Este martes la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro, amaneció militarizada por un “comando conjunto” integrado por la Policía provincial, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En los últimos días la derecha política, las corporaciones mediáticas y sectores empresarios de la región venían profundizando la campaña contra las y los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu, que desde 2017 viene protagonizando un proceso de recuperación territorial.
El último sábado, con la exministra de Seguridad Patricia Bulrrich a la cabeza, unas pocas decenas de personas se manifestaron en la Ruta 40 a la altura de Villa Mascardi acusando de “terroristas” a quienes integran la lof mapuche y exigiendo su inmediato desalojo. Para eso usan como excusa hechos violentos ocurridos en los últimos meses, nunca esclarecidos y sobre los que la propia comunidad mapuche acusa a la Policía de Río Negro y a los propios empresarios denunciantes.
Finalmente este martes el Gobierno nacional del Frente de Todos se sumó a la campaña y el Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández aportó más de 200 efectivos federales para ingresar al territorio a los tiros, detener a miembros de la comunidad originaria y dar una señal de “dureza” con un claro posicionamiento del lado del PRO, Clarín, La Nación y los empresarios del llamado Foro Consenso que nuclea a exponentes de las clases dominantes de la región.
"Entraron a la comunidad un montón de milicos con gases, tiraron tiros, nos agarraron a las mujeres, nos tuvieron demoradas dos horas, la jueza no vino hasta recién", dice una de las mujeres detenidas en un audio que logró enviar por su celular. "Fuimos desalojadas por la fuerza del territorio con los niños, una mujer embarazada, fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas y sacadas a la fuerza con nuestros bebés", afirma otra de las detenidas.
Además, el propio Gobierno acaba de crear un "Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi", destinado a la "gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito" en esa localidad. La Resolución 637/2022 fue publicada hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma del propio Fernández.
La abogada Laura Tafettani, miembro de La Gremial de Abogados, detalló que hasta el momento "hay ocho mujeres detenidas, una de ellas con un embarazo de cuarenta semanas y dos con bebés de tres y cuatro meses. Las están trasladando y cinco niños que estaban con ellas están siendo llevados a la Senaf (Secretaría de Niñez y Adolescencia)". Y agregó que "siguen persiguiendo a los demás en la montaña y en función de que hay tres adolescentes allí le pedimos a la Defensoría Nacional de Niñez y Adolescencia, a cargo de Marisa Graham, que intervenga porque no se está cumpliendo el protocolo en relación a estas situaciones de conflicto habiendo menores de edad".
María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, denunció en una entrevista por Radio con Vos que el conflicto no es con propietarios particulares de tierras sino con Parques Nacionales. Y confirmó que su hija, la machi Betiana, es miembro de la Lof Lafken Winkul Mapu y fue detenida junto a otras mujeres en el operativo. "Está con su bebé de cuatro meses y tiene otro nene de tres años, creo que ya deben ser varios los detenidos", dijo.
"Hace cinco años Prefectura mató a Rafael y ahora está nuevamente en el lugar, seguro que quieren matar a más miembros de nuestra comunidad", denunció la mujer. "Yo yago responsable a la gobernadora Arabela Carreras, antimapuche y racista, y al Estado nacional. Hay niños, hay una mujer embarazada que está por tener. Si ella legara a perder su bebé o le pasa algo el Estado es responsable".
"Nosotros no tenemos armas. El Estado es el asesino. Ese señor Diego Frutos tiene una tierra regalada por el Estado. Esas tierras antes eran de Parques Nacionales y antes eran de nuestro pueblo. El Estado nos robó nuestra mapu", detalló María Nahuel. "Diego Frutos es un mentiroso, cuando dicen que los mapuche echaron a Gendarmería de una casilla no es cierto, nadie los echó, ellos no estaban y el incendio lo hizo otra gente. Muestran fotos donde se ven armas, pero son las armas de Gendarmería. Ellos mismos prendieron la casilla después de que Gendarmería abandonó la casilla rodante. Para nosotros fue el mismo Frutos".
Por su parte Newen Loncoman, referente de la Coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de Río Negro, dijo por Radio Nacional Bariloche que se est aviendo desde hace días “un escenario muy similiar a lo que sucedió el 25 de noviembre de 2017 donde asesinaron a Rafael Nahuel, toda una operación mediática y donde el poder político y económico han reaccionado de la peor manera. Tememos que se vuelva a perder una vida por defender el territorio. Hemos instado al diálogo, a una salida política, y el Gobierno ha respondido de esta manera, tratando de solucionar un problema con balas”.
“Nuevamente se abre una herida, una deuda histórica que tienen los Estados, a partir de lo que fue la Campaña del Desierto en adelante no ha habido voluntades políticas para reconocer nuestros territorios comunitarios. Este conflicto va a seguir creciendo mientras no haya una reparación al pueblo. Tienen que aplicarse las leyes que están vigentes, como la 26.160 que releva tierras. No hay un reconocimiento de fondo hacia el pueblo mapuche y hoy, ante esta falta de política pública, sucede esto. Teníamos otra esperanza sobre este Gobierno, que diera indicios para poder llegar a una salida política, pero lo que están haciendo es revivir la misma historia. Esto es muy grave, tememos que haya nuevamente muertos y muertas por defender el territorio y hacemos cargo al Estado nacional y al provincial”, concluyó Loncoman.
En este marco, no es posible soslayar que gran parte de las corporaciones periodísticas usaron la semana pasada la supuesta usurpación mapuche como parte de presentar un panorama "caótico" en el país, buscando por todos los medios criminalizar la protesta social. Eso incluyó la demonización y estigmatización de los trabajadores del neumático, de las y los estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y de las organizacione sociales que manifestaron durante tres días frente al Ministerio de Seguridad. |
