Cuando en mayo de 2017 la periodista Laura di Marco de la revista Noticias le preguntó a Mauricio Macri por qué había elegido a Gustavo Arribas como titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el entonces presidente respondió rápido y sin titubeos: “Pensé, de todos mis amigos, ¿cuál es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol; uno que arrancó de una posición humilde en la vida… Me pareció que resumía todas esas cualidades”.
No se sabe cuánto se deterioró con el paso de los años la amistad entre Mauricio y Gustavo. Pero sin dudas que ese vínculo le sirvió de mucho al expresidente para llevar adelante para beneficio propio todo tipo de tropelías vinculadas con el uso de los servicios de inteligencia. Y como todo se basó en esa gran amistad, es más que lógico pensar que si Arribas es investigado, procesado y juzgado por delitos cometidos al frente de la AFI, Macri también deba dar explicaciones y, eventualmente, sentarse en el banquillo.
Imputado
En las últimas horas el fiscal federal Franco Picardi imputó a Mauricio Macri por sus responsabilidades en la supuesta creación de lo que denominó un “plan sistemático de espionaje ilegal” en tiempos en los que fue presidente. A través de ese armado clandestino, entre otros hechos se habría espiado con fines persecutorios a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y a miembros de la misma familia Macri como Florencia, hermana del exmandatario.
Vale recordar que en los últimos meses Macri venía “zafando” en otras causas por delitos similares, gracias a los favores de fiscales y jueces que decidieron desestimar denuncias de víctimas o cerrar causas abiertas sin haber avanzado como debían. Es el caso de los expedientes por inteligencia ilegal contra familiares de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos, contra familiares de las personas muertas en el submarino ARA San Juan y por la aplicación del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires para seguir a opositores políticos.
En este caso, el fiscal avanzó en la causa que tenía a su cargo. La imputación a Macri quedó plasmada en el escrito de 200 páginas con el que Picardi pide al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la elevación a juicio oral y público. Se trata del expediente en el que se investiga el espionaje ilegal durante 2018 y por el que deberán ser juzgados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo y su segunda en el organismo. También están allí procesados otros dos exfuncionarios de la AFI: Alan Ruiz, entonces jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Martín Coste, a cargo de esa Dirección.
A Arribas, Majdalani y Ruiz se los acusa de espionaje ilegal y también de “falsedad ideológica”, ya que habrían elaborado documentación con contenido distorsionado o directamente inventado para recubrir de una aparente “legalidad” las tareas de inteligencia ilegal. Y a Coste le adjudican la producción de esos documentos falsos.
Para el representante del Ministerio Público, la etapa de instrucción de la causa “está concluida” y es tiempo de pasar al debate donde deberá determinarse si los procesados son culpables o inocentes. A su vez, considera que es necesario avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad de Macri y otros exfuncionarios en los mismos hechos juzgados.
Ni excepcionales ni aisladas
En su escrito, Picardi asegura que “las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas” por la AFI entre 2016 y 2019.
En ese sentido, esas acciones de inteligencia tienen en común “la sospecha de intervención de las máximas autoridades” de la AFI en lo que hace a “la planificación, coordinación y ejecución” de tareas que están expresamente “prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”. Habla de un muy probable “uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal”.
Entre las víctimas de espionaje sobre las que Macri y su entorno podrían haber tenido especial interés el fiscal menciona a Cristina Fernández de Kirchner, a Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice y al periodista Hugo Alconada Mon. En este último caso, el propio cronista de La Nación dijo que el espionaje se dio cuando se encontraba investigando a Gianfranco Macri, hermano de Mauricio (en el marco del caso Panama Papers) y a Angelo Calcaterra, primo del expresidente (por la causa “soterramiento del Tren Sarmiento”).
En el caso de expresidenta, exsenadora y actual vicepresidenta, las tareas de espionaje contenidas en la causa se habrían producido en 2018, cuando personas en actitud sospechosa fueron detectadas durante varios días en los alrededores del Instituto Patria y del domicilio particular de Fernández de Kirchner, ubicado la esquina de Uruguay y Juncal del exclusivo barrio de Recoleta.
“Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI”, escribió el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio. En síntesis, la cosa no debería quedar sólo en Arribas, Majdalani y funcionarios de menor rango, sino que hay que ir más arriba.
Por eso, en un escrito aparte presentado también al juez, se refiere directamente a que, por la multiplicidad de causas abiertas en diferentes juzgados a partir de denuncias de espionaje ilegal en la gestión Cambiemos, “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri”.
A su vez pide que se avance en investigar a las “personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.
Para el fiscal, las tareas de espionaje “se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión”.
Un testigo de identidad reservada relató ante Picardi: “Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo”.
El Estado te espía siempre, gobierne quien gobierne
En su descargo, primero ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y luego ante el propio fiscal, Arribas y Majdalani justificaron ese accionar sobre CFK en supuestas “tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco de la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días”. Por eso, dijeron, crearon una “Dirección de Operaciones Especiales inorgánica” con recursos propios, vehículos, oficinas y personal dirigido por Alan Ruiz.
La denuncia que dio origen a la causa que ahora el fiscal pide elevar a juicio fue presentada en febrero de 2020 por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño, nombrada en el cargo por Alberto Fernández cuando asumió dos meses antes. Caamaño, vale decir, conoce bien “el paño” de la inteligencia estatal desde mucho antes de ser convocada por el Frente de Todos.
En su editorial de este lunes a la noche en el programa “Odisea argentina” (LN+), Carlos Pagni puso especial atención en Caamaño. Sobre todo por lo que habría hecho en tiempos en los que, como fiscal dependiente de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, tenía a su cargo una serie de escuchas telefónicas vinculadas a Alberto Nisman.
Dice Pagni: “Mientras sucede esto, aparece de nuevo en escena el tenebroso Jaime Stiuso y dice: ‘He leído cosas en los diarios por las cuales quiero declarar de nuevo en la causa por la que se investiga al fiscal Nisman’. ¿Qué vio en los diarios Stiuso? Que hay una cantidad de espías que fueron a declarar en la causa que investiga el juez (Hernán) Ercolini por la muerte de Nisman. Y esos espías respondían a su enemigo dentro de la AFI, Fernando Pocino. Él debe temer que lo ensucien a él porque Pocino y sus espías están complicados en el tema Nisman. ¿Por qué están complicados? Porque es bastante evidente que una vez que Nisman hizo su denuncia, la AFI lo mandó a espiar para ver con quién hablaba, quién le proveía información, etc. Y ahora Stiuso va en defensa propia, pero dice ‘voy a dar información que va a complicar al kirchnerismo’”.
“¿Qué información estaría manejando Stiuso?”, se pregunta el editorialista de La Nación. Y responde: “La información que viene de otra causa judicial. Una empresa, Darkstar, hacía investigaciones clandestinas, supuestamente, para una potencia extranjera, para Gran Bretaña. Investigando esto, Stiuso manda con nueva orden judicial, que primero le da el juez Torres y después Ramos, Rodríguez y Lijo, con la que interviene una gran cantidad de teléfonos. Entre otros, el de Pocino. Quiere decir que en la causa Darkstar se seguían las investigaciones de Pocino. Cuando en la oficina en la que se seguían las escuchan ven que hay un registro en esa causa de comunicaciones de Pocino -esto no lo sabemos, pero muy presumiblemente espiando a Nisman-, borran todos esos registros. Esto es lo que iría a denunciar Stiuso”.
Finalmente, Pagni se pregunta “¿quién es la que estaba al frente de esas escuchas? Cristina Caamaño (...) Quiere decir que la misma Caamaño que denuncia a la AFI de Macri por espiar a Cristina, ella también quedaría como encubridora del espionaje clandestino que llevaba Pocino sobre Nisman. Este es el estado de los servicios de inteligencia dentro de la democracia, donde la clandestinidad es transversal, donde el que denuncia también es denunciado”. | 
