La violación de derechos humanos a mujeres de Lof Lafken Winkul Mapu y la persecusión que sigue a otros miembros de la comunidad no es un “exceso” de las fuerzas represivas de Aníbal Fernández. Es parte de la criminalización y despojo a los pueblos originarios del Estado burgués, desde Roca a Fernández. ¿Cuáles son los negocios que justifican esa política? ¿Cómo enfrentarlos desde la Bariloche obrera y popular?
Entre los vecinos especuladores de lo más rancio y gorila de Bariloche hay un massista, hoy funcionario del gobierno de Alberto Fernández: el conocido empresario inmobiliario Claudio Thieck, delegado regional de la estratégica Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Un bon vivant de la creme de la lumpen-burguesía que habita la Bariloche internacional, la de los dólares brasileros y europeos. Esa clase social de parásitos están implicados en las más oscuras tretas legales e ilegales para la obtención de documentos de propiedad espurios, sobre la base general de asesinatos y desplazamientos de comunidades mapuche preexistentes. Thieck estuvo preso por un accionar de este tipo.
El caso más extremo de estas políticas empresario-criminales es el que sucediera en Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón, donde sicarios del empresario forestal Rolando Rocco mataron al joven Elías Garay, miembro mapuche de Lof Quemquemtrew. En ese territorio históricamente vivía la familia mapuche Quintupuray, que tiene dos muertos en condiciones totalmente sospechosas de configurar un asesinato: Lucinda y posteriormente su hijo.
En la provincia de Río Negro Sergio Massa está asociado a Cristina Fernández de Kirchner y al Senador Nacional Martín Doñate. A su vez su táctica electoral de cara a las próximas elecciones que en la provincia serán en abril de 2023, es la de buscar una alianza con el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro de la gobernadora Arabela Carreras y del Senador Nacional y ex -gobernador Alberto Weretilneck. Los unifican cálculos electorales y grandes acuerdos extractivistas sobre Sierra Grande y San Antonio Oeste, de los cuales serán ganadores la Chevron, Fortescue Group y la patria contratista de sendos proyectos.
En el proyecto que favorece al grupo capitalista de Fortescue téngase en cuenta que hay votada una ley provincial que cede 650.000 hectáreas de la Meseta Somuncura para su uso de tipo industrial (molinos generadores). Una región de una biodiversidad única, con especies autóctonas en peligro de extinción, y donde habitan unas 35 comunidades mapuche.
El tránsito de Alberto Fernández viene de su alianza con los Soria, la familia caudilla de la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), cuyo máximo exponente fue Carlos, el fallecido ex -gobernador y ex -titular de la SIDE en tiempos de la presidencia de Eduardo Duhalde. Días antes de la represión de esta semana en Lof Lafken Winkul Mapu el Presidente estaba compartiendo palcos en dicha ciudad con su Ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria, la Intendenta María Emilia Soria y la Gobernadora Carreras. Ante la obvia pregunta sobre Mascardi por parte de los medios hegemónicos como Diario Río Negro (que una vez más hacen eco de la derecha gorila de la zona), Alberto Fernández vendió su somnífero “llevará tiempo, estamos trabajando en eso”. Algunas decenas de horas después de su visita por Río Negro 250 efectivos enviados por el Ministro Aníbal Fernández, 25 vehículos y una treta judicial con secreto del sumario incluído, ejecutaban un brutal desalojo a la comunidad mapuche.
En la región son parte de estos proyectos, por un lado Nuevo Encuentro, quien no dudó un segundo en ligarse al massismo y el cristinismo. Por el otro Magdalena Odarda, el Movimiento Evita, el PCR, entre otros. Estos sectores satélites de la coalición gobernante levantan la pelea por la soberanía del Lago Escondido junto al dirigente sindical burocrático de ATE, Rodolfo Aguiar; e incluso exigen la libertad de las mujeres mapuche detenidas. Pero comparten el proyecto político del “sorismo albertista”, el sector directamente responsable del ala “judicial” y de “seguridad” del gobierno nacional.
Vale recordar que ese ala más dura de la coalición gobernante terminó desplazando a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda. A ellas hay que sumar ahora a la renunciante ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. Las exfuncionarias, desde el “llano”, hoy son críticas del accionar represivo en Mascardi. Pero veamos…
¿Qué política hubo de derechos humanos sobre el pueblo mapuche?
Puro discurso, nada real. La gobernación provincial dejó de hacer relevamientos de tierras en Río Negro, algo que está ordenado por la Ley 26.160 desde 2013. No hay nada que le impida a Nación asegurar ese relevamiento. Simplemente no se hace, no se retoma. La recuperación de territorios por parte de las comunidades mapuche tiene que ver con que en cada zona, en cada región de la cordillera, el desierto de Línea Sur o en la costa, avanzan de manera impetuosa la privatización de tierras fiscales.
El pueblo mapuche vive hace siglos en la región, de ambos lados de las montañas, pero fue desplazado. La enorme barriada del Alto de Bariloche es mapuche por ese desplazamiento histórico y actual. La forma de expulsión de sus tierras se asientan en un genocidio étnico de ambos lados de la frontera. Y los jóvenes sin ninguna perspectiva de futuro de esas barriadas, comienzan a reconstruir su identidad, como lo hizo hasta su asesinato el joven Rafael Nahuel. O es trabajar de refugiero de montaña para el negocio de unos rentistas y comerciantes; o buscar en su reconstrucción identitaria como mapuche un horizonte.
El peronismo aborda la cuestión mapuche a lo Gabriel Boric, pero en una etapa inicial. El Estado argentino viene copiando desde hace tiempo al chileno en las políticas hacia el Pueblo Mapuche. Ya en 2011 Cristina modificó la Ley Antiterrorista, la cual es fiel copia del mismísimo Pinochet. Hoy Boric aplica la Ley de Seguridad del Estado, que es de la dictadura de Pinochet también contra Llaitul y el Pueblo Mapuche. Alberto acaba de crear el Comando Unificado de Seguridad Zona Mascardi para negar el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche, lo que equivale a reproducir “patriotismo”.
Utilizaron el clima reaccionario que cada tanto montan los ricachones como Diego Frutos, el empresariado inmobiliario y columnista estable de LN+ y TN, con sus pancartas de “Terminar la obra iniciada por Roca”. Con la ventisca de las marchas gorilas (la última fue el sábado 2 de octubre, que fue encabezada por Patricia Bullrich), la operación debía aprovechar y meter un nuevo “atentado” a una casilla de Gendarmería sobre un lote lindante al Lof. Sin ninguna prueba de quién cometió ese incendio a una casilla sin gendarmes, fue la excusa perfecta para desalojar el Lof y mantener detenidas a las mujeres de la comunidad, sin que se les comunique bajo qué causa han sido reprimidas, maltratadas y expulsadas de su territorio. El secreto del sumario decretado por la jueza Silvia Domínguez lo puso todo el Estado Nacional Argentino contra el pueblo mapuche.
Volviendo a la comparación con Chile. En sí ambos son gobiernos populistas que no reniegan de la pesada herencia genocida. Al contrario, la utilizan. La derecha gorila solo sabe usar el garrote. El peronismo, como Boric, hizo algunas concesiones discursivas que se limitan a aspectos culturales, sin tocar el problema de fondo, las demandas históricas territoriales.
Una sociedad libre de propiedad privada capitalista
Los vecinos del Lof son el Episcopado, el Obispado de San Isidro, Automóvil Club Argentino, los vecinos a lo Frutos o Luis Dates (otro invitado diario de los medios de la derecha) y tantos otros, Elztain, Lewis, Burco, Rocca, Zorreguieta, Benetton. Dimensionemos: el Lof no llega a 7 hectáreas, dentro de un Parque Nacional Nahuel Huapi de más de 700 mil hectáreas. Ahora compárelo con la propiedad de Joe Lewis, que es dueño de un lago glacial entero. Toda base propietaria y jurídica de esta zona descansa en la entrega de tierras que realizara el General Julio Argentino Roca hacia toda la milicada y familias ricas. El desconocimiento del pueblo mapuche descansa sobre esa campaña del desierto, hasta el día de hoy.
Gráfico: Javier Grosso
El estado nacional desconoce la propiedad comunal de la tierra del pueblo mapuche, porque se reserva el derecho a seguir manteniendo la victoria bélica de su lado, junto al cura, el empresariado y el militar. La enorme privatización y parcelación del territorio necesita seguir desconociendo los derechos a un pueblo preexistente que habitó todos estos territorios por siglos.
Entre todos estos actores, el único aliado estratégico del pueblo mapuche es el proletariado, del cual muchísimos miembros mapuche son parte. El que es empleado para atender los de bares, hoteles, restaurantes de cinco estrellas; el de más de 4.500 precarizados en temporada alta. Pero también el de tripulantes marinos de Buquebus de alta gama, estatales del INVAP y toda la clase trabajadora ligada a la “industria científica”; un gran sector de trabajadores municipales para los múltiples negocios que administra la Intendencia.
Si hay un desafío para el conjunto de la clase trabajadora en esta región, es el de organizar sobre bases realmente democráticas una relación con el pueblo mapuche que parta del reconocimiento pleno a su autodeterminación, defendiendo sus derechos a luchar ante su despojo histórico de la forma que lo crean más conveniente. Y organizando en conjunto una gran alianza imparable que pueda ser la base constituyente de una nueva forma de sociedad, socialista y desde abajo. Que pueda abolir la propiedad privada de empresarios, capitalistas y lucradores del turismo; organizando la producción, distribución y reparto de la economía de modo tal que pueda plantearse una transición hacia formas de producción y consumo aliadas al territorio del cual es parte.
Claro que este objetivo es parte de un proceso que debe atravesar toda la Patagonia y el país entero para lograr una victoria estratégica sobre el Estado burgués argentino, sus beneficiarios, sus voceros y sus instituciones represivas.
