Una discusión que le importa a muy poca gente: los lugares de los partidos patronales dentro del Consejo de la Magistratura. La institución que participa en la elección y remoción de los jueces es, de por sí, completamente antidemocrática. Se trata de escasas 20 personas representando corporativamente a los distintos estamentos del Poder Judicial y a los partidos patronales. Si algo le faltaba a esa instancia es quedar bajo la supervisión directa de la Corte Suprema de Justicia, el organismo más aristocrático del Poder más aristocrático y menos controlable, dado que sus integrantes se seleccionan por mecanismos completamente restrictivos y limitados.
Lo que se debate, por estas horas, es quiénes ocuparán los lugares que corresponden al Senado en este ámbito. La Corte Suprema decidió, hace pocas semanas, que ese lugar es para Luis Juez, el derechista senador cordobés de Juntos por el Cambio. El hombre acaba de ser denunciado pro amenazas en su propia provincia, luego de que insultara a una mujer en la vía pública.
Sin embargo, el Frente de Todos -dirigido en la Cámara alta directamente por Cristina Kirchner- se negó a aceptar ese fallo y, la semana pasada, ratificó a Martín Doñate como integrante del Consejo. El senador kirchnerista había accedido a ese lugar luego de una maniobra política realizada por el propio oficialismo en el Senado. Una pequeña “trampa” que consistió en dividir su bloque, de manera completamente artificial, para quedarse con dos cargos en el mismo Consejo.
Este jueves, intentando hacer mediar a la casta judicial en ese conflicto, Juez acaba de denunciar penalmente a la vicepresidenta por no haber acatado el fallo.
La interna carece de interés para la inmensa mayoría de la población. Se dirimen asuntos que afectan -poco y nada- la vida diaria del pueblo trabajador. Al mismo tiempo, las fuerzas que protagonizan la pelea, tienen coincidencias fundamentales en el plano de la política económica, donde comparte la agenda de ajuste ordenada por el FMI.
El kirchnerismo presenta estas tensiones como parte de una "lucha" contra el Partido Judicial. Sin embargo, es una lucha que nunca pasó de las palabras o las maniobras. En los tres gobiernos de ese espacio político nunca se afectaron seriamente los privilegios de jueces o fiscales.
La derecha lo presenta como una "defensa de las instituciones". Nada más falso; la alianza existente entre Juntos por el Cambio, gran parte del Poder Judicial y los grandes medios de comunicación opositores funciona como herramienta para garantizar los intereses del gran empresariado que piden más ajuste y menos derechos para la clase trabajadora.
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