martín de la capital bonaerense, frente a la Gobernación, habrá un acto con festival artístico en memoria de Andrés Núñez, al cumplirse 32 años de su desaparición forzada seguida de muerte. Allí se leerá un documento común, firmado por familiares de Andrés, de otras víctimas de la violencia del Estado y por organizaciones políticas, sociales y derechos humanos.
“Pasan los gobiernos y la impunidad se mantiene”, arranca diciendo el texto que, con nombres y apellidos, identifica tanto a los responsables materiales del crimen cometido el 28 de septiembre de 1990, como a sus encubridores policiales y políticos. Y recuerda que actualmente hay sólo dos detenidos, el exsuboficial Alfredo González (que no deja de reclamar prisión domiciliaria) y el exsubcomisario Luis Ponce (que había estado 22 años prófugo), ambos condenados a prisión perpetua en juicios realizados más de dos décadas después de los hechos.
El exsuboficial Víctor Dos Santos también había sido condenado y murió en la cárcel hace algunos años. Pero la mayoría de los policías bonaerenses que actuaron en el hecho (como ejecutores o encubridores) sigue impune. Inicialmente se identificó a trece miembros de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense, con distintos grados de responsabilidad. Con el tiempo, varios quedaron exculpados gracias al accionar de jueces y fiscales.
Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que los jueces del Tribunal designado, Emir Caputto Tártara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci pongan fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.
Un dato tan curioso como terrorífico es que Costilla era abuelo de Néstor "Lito" Costilla, un joven de 28 años (padre de cinco niños) que en octubre de 2020 murió tras ser perseguido por otra patota de la Bonaerense en el barrio de Tolosa. Desde entonces la madre, la hermana y otros familiares de Lito marchan junto a Mirna Gómez por verdad y justicia para todas las víctimas de la violencia estatal.
Otro dato de terror. Por complicidad o autopreservación, Caputo Tártara, Medrano y Sanucci quisieron eludir la responsabilidad de encabezar el nuevo juicio, elevando un pedido de excusación ante la Cámara de Casación Penal. Recién en junio de este año la Cámara rechazó el pedido y exigió al Tribunal que ponga fecha de juicio “en el menor tiempo posible”.
¿Prófugo o escondido?
Un relato pormenorizado de la desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez se puede leer en un artículo de Adriana Meyer tomado de su libro Desaparecer en democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina (Marea Editorial, 2021). Allí queda demostrada la responsabilidad en el hecho de Pablo Martín Gerez Duhalde, entonces oficial de la Brigada de Investigaciones y quien comandó el operativo que secuestró a Núñez de su casa.
Gerez Duhalde es hijo de Nelly Duhalde, prima hermana de Eduardo, expresidente, exgobernador bonaerense y máximo protector de la “maldita Policía” de los 90. En su legendario libro La Bonaerense (Planeta, 1997), Ricardo Ragendorer y Carlos Dutil demostraron que el “padrino” en la fuerza del sobrino segundo del “Cabezón” era nada menos que Mario “Chorizo” Rodríguez, uno de los emblemas de esa maldita policía que actuaba bajo el ala del peronismo noventista.
Gerez Duhalde no sólo comandó aquel operativo, sino que consiguió un campo alejado a 115 kilómetros de La Plata para descartar el cuerpo de Núñez. El predio, bautizado El Roble y ubicado en General Belgrano, era cuidado por otro sobrino de Duhalde. Hasta allí llegó la patota con el cadáver. Lo descuartizaron, calcinaron y enterraron. Todas las maniobras fueron celosamente monitoreadas por el Chorizo Rodríguez. El cuerpo fue hallado recién cinco años después, tras la confesión del “arrepentido” sargento primero José Ramos.
Con semejante familia y padrinazgo, Gerez Duhalde no tardó en conseguir todo para borrarse. Desde entonces, para el Poder Judicial está “prófugo” y el Ministerio de Seguridad de la provincia ofrece una recompensa de $ 4 millones a quien brinde datos sobre su paradero. A lo largo de los años fueron varias las falsas alarmas. Tal vez motivadas por mero interés económico, o producto de maniobras distractivas acordadas con el propio prófugo, lo cierto es que ninguna de esas “pistas” sobre su destino permitieron dar con él.
Foto de Pablo Martín Gerez Duhalde e identikit proyectado a la actualidad
La última de esas llamadas se produjo a fines de junio de este año. Desde el norte del país se comunicaron directamente con Mirna, asegurándole que el prófugo estaba viviendo en un pueblo de Corrientes. Otra vez, revictimizan a la víctima. La titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, Gabriela Garmendia, ordenó investigar y los resultados fueron negativos. Un mes y medio después, a mediados de septiembre, desde su escondite el propio Gerez pedía, una vez más, la “prescripción” de la causa.
A través de la abogada platense María Nosenzo, el prófugo hizo llegar varios pedidos a lo largo de los años para que la causa fuera considerada prescripta. Pero desde 2013 hay un fallo de la Corte Suprema bonaerense que niega esa posibilidad. Así, como si se burlara de todo el mundo, Gerez Duhalde sigue escondido en algún lugar del país sin que el Estado lo vaya a buscar.
Camina por la calle, hace las compras, pasea y, tal vez, comparte buenos momentos con una familia. El lunes 27 cumplió 61 años. Seguro lo habrá festejado en su escondite, como hace 32 años habrá festejado con sus camaradas de la Brigada de Investigaciones, horas antes de asesinar vilmente a Andrés Núñez.
El Estado le dice a Mirna que desde hace tres décadas no puede encontrar a Gerez Duhalde. Mirna está más que convencida de que ni jueces, ni fiscales, ni el poder político (con cada gobierno de turno) quieren siquiera buscarlo. De la misma manera que no quiso buscar nunca a Miguel Bru, ni a Julio López, ni a Luciano Arruga, ni a Facundo Castro, ni a Tehuel de la Torre, ni a tantes otres.
Mirna Gómez, incansable luchadora
“Es toda la institución”
En medio de los preparativos de la jornada de lucha de este sábado, Mirna se toma unos minutos para conversar con La Izquierda Diario. Es de pocas palabras, pero de las directas y suficientes como para dejar bien en claro lo que piensa y siente.
¿Cómo enfrentan con tu familia este nuevo aniversario?
Yo estoy más fuerte que nunca, nadie me va a hacer callar. Mi familia me apoyó siempre, a pesar de las amenazas que tuvimos en distintas ocasiones.
¿Qué pensás sobre los pedidos de prescripción de Gerez Duhalde? ¿Por qué creés que no lo buscan?
Me dijo la jueza Garmendia que Gerez volvió a pedir la prescripción el 19 de septiembre. Y que lo hizo otra vez por medio de su abogada. El detalle es que el escrito lo firmó él mismo, estando prófugo. Es una mojada de oreja a favor de la impunidad. El Estado tiene que dejar de encubrirlo, él no está prófugo, está escondido. Quiero que lo capturen ya. Los jueces y los fiscales son responsables de no ir a buscarlo a donde esté. ¿Cómo puede ser que estando prófugo pueda firmarle un papel a su abogada como si nada? ¿Por qué no la obligan a ella a decir dónde está su defendido? Lo están encubriendo.
También suelen aparecer personas que dicen que saben dónde está. ¿Por qué pensás que aparecen “testigos” que no aportan nada?
Aparecen para confundir. Cuando escucho que ‘apareció Gerez’, primero me pongo contenta y me da esperanza, pero después resulta que no es cierto. Eso puede hacerte bajar la guardia. Pero yo sé que tengo que fortalecerme y seguir en esta lucha.
¿En qué pensás que cambió, tres décadas después, el accionar de la Policía Bonaerense hacia los sectores populares?
En nada. El caso de Andrés no fue un caso aislado. Es toda la institución policial la que cometió siempre estos hechos. Y como la situación económica empeora, la represión siguió profundizándose. La Policía es ladrona, es mafiosa, es asesina. Hay que decir basta de tanta impunidad.
¿Cómo lo recordás a Andrés?
Como un buen padre. Lejos de ser un padre ausente, pensaba todo el tiempo en el bienestar de su hija. La amaba. La amaba. Me quedé sin compañero de por vida y ella sin su papá. Todo se me hizo más difícil. Por necesidad tuve que trabajar mucho y eso hizo que mi hija casi no me viera. Se crió con sus abuelos. Me sacaron la vida de Andrés y la posibilidad de disfrutar de mi hija también. Y también me sacaron a mi suegra, ya que a los tres meses falleció por no poder soportar la desaparición de su hijo.
Sos una luchadora incansable por verdad y justicia. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad en este nuevo aniversario?
Yo siempre voy a seguir luchando, pese a todas las trabas que me pone la Justicia. Bueno, la Injusticia. Basta de impunidad. Quiero justicia verdadera y no de a puchitos. El Estado es responsable.
La lucha de Mirna Gómez obligó a señalar el lugar de los hechos | Fachada de la actual DDI La Plata (61 entre 12 y 13)
Hilos de continuidad
El documento que este sábado retumbará frente a la Gobernación bonaerense afirma que “lo sucedido con Andrés no es más que las reiteradas prácticas represivas del Estado, aún peor, las llevadas a cabo en las peores épocas de nuestra historia como lo fue la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial. Desde 1984 a la fecha hay más de 220 casos de desaparición forzada. Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen”.
El escrito agrega que “los últimos años, bajo el gobierno de Alberto Fernández, creció aún más el poder a las Policías durante la pandemia, se produjeron las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro en Villarino, Francisco Cruz y Carlos Javier Ibañez en Florencio Varela (los tres por parte de la Policía Bonaerense de Sergio Berni), Luis Espinoza en Tucumán y Ariel Valerian en Jujuy”.
Pasaron 32 años de uno de los crímenes que inauguraron una de las décadas más prolíficas de la “maldita Policía”. El próximo miércoles se cumplirán cinco meses del crimen de Daiana Abregú en una comisaría de Laprida, a 450 kilómetros de La Plata. Otro caso, la misma Policía. Otra ciudad, los mismos métodos criminales. Otro gobierno, otros jueces, otros fiscales; el mismo encubrimiento, la misma impunidad.
Mirna se rodea de otras y otros familiares de víctimas del aparato represivo estatal. Junto a organizaciones de izquierda, sociales y de derechos humanos no cooptadas por el peronismo sigue marchando por verdad y justicia. Mientras tanto, Eduardo Duhalde se da “la paz” en una misa de Luján con el presidente Fernández, el ministro De Pedro y hasta con una Madre de Plaza de Mayo. Y su sobrino segundo sigue jugando impunemente a las escondidas.
