Este lunes se produjo la visita de los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso a Melilla, en concreto a la zona fronteriza del Barrio Chino, para estudiar lo sucedido el pasado 24 de junio, fecha en la que murieron entre 23 y 37 inmigrantes debido a la represión de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza. Representantes del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu han acudido al lugar de los hechos, por su parte Ciudadanos, PDCat y Vox han rechazado acudir, este último calificando las muertes como una “farsa”

La visita de los diputados ha recorrido aquellos lugares donde el documental de la BBC “Death on the Border” localizó los cuerpos de algunos fallecidos el pasado 24 de junio. Lugares que se ha confirmado que pertenecían a la jurisdicción española, a pesar de que el ministro de Interior, Fernando Marlaska lo niegue y defienda el papel jugado por la Guardia Civil aquella jornada. Esta última ha confirmado a la delegación parlamentaria el material utilizado en el operativo de aquel día: 28 botes de humo, 86 botes gases lacrimógenos, 65 balas de goma, 41 aerosoles de pimienta y 12 de otro tipo. Además de ello, los diputados han podido acceder a breves grabaciones de los hechos realizadas por el helicóptero y drones de las fuerzas de seguridad españolas.

Tras examinarlo todo, tanto el representante de EH Bildu como de Unidas Podemos, así como la representante de ERC, han coincidido en señalar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad española en la tragedia. "No cabe duda, parte de los hechos más importantes ocurrieron en zona bajo control operativo de cuerpos y fuerzas de seguridad española", afirmaba Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu.

Una parte de dichas imágenes se ha filtrado a medios de comunicación y exponen como efectivamente la policía marroquí pudo acceder a territorio controlado por las autoridades españolas y realizar devoluciones en caliente, en concreto 470 sin procedimiento legal según el Defensor del Pueblo. Además, las grabaciones recogerían el grado de violencia represiva con el que agentes tanto españoles como marroquíes responden al intento de los inmigrantes de acceder a Melilla, en una evidente colaboración entre ambos cuerpos de seguridad.

El conjunto de las grabaciones será visualizado en el Congreso cuando lo decida la Mesa de portavoces. Queda en el aire la posibilidad de que se produzca la comisión de investigación parlamentaria, medida impulsada por EH Bildu y apoyada por Unidas Podemos, CUP, PDeCat, Junts, Más País y Compromís, pero que necesita de los votos del PP para salir adelante. Un apoyo incierto ya que, si bien la derecha niega la responsabilidad de la Guardia Civil en las muertes sucedidas en la masacre de Melilla, sí tiene un interés político en desgastar al gobierno del PSOE-UP y la figura de Marlaska.

Según los impulsores de la comisión esta no sólo serviría para investigar las muertes sino para saber por qué los servicios de emergencia sanitaria españoles no atendieron a los inmigrantes heridos, el por qué las personas subsaharianas no pueden acceder a la oficina de asilo de Melilla y por qué se produjeron las 470 devoluciones en caliente de potenciales refugiados. Además de por qué estas últimas las hicieron agentes marroquíes en territorio español.

El PSOE afirma que la visita únicamente ha servido para reforzar opiniones preconcebidas y afirma que la investigación propuesta forma parte de una estrategia política por parte del resto de partidos y no busca obtener la verdad. Mientras que Enrique Santiago, aliado del Gobierno, diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, ha señalado: "Las víctimas se han producido en territorio bajo la autoridad española. No entro a valorar si es territorio marroquí o español o tierra de nadie. La tierra de nadie no existe en Derecho. Las muertes ocurrieron clarísimamente en territorio controlado normalmente por las autoridades españolas".

Curiosas declaraciones considerando que, a fines de septiembre, cuando Marlaska consideró “proporcional” la actuación policial que costó la vida de 37 migrantes, el propio Santiago cuestionó este calificativo, pero defendió que el gobierno español no tuvo ninguna responsabilidad. El doble discurso del PCE y Unidas Podemos no tiene límites.