El sábado, según Anses, 100.000 personas ya habían solicitado de forma online el refuerzo alimentario. Este lunes, se abrió la posibilidad de anotarse en forma presencial y sin turno, generando largas colas en oficinas de Anses de todo el país. Las las extensas filas podían verse incluso desde la madrugada. Son más de 4 millones los que se encuentran sumergidos en la indigencia debido a las políticas de ajuste del Gobierno y la alta inflación, esos números fríos quedaron a la vista, volviendo imposible no observar la aguda crisis social.
Uno de los límites que tiene la medida es que abarca sólo a un sector de la población más vulnerable, quedarán excluidos los que posean algún ingreso registrado (por más pequeño que sea) y los que reciban alguna otra transferencia del Estado, como los que cobran la AUH (Asignación universal por hijo), jubilaciones, Potenciar Trabajo, etc. Aún así, durante la jornada de este lunes no faltaron los casos en que las filas superaron las cuatro cuadras.
Otro de los problemas es su bajo monto. El “refuerzo” anunciado no llega a cubrir ni el 20 % de la canasta básica de una familia estimada por el Indec para el mes de septiembre y el bono se cobrará en noviembre y diciembre.
La pandemia terminó, los empresarios hicieron grandes ganancias, pero la situación social bajo el gobierno del Frente de Todos continúa siendo crítica. La pobreza afecta al 36,5 % de la población, 17 millones de personas. Desde la puesta al frente de Massa, otorgaron grandes beneficios a las patronales como el dólar soja y profundizaron el ajuste para cumplir con las exigencias del FMI. Debido a este rumbo económico es que la pobreza y la indigencia aún están por encima de los niveles de 2016 y de 2019.
El bono es contradictorio con la distribución general de los fondos llevada adelante por el Gobierno. En los primeros 8 meses del año la Asignación Universal por Hijo (AUH) sufrió un recorte del 14 % . En el presupuesto 2023, que se está debatiendo en el Congreso, la seguridad social que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones, pasará de representar el 9,42 % del PBI al 8,8 % del PBI.
Pese a los discursos, en lo esencial la realidad es que sigue en curso el plan de ajuste del déficit fiscal para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, el objetivo es reducir los gastos de Estado y, en ese marco, no hay margen para políticas que permitan mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías.
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