El censo de población y vivienda que debía efectuarse en noviembre de este año, se convirtió en un nuevo punto de cruce entre el oficialismo y la oposición en Bolivia. El Gobierno de Arce firmó un decreto postergando el mismo hasta 2024 mientras que la oposición de derecha exige que se realice en 2023.
El pasado sábado iniciaba el paro cívico en Santa Cruz también y, ese mismo día, se instalaba una mesa de negociación dirigida por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, junto a otros representantes del Gobierno como el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. La oposición estaba representada por el empresario clerical, actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, y Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), que está a la cabeza del denominado comité interinstitucional por el Censo 2023.
El diálogo fracasó ante la decisión de Fernando Camacho de retirarse de manera abrupta de la reunión e impidiendo que los equipos técnicos de la UAGRM y del INE (Instituto Nacional de Estadística) puedan llegar a un consenso sobre la fecha de realización del Censo.
La oposición exige que, para iniciar el diálogo “técnico”, el Gobierno se comprometa a realizar el censo el año 2023. El Gobierno propuso que la fecha sea consensuada y definida, luego de la evaluación por parte de los equipos técnicos y sus respectivas propuestas. Sin embargo, fue la salida intempestiva de Camacho, pateando el tablero, en un intento de evitar retroceder en su posición lo que dejó el “diálogo” en pausa.
Diversos voceros, oficialistas y opositores, afirman que el censo es un tema técnico y que lamentablemente lo están politizando. Resulta increíble que a estas alturas sigan sosteniendo esos argumentos cuando es cada vez más evidente que todo lo que se disputa es de naturaleza política. Los resultados del Censo definen no solo la distribución de recursos económicos y asignaciones presupuestarias, así como los parámetros sobre los que se disputarán las representaciones parlamentarias (a nivel local, es decir, de gobiernos subnacionales, de autonomías indígena originario campesinas, etc.) sino que también sobre la base de sus resultados se espera información que, como algunos señalan, debería estar al servicio de obtener una radiografía, lo más precisa posible, de lo que es la sociedad boliviana y sus contradicciones.
La discusión sobre el contenido de la boleta censal, es decir lo que se va a preguntar y registrar efectivamente, por el momento está todavía ausente. Sin embargo, es ahí cuando, al ritmo y los ánimos que se ven, se espera, que se reabra una nueva fuente de conflictos.
Con todo esto no llama la atención que las tensiones y expectativas por la realización del Censo sea una buena medida y expresión de todo lo que hoy, en una sociedad tan polarizada social y políticamente, está en disputa.
En la primera jornada del paro el día 22 de octubre se registró la muerte de un trabajador municipal, Juan Pablo Taborda. Muerte ante la que se pronunció la CIDH exigiendo que se investiguen los hechos ya que, según declaraciones publicadas en prensa, Taborga junto con su esposa intentaban atravesar un camino bloqueado por los cívicos. Hoy, cuarto día de paro, en horas de la madrugada se produjeron dos enfrentamientos zonas del departamento de Santa Cruz, entre bloqueadores y quienes intentan desbloquear para ir a trabajar.
En este escenario, por un lado los cívicos que encabezan el paro decidieron otorgar licencia para que las personas se provean de alimentos, dando un permiso de 6:00 a 11:00 de la mañana para que los mercados y supermercados funcionen. Por otro, las organizaciones sociales, indígenas y de sectores populares, que están en contra del paro, anunciaron un cerco a la ciudad de Santa Cruz. Hoy en la mañana empezaron los primeros bloqueos, del anunciado cerco, en las carreteras de acceso a Santa Cruz. Esto último provocó la burla del gobernador cruceño, quién “agradeció” que sectores afines al MAS contribuyan al paro departamental.
Por su lado el presidente Arce, a través de sus redes sociales, convocó a un “Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso” a realizarse el próximo viernes 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba. A este encuentro se ha convocado a gobernadores, alcaldes, autoridades indígenas y a rectores universitarios y el mismo habría sido solicitado por organizaciones sociales y pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz con el objetivo de definir la fecha. Al mismo tiempo Arce insiste en que está dispuesto a que la nueva fecha sea definida en base al trabajo de las mesas técnicas.
Los cívicos exigen que, para retomar cualquier diálogo, se convoque a la Iglesia Católica como mediadora. Además, ante la convocatoria de Arce, señalan que la reunión debería realizarse en Santa Cruz este 26 de octubre.
Un escenario nacional cada vez más complejo
El paro cívico cruceño impulsado tras la demanda de censo 2023, se desarrolla en un marco de crecientes dificultades para el gobierno de Arce. Este lunes 24 de octubre, decenas de miles de cooperativistas mineros del oro se movilizaron y bloquearon las principales arterias de la ciudad de La Paz, manteniendo a la ciudad en completo caos. Exigen que el impuesto a pagar por la explotación del oro no supere el 4,5% mientras que el gobierno de Arce exige un mínimo de 6%.
Por otro lado, el magisterio urbano de La Paz se declaró en paró y movilización exigiendo la libertad de sus dirigentes detenidos y el reconocimiento de su directiva sindical recientemente asumida luego de las elecciones departamentales. El gobierno de Arce, a través de su ministra de Trabajo, Verónica Navía, se niega a reconocer una directiva sindical que no le es afín. Contrasta esta política dirigida a los sindicatos, cada vez más represiva y autoritaria, con el trato que este mismo gobierno le ofrece al golpismo agro industrial que lleva adelante una brutal medida de fuerza en el oriente.
El surgimiento de estos conflictos, aunque no estén articulados, empiezan a mostrar una situación cada vez más fluida y que contribuye a la debilidad estructural de las instituciones estatales y del Gobierno del MAS. Todo esto, combinado con una oposición derechista, fragmentada, que con el motivo del Censo intenta reconstruir el bloque social y político que el 2019 contribuyó al golpe de estado. |
