A fines de octubre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento su proyecto de reforma de la seguridad social. Más allá de algunos cambios y retoques, en lo fundamental continúa la línea del anteproyecto presentado por el gobierno hace algunos meses siguiendo las recomendaciones de la “Comisión de expertos” creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que trabajó desde fines de 2020 encabezada por Rodolfo Saldain.
Como no podía ser de otra manera el proyecto de Lacalle y compañía está hecho a la medida de los empresarios y siguiendo las recomendaciones del FMI y los organismos internacionales de crédito.
Entre sus propuestas principales se destacan:
Se avanza en la privatización de la Seguridad Social, expandiendo las Afaps a todo el sistema.
Actualmente el sistema mixto con Afaps de 1996 es voluntario para el 80/85 % de las personas, pero con la reforma se tornará obligatorio y los aportes personales irán a una cuenta individual administrada por sociedades anónimas. Es decir que se le da mayor participación a las AFAPS ampliándose el negocio empresarial de la capitalización individual a toda la población, extendiéndose a todas las cajas (las que habían quedado excluidas en la reforma del 96) y cualquiera sea el salario de las personas. A su vez se incluyen todos los nuevos trabajadores/as luego de 6 meses de vigencia de la ley, al tiempo que se derogan las posibilidades de desafiliación de Afaps.
No podemos olvidar que las ganancias de las AFAPs, producto de las comisiones que cobran a los afiliados, son de las más altas en América Latina y alcanzaron solo el año pasado los 12 millones de dólares.
Se sube la edad para jubilarse a 65 años, en lugar de los 60 años actuales. El gobierno, sabiendo esta es una medida antipopular pospuso el comienzo de este cambio por algunos años, pero las personas que hoy tienen 45 años o menos tendrán que trabajar hasta los 65 para acceder a la jubilación.
Supuestamente hay algunos rubros que quedan por fuera de este aumento en la edad, pero las condiciones que se exigen lo hacen imposible para la mayoría; por ejemplo en la construcción se exigen 20 años en dicha actividad, y 8 de los últimos 10 también en la misma; cuando hoy alrededor del 70% de los trabajadores de la construcción son zafrales.
No solo se aumenta la edad para jubilarse a 65 sino que el proyecto plantea que luego de algunos años se aumentará automáticamente la edad jubilatoria al quedar atada a la evolución de la esperanza de vida; si esta aumenta, automáticamente aumentará la edad exigida para jubilarse.
Con la reforma bajarán los importes de las jubilaciones a percibir: Un informe técnico del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el Banco de Previsión Social (BPS) plantea que en 2043, cuando el nuevo sistema previsional entre plenamente en vigencia, una persona con un salario promedio de 30.000 pesos cobrará una jubilación de 19.973 en lugar de 22.412 pesos. Un 16% más bajo respecto del régimen actual. Y en 2050, ese mismo trabajador ganará 17.481 pesos, un 22% menos que con el sistema actual, y con cinco años más de trabajo.
Las rebajas serán más grandes para los trabajadores que ganan entre 50.000 y 70.000 pesos. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo promedio de 60.000 pesos cobrará un 38% menos en 2050, en comparación con el régimen vigente, por el cual tendría una jubilación de 45.666 pesos. Con reforma, en cambio, percibiría una de 28.411 pesos.
La reforma plantea un cambio en los cómputos para el calculo del “sueldo básico jubilatorio”. Con la nueva ley se calculará en función del promedio mensual del “valor actualizado de las asignaciones computables de los mejores 25 años de trabajo” mientras que el criterio del régimen actual tiene en consideración los últimos diez años o los mejores 20 años de aportes. De esta manera, tendrán más peso en el calculo los primeros años de trabajo, cuando generalmente se gana menos.
Se reducen en general, los montos a percibir por jubilaciones por incapacidad para todo trabajo y el subsidio transitorio hasta por 3 años para el trabajo habitual. También habrá recortes a la pensión por viudez.
Se mantienen privilegios de la Caja Militar. Una Caja que genera un déficit de 500 millones de dólares anuales y con algunos privilegiados que cobran altas jubilaciones sin ningún impuesto que los afecte (a diferencia de las otras cajas). Además el proyecto establece que algunos escalafones seguirán jubilándose más temprano: sargento 2° y suboficial 2° clase: 57 años, cabo 1° y equivalentes: 55 años, cabo 2° y equivalentes: 55 años, soldado 1°, marinero 1° y equivalentes a los 53 años.
El derecho a una vejez digna
Frente a este régimen político que quiere que trabajemos más años y luego nos condena a jubilaciones miserables, los trabajadores tenemos que luchar por imponer una salida que beneficie a las grandes mayorías.
El régimen actual, y que el gobierno quiere profundizar aún más, se sostiene en base a los aportes de las y los trabajadores mientras los aportes empresarios están reducidos al mínimo. Con la reforma del 96 la jubilación se transformó en una mercancía en manos del capital financiero (las AFAPs) que busca solamente el lucro y maximizar sus ganancias y hoy el gobierno pretende extender este negocio a todos los subsistemas.
Desde que empezó a hablarse de la reforma de la seguridad social desde La Izquierda Diario venimos señalando que en todo caso es este modelo empresarial es el que hay que reformar, para que aquellas y aquellos que han trabajado toda una vida (cobrando también sueldos bajos) accedan una vejez digna. La jubilación es un derecho que las y los trabajadores nos ganamos luego de décadas de explotación en nuestros trabajos. Para financiar la reforma de la seguridad social hay que aumentar los aportes patronales (que en algunos sectores como los rurales es de menos del 2%) terminar con los subsidios, exoneraciones y zonas francas, todas medidas de “promoción de inversiones” (como las que usufructúa la multinacional UPM) que lo que hacen es darle todo tipo de ventajas a los empresarios a costa de sacarle derecho a los trabajadores. Además de terminar con las jubilaciones de privilegio, en especial de la casta militar.
Para enfrentar seriamente esta reforma que quiere imponer la derecha no alcanzan con paros parciales o aislados; es responsabilidad del PIT-CNT convocar a un verdadero plan de lucha, que apele a la movilización popular masiva para derrotar el proyecto de Lacalle y sus socios.
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