Hace un año Alejandro Martínez murió en una comisaría de esa ciudad bonaerense. Como siempre, el ministro del Frente de Todos defiende a los sospechosos de matar y robarle a la víctima. Dos autopsias y un testigo desnudaron el encubrimiento. Este viernes la familia marcha por justicia, mientras es atacada por los policías que esperan el juicio en libertad. De eso no habló Cristina en La Plata.
En su discurso de este jueves frente a miles de militantes en La Plata, Cristina Fernández de Kirchner habló de “gatillo fácil”. Usó para ello los casos de Lucas González, el pibe jugador de Barracas Central asesinado hace un año por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; y la Masacre de Monte, donde la Bonaerense se cargó a cuatro adolescentes durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Es curioso que CFK haya afirmado que “hay un fenómeno de autonomización de las fuerzas de seguridad (respecto) de la decisión y del poder político”. Como si las policías (instituciones verticalistas si las hay) actuaran realmente a espaldas de presidentes, gobernadores y ministros. Más allá del guiño a sectores de centroderecha y de centroizquierda que comparten ese diagnóstico (casi convertido en teoría), la vicepresidenta fue falaz.
Sin ir más lejos, frente a ella estaba el gobernador Axel Kicillof, quien lleva tres años encubriendo decenas de casos de gatillo fácil, torturas, falsos suicidios en comisarías y cárceles, causas armadas y demás crímenes a manos de la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses. Por eso CFK no nombró a Facundo Astudillo Castro, ni a Brandon Romero, ni a Alan Maidana, ni a Fernando Leguizamón, ni a Francisco Cruz, ni a Lucas Verón, ni a Luciano Olivera, ni a Daiana Abregú ni a tantas otras víctimas de la violencia estatal bajo la gestión del Frente de Todos.
Tal como hizo mención al caso de Lucas González, Cristina bien podría haber nombrado el de Alejandro Martínez, el hombre de 35 años que el 18 de noviembre de 2021 murió en la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú y por cuyo crimen irán a juicio nueve efectivos de la Policía Bonaerense.
Un caso en el que, como suele hacerlo, el ministro de Seguridad Sergio Berni (en ese entonces aún kirchnerista) se subió al carro de las fake news y lanzó definiciones degradantes contra la víctima con el objetivo de encubrir a sus subordinados. Berni (¿hay que recordarle a la vicepresidenta?) sigue siendo ministro de Seguridad con la banca explícita de Kicillof.
Durante once meses la causa judicial por el crimen de Martínez se llenó de pruebas. En septiembre el fiscal Martín Prieto de la UFID 2 de Mar del Tuyú cerró la etapa de instrucción y a mediados de octubre el juez Diego Olivera Zapiola (titular del Juzgado de Garantías N° 4 de esa ciudad) ordenó la elevación a juicio contra los nueve acusados. Ahora la familia de Martínez y la Comisión Provincial por la Memoria (que actúa como querellante institucional en la causa) esperan que la Cámara de Apelaciones de Dolores confirme la elevación a juicio.
Los oficiales José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche serán juzgados por coautores del “homicidio triplemente agravado” (por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de la fuerza de “seguridad”). Son quienes detuvieron y golpearon al hombre, probablemente hasta el momento mismo de su muerte.
La lista se completa con los oficiales Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Paola Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos, a quienes se los acusa de “partícipes secundarios”, por haber ocupado puestos aquella noche en la comisaría, no haber hecho nada para impedir el homicidio y haber hecho mucho para encubrirlo. Los seis están libres y se pasean sonrientes por las calles de San Clemente.
A mano armada
La noche del miércoles 17 de noviembre Martínez ocupaba una habitación del Hotel Fontainebleau de la ciudad costera. Pasada la medianoche, según las versiones oficiales, personal del hotel llamó al 911 diciendo que desde la habitación salían ruidos fuertes y el huésped se mostraba “agresivo”. La Comisaría Tercera mandó dos patrulleros.
Los policías llegaron y subieron al séptimo piso. Allí encontraron a Martínez sentado en una escalera fuera de la habitación. Luego de un rato lo esposaron. No opuso resistencia. La imagen captada por una de las cámaras del Fontainebleau (que se difundió ampliamente) muestra que lo sacaron del hotel caminando, descalzo, en shorts y sin sus anteojos. Vale decir que, por una discapacidad producto de un accidente laboral, los lentes le eran indispensables para moverse.
En esa breve filmación (editada) no se ve a los policías transportar ningún objeto del detenido. Pero la familia denuncia que Martínez tenía, además de otras pertenencias, una mochila con una importante cantidad de dinero. Era parte de la indemnización por el accidente que lo dejó casi ciego y con la que pensaba desarrollar un emprendimiento en San Clemente. El dinero nunca apareció. Ni la administración del hotel ni la Policía reconocen siquiera haberlo visto.
Menos de dos horas después, la misma Policía llamaba al Hospital de San Clemente para informar que el cadáver de Martínez yacía en un calabozo de la Tercera. Como se relató en otro artículo de este diario, durante esas primeras horas la Bonaerense mintió y Berni reprodujo cada una de esas mentiras.
La construcción del relato
Pocos días antes de la muerte de Martínez, su hijo había cumplido cuatro años. Si bien llevaba tiempo separado de Laura Laganá Santillán, la relación entre ambos progenitores era buena. “Ese miércoles me mandó un mensaje de Whatsapp diciéndome que al otro día me iba a depositar el dinero que habíamos convenido por alimentos, me dijo que lo tenía preparado en su mochila”, dice la mujer que vive con su hijo en La Plata. Ése fue el último mensaje que recibió de Alejandro.
Laganá Santillán fue una de las primeras en sufrir la mentira. “A las once y media de la mañana del jueves una mujer me envió un mensaje por Facebook, decía que era del área de Investigaciones de la Policía y buscaban a algún familiar de Alejandro. Pensé que era una broma. Pregunté qué necesitaba. ‘Es urgente’, me respondió antes de hacerme una llamada de Facebook. Me dijo que Alejandro había fallecido ‘en la vía pública, a las dos de la mañana, por un infarto por sobredosis’. Quedé shokeada”, relata a La Izquierda Diario.
Juan Carlos Martínez, hermano de Alejandro, vive en Brandsen junto al resto de la familia. Salió para San Clemente apenas su excuñada lo llamó para avisarle. Tras recorrer más de 260 kilómetros, llegó a la Comisaría Tercera. No le dijeron lo mismo que a Laura. “Su hermano falleció acá, en el calabozo, por sobredosis de drogas”, le escupieron. Luego dirían que, si el cuerpo tenía alguna herida, se las había “autoinfligido” en el hotel.
“Ni en los años que estuvimos juntos ni cuando venía a casa estando ya separados lo vi drogado a Alejandro”, dice la mujer aún indignada. “Puede ser que haya tenido una crisis nerviosa, seguramente habrá sido amenazado o algo. Pero parecía estar bien. De hecho cuando lo sacan del hotel, esposado, descalzo y sin sus anteojos, no se lo ve ni golpeado, ni rasguñado, ni dolorido”, agrega.
A la familia nunca la llamaron para reconocer el cuerpo. Después de veinte días lo entregaron en un cajón cerrado y sellado. “Teníamos muchas dudas, no sabíamos si estábamos velando a Alejandro o a otra persona”, dice Laura. Ella es abogada, con lo que no tardó en identificar muchas irregularidades. Pidió acceder a las fotos de la autopsia. “Fue muy duro ver eso, no hay parte del cuerpo, de la cabeza a los dedos de los pies, que no estén golpeadas, quebradas o con moretones”, denuncia.
Berni tiene patas cortas
Como siempre lo hizo y lo hará, cuando el caso trascendió a los medios masivos, Berni salió raudo a reproducir la versión policial. Sin pruebas, dijo que Martínez había sido detenido “tres veces en menos de una semana”, que lo encontraron “totalmente drogado tirado en la calle” y hasta que intentó “robar en una casa”. También adjudicó a “autolesiones” por “un brote” las heridas y hematomas halladas en el cuerpo.
El ministro cuestionó por “superficial” la autopsia que realizó el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora. “No me cierra”, dijo. Junto a los abogados de los nueve policías, pidió una nueva autopsia. Esa segunda pericia (realizada también en Lomas de Zamora con peritos de la Bonaerense y de la familia de Martínez presentes) confirmó las conclusiones de la primera y sumó más evidencias.
Para los peritos, Alejandro murió por “un cuadro asfíctico tanto por sofocación (obstrucción o taponamiento de las cavidades naturales -las lesiones en labio nariz y cavidad bucal permitirían inferir un mecanismo de forcejeo-) como compresión extrínseca tóraco abdominal y un tercer factor conocido como asfixia posicional (víctima acostado boca abajo y sujeto)”.
A su vez el cuerpo tenía una lesión expuesta semicircular de 7 centímetros de diámetro, que sugiere un “mecanismo de malos tratos (...) compatible con el golpe o choque con o contra un elemento figurado”. Podrían ser puños, nudillos, zapatillas o bastones. Esa lesión “ha tenido una intensidad tal que es responsable de las lesiones” en tres de las costillas, que al perforar uno de los pulmones condujeron a la muerte de Martínez.
Con los resultados de ambas autopsias sobre la mesa, Berni no habló más del caso. “Se equivocó desde el primer momento, sin tener ninguna constancia dijo que Alejandro era un adicto, un ladrón y un montón de cosas horribles. Pasó un año y Berni ni siquiera nos pidió disculpas”, dice Laura Laganá Santillán.
No es esperable que Berni pida disculpas. De hecho en junio de este año, ante la muerte de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida, volvió a mentir para encubrir. Lo mismo que en muchos casos previos al de Martínez o en hechos recientes como la represión en la cancha de Gimnasia donde murió Lolo Regueiro. Además, en común con los abogados de policías y con jueces y fiscales cómplices, siempre busca desviar las causas hacia callejones sin salida.
Si para muestra alcanza un botón, allí está el expolicía de la Federal y abogado penalista Rubén Adrián Fernández, quien defiende a dos de los policías procesados en el caso Martínez y a uno en el caso Abregú. En ambas causas el “doctor” llegó a inmiscuirse en salas de autopsias y ateneos periciales, algo prohibido por el Código Procesal. Todo bajo la tutela de Berni y otros funcionarios del Frente de Todos.
Este viernes, familiares, amigos y vecinos de Martínez marcharán por las calles de Brandsen para exigir justicia. Desde las 19 se concentrarán en la plaza principal del pueblo. Allí contarán a quien quiera escucharlos todo lo padecido en este año. A su vez denunciarán a los responsables materiales del crimen y a sus encubridores.
Provocadoramente, 24 horas antes en San Clemente hubo otra marcha. No por Martínez, sino por los policías. La convocatoria estuvo a cargo de la oficial Paola Mansilla, una de las procesadas, quien armó un evento de Facebook con la cita. Las consignas: “¡¡A un año de injusta prisión!!”, “¡Libertad x 3! ¡Justicia x 9!” y “Vivir no es respirar… devuelvan la vida a los inocentes”. Para alivio de los seres queridos de Martínez, a la marcha apenas asistió un puñado de la “familia policial”.
Mansilla es un eslabón central en el relato oficial. Cumplía funciones de “imaginaria” esa noche (custodia de las celdas). Es decir que sabe todo lo que pasó. Ante el Poder Judicial dijo que sólo vio a Martínez “hablando incoherencias”, “caminando por la celda” y “respirando agitadamente” hasta que, a los pocos minutos, notó que estaba “muy quieto tirado en el colchón” y avisó a sus superiores.
Pese a la indignación que generó en familiares y amigos de Martínez, la “marcha” en favor de los policías es un capítulo más en esta historia de ataques y provocaciones. “Es una lucha de cada día”, dice Laura, la expareja de Martínez, para quien el hombre “era una buena persona, un trabajador que quería a sus hijos”.
“Queremos justicia, no podemos creer lo que pasó”, reitera. “Siempre pensás que cosas así nunca te van a pasar, lo ves por televisión a diario pero nunca pensás que te va a tocar a vos. Menos de esta manera, de un día para el otro. Es una pesadilla, como un cuento de nunca acabar”, agrega masticando bronca.
Buscando explicaciones, Laura dice que “a Alejandro lo tenían que cuidar, no matarlo, si cometió una contravención, no tenían por qué llevarlo a una comisaría. Hay un testigo protegido que escuchó gritar a Alejandro que lo estaban golpeando y ultrajando. Él vio cómo lo arrastraban mientras pedía ayuda”, agrega en relación a uno de los elementos clave de la causa que motivó el procesamiento de los nueve efectivos.
“Queremos que se esclarezca todo lo que pasó, que los culpables, tanto los coautores como los partícipes, paguen su condena. Ya sea por acción u omisión, estuvieron ahí, vieron lo que se le estaba haciendo mal a alguien, que lo estaban matando y no pueden hacer como que no saben nada”, sentencia a la espera de que la Cámara de Apelaciones de Dolores diga finalmente cuándo será el juicio.
