Como hace varios años, desde las 16 horas la plaza Congreso, se fue llenando de pañuelos, carpas y niñeces saltando la soga o dibujando. Pero este año el comentario fue común: "Hay más gente". Es que la marea verde de las pibas con quienes venimos de ganar el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital creó una mejor época para hablar. Romper el silencio.
Junto con mi compañero de vida, soy tía protectora de dos adolescentes y soy militante de Pan y Rosas. También enfermera del hospital Garrahan y desde ese doble rol intervine en la asamblea de familiares protectores.
Con nuestras sobrinas no tenemos ningún vínculo biológico, nos conocimos ocasionalmente y es un vínculo de corazón. Eso significa que nos pidieron ayuda, les creímos y las ayudamos para irse del lugar donde eran violentadas. Existe la definición de familia protectora por dos razones. El 80% de los abusos contra niñas, niños y adolescentes son intrafamiliares y afectan a una de cada cinco mujeres y a uno de cada trece varones. La familia tradicional impuesta para mantener la dinámica de explotación laboral no protege, violenta. Y, por otro lado, no por el orden menos importante, el estado es responsable de la reproducción de esta vulneración sistemática de derechos contra las niñeces y adolescencias.
La revictimización judicial se llama ruta crítica. Eso significa que se empieza a violentar la situación. En nuestro caso, en un año y medio fuimos 8 veces a instituciones administrativas, 21 veces a las judiciales, una vez a la policial, 15 intervenciones en las educativas y 13 a las de salud. Además de horas de llamadas a las líneas telefónicas especializadas, sin respuesta, orientación o asesoramiento: 144, 102, 137, las de organismos de protección, así como la Dirección General de Escuelas. Tampoco ningún organismo administrativo, judicial ni policial se contactó, ni con la escuela de origen, ni con la nueva vacante conseguida por los tutores. El ministerio de la mujer del kirchnerismo es solamente un cambio discursivo. La salud y la educación que fueron vaciadas durante décadas, hoy siguen vaciadas para pagarle al FMI.
Las leyes contra la revictimización no tienen implicancia alguna en la realidad. Los juzgados y ministerios no se van a acercar a una perspectiva de género con cursos que establece la Ley Micaela. Hay que arrancarles la piel. Es necesario cambiar el bando del poder. Es necesario empezar por reproducir la potencia de la marea verde también para ganar derechos para las niñeces y adolescencias.
Todo esto tiene nombre y apellido: Massa, Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, son quienes recortan los presupuestos de salud y educación para pagarle al FMI. Larreta en capital directamente mantiene salarios por debajo de la línea de pobreza y vacía los equipos. Ante una situación tan crítica, las prioridades son otras. No se puede evitar hablar del ajuste en curso y a la par, hablar del derecho a las niñeces y adolescencias.
En nuestro caso cinco instituciones públicas rechazaron la admisión de atención psicológica ambulatoria por falta de profesionales.
"Revelar, reparar, y visibilizar el abuso sexual en red", es una ONG en la que luego de la entrevista de admisión comienza la atención psicológica y psiquiátrica individual para las adolescentes, así como orientación grupal y legal para familiares protectores.
Una tercera parte de mi sueldo como enfermera del hospital Garrahan se va en atención psicológica, psiquiátrica y en medicación indicada. Y eso es una situación de privilegio. Sin contar el acceso a la vivienda, la alimentación, la escolaridad. Ninguna asistencia estatal.
El avance del ajuste económico profundiza la consecuencia que ya genera que los programas estatales tengan estructuras vaciadas, falta de personal, recursos y profesionales en el sistema de salud. Se suma la precarización de los que se encuentran trabajando. Esta situación deja a millones de nuevas familias bajo la línea de pobreza sin atención.
Las ONGs actúan como colateral de un estado, brindando en forma privada lo que por ley debe ser un derecho de toda niña, niño y adolescente. Debería hacerlo el estado. La necesidad de exigir presupuesto para salud y la articulación efectiva del abordaje es acuciante y la única forma de que la igualdad de derechos descriptos en la letra de la ley tenga un correlato en la vida real de niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situación de violencia por motivos de género.
¡Exijo presupuesto ya, por mis sobrinas y por mis pacientes! | 
