Máximo tribunal de justicia, la Corte suprema, confirma condena de 5 años para Alejandro Carvajal, imputado por incendio en sede de Santiago de la UPV (Universidad Pedro de Valdivia) durante el contexto del estallido social en noviembre del 2019.

Esto sucede mientras los crímenes cometidos por carabineros como mutilaciones oculares y violencias sistemáticas durante el estallido, se mantienen en completa impunidad. Así es como esta semana, mediante un reportaje de el Mostrador, familiares de las víctimas de los 5 muertos hallados en un incendio en la fabrica Kayser, han declarado que el caso esta en el olvido por parte de fiscalía, aun cuando ya han pasado mas de 3 años de los hechos.

Esto deja entrever para quienes opera realmente la justicia y los tribunales, donde casos que involucran un inmueble pueden concluir con la privación de libertad por 5 años de una persona, mientras que las causas del fallecimiento de 5 personas calcinadas en la fábrica Kayser aún no se terminan de esclarecer, y menos de condenar a los culpables.

La persecución política tiene un carácter político, de criminalización de la protesta, y este gobierno no se ha diferenciado en este aspecto de los gobiernos de derecha y la Concentración. Expresión de esto, es la ubicación en el Ministerio de Interior y Seguridad Publica de Carolina Tohá, la misma que fue responsable del desalojo violento de múltiples liceos de Santiago cuando fue alcaldesa.

Así es que el Gobierno y el poder judicial en vez de escuchar y corresponder a las demandas de la población, fomentan el punitivismo en favor de la criminalización de la protesta social, fortaleciendo aun mas el órgano represivo del estado.