Este sábado comenzaron varios de los encuentros que tenía planificado la ministra del Interior, Carolina Toha, con autoridades civiles y militares en la región de la Araucanía. El viaje tiene un claro sentido, y se expresó a través de las palabras mencionadas por la ministra al comenzar las reuniones, “Los énfasis en materia de seguridad del Presupuesto se manifiestan en incrementos y recursos adicionales para Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, entre otros”. En las instancias de este sábado estuvieron presente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva junto al jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, el general del Ejército Rubén Castillo.

¿Un gobierno a favor de los pueblos originarios?

Lejos del discurso a favor del pueblo mapuche, la realidad y la política del gobierno van en otra dirección. Desde mayo el gobierno de Gabriel Boric mantiene el Estado de excepción, continuidad de la política represiva del gobierno de Sebastián Piñera. La ministra Camila Vallejo (PC) que en un momento se mostró en contra de la prórroga del Estado de excepción, fue la que en mayo esperaba “contar con los votos que hemos contado por parte de nuestras coaliciones” para volver a instalarlo y hoy reivindica su instalación y mantención.

Como parte del presupuesto nacional 2023, los recursos tendrán su centro en fortalecer a las fuerzas represivas. Por ejemplo, dentro de los anuncios que se dieron en el sur, está “el monto de 27 mil millones de pesos destinado para normalizar la dotación vehicular de Carabineros”.

La represión a las comunidades mapuches es una continuidad no solo del gobierno de Piñera, sino también de la ex concertación. La política represiva en los tiempos de Piñera, Lagos o Bachelet, ha tenido un solo objetivo, y es mantener el negocio forestal. Dirigentes del pueblo Mapuche como Héctor Llaitul, que han sido culpados anteriormente en casos como la Operación Huracán la cual resultó ser un completo fraude hoy vuelve a encontrarse como preso político en tiempos donde gobierna Apruebo Dignidad, coalición conformada por partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista junto a una alianza con sectores de la ex concertación.

Lejos de ser una respuesta a las demandas del pueblo Mapuche, el gobierno de Gabriel Boric aplica la misma receta de los partidos tradicionales que han gobernado Chile durante los últimos 30 años. Al mismo tiempo, las familias latifundistas dueñas de Chile como los Matte y los Angelini, tienen 3 veces el territorio del Wallmapu, pero para quienes gobiernan hoy, mantener la represión para resguardar el negocio forestal, es una prioridad.

La alianza entre trabajadores y el pueblo mapuche

Hace unos días comunidades mapuches de Paillaco junto a trabajadores agrícolas de la empresa Chilterra, decidieron ocupar fundos y levantar una toma productiva. Plantean poder abastecer a 500 mil personas, transformándose en una verdadera respuesta a cómo enfrentar la crisis económica y el aumento de los precios que ya va en más de un 22% la canasta básica familiar.

Esta alianza entre trabajadores y comunidades mapuche es estratégica para poder conquistar las demandas más profundas de ambos sectores que tienen un enemigo en común, el gran empresariado. El gobierno de Apruebo Dignidad de Boric no se diferencia de ningún otro tipo de gobierno que se plantea como “progresista”, pero que se mantienen como administradores de la crisis capitalista internacional, dejándola caer sobre los hombros de las familias trabajadoras y los sectores más golpeados de la población. Solo las y los trabajadores, junto a las comunidades mapuche pueden dar una salida concreta a todos sus pesares, como ya vienen mostrando a través de su ejemplo la toma productiva en el sur. Desde ya es clave rodear de solidaridad y estar alertas frente al estado represivo instalado para mantener el status quo de la desforestación criminal y el negocio empresarial.

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