El paro de los camioneros llegó a su fin luego de ocho días. El conflicto gremial se transformó en la principal crisis política de las últimas semanas. La autoridad del gobierno se vio desafiada, quien terminó jugando el rol de títere de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC). Las principales decisiones estratégicas durante el conflicto no fueron tomadas por el gobierno de Gabriel Boric, sino por los gremios empresariales.

Por lo mismo, lejos de las caricaturas de la derecha y el progresismo, este paro tiene particularidades que hay que desentrañar para comprender mejor la situación política y social que atravesamos.

Respecto a las franjas de clase involucradas, hay que destacar que la movilización no fue protagonizada por los grandes gremios patronales. Los dueños de grandes flotas de camiones se agrupan en la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), dirigida por Sergio Pérez. También está la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) de Juan Araya, recordada es la paralización que este gremio encabezó en 1972 durante la Unidad Popular.

Quienes asumieron el protagonismo en las calles fueron pequeños y medianos empresarios del transporte, agrupados en la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) Biobío, la agrupación Fuerza del Norte, la Asociación Gremial de Dueños de Camiones (Agreducam) Alto Hospicio, Federación de Camioneros Centro Sur y Utramag. Se trata de dueños de flotas más pequeñas que no son los que se ganan las licitaciones directas con las grandes industrias.

Más allá de las divisiones y disputas entre gremios, lo cierto es que los grandes camioneros aprovecharon las movilizaciones de quienes catalogaron como “descolgados” para lograr un mejor acuerdo con el gobierno. Efectivamente, la CNTC y la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (FedeQuinta) lograron sellar un acuerdo con el gobierno el domingo, quien cedió frente a las principales demandas patronales.

Los gremios más chicos siguieron movilizados y sólo bajaron el paro cuando la conducción directa de las negociaciones la asumió Juan Sutil la CPC. Tal como indicó Sutil, “vamos a trabajar en conjunto para fortalecer a los gremios del transporte menor, para que ellos puedan tener mejores condiciones habilitantes para poder participar también en licitaciones y conseguir que eso tenga acceso para todos de mejor forma”.

La gran burguesía, expresada tanto por la CPC como por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) le había quitado el piso al paro de los gremios “descolgados”. Exigieron la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y amenazaron con no cumplir los pagos a los camioneros movilizados. Dos factores fundamentales los empujaron a destensionar y asumir de árbitros: el riesgo en la cosecha de la fruta en este momento del año y la enorme debilidad en la que podía quedar el gobierno de no controlar la situación.

Esto último es relevante, puesto que además de la constelación de fuerzas de clase en disputa (pequeña burguesía y medianos empresarios, gran burguesía, gobierno como conducción del Estado), la movilización tenía un correlato político. Los gremios movilizados fueron apoyados por el Partido Republicano y por el Partido de la Gente. El mismo Franco Parisi se jactaba de hablar diariamente con uno de los líderes camioneros.

Los camioneros movilizados tenían diversas demandas. El centro era fortalecer los mecanismos que les permiten competir en el mercado y mantener sus ganancias, ya sea a través del congelamiento del valor del diesel, como también a través de beneficios tributarios. Asimismo, exigían un mayor despliegue policial en las carreteras, con un discurso que fortalece la agenda reaccionaria. A través de estas demandas buscaron hacerle política al resto de la población, causando simpatía en sectores descontentos por la crisis y el gobierno.

La única demanda que va a favor de los choferes (y no sólo a sus patrones, los dueños de los camiones) es la construcción de nuevas zonas de descanso. Efectivamente, quienes tienen que soportar largas jornadas laborales sin descanso y sin poder ver a sus familias. Con contratos precarios y con sueldos que muchas veces dependen de la cantidad de vueltas. Los beneficios a los dueños de los camiones no significarán mejores condiciones a los choferes. Sin embargo, los trabajadores no fueron un factor independiente en este movimiento. Por el contrario, actuaron como base maniobra de los empresarios. Que los choferes tengan sus propias organizaciones y demandas es un problema estratégico. Decir que los choferes son golpistas y derechistas por el solo hecho de trabajar arriba de un camión es hacerle un gran favor a los dueños de camiones.

¿Desde cuándo ser de izquierda es exigir la aplicación de leyes represivas?

En el marco de una crisis orgánica, en donde los sectores sociales se separan de sus representaciones políticas tradicionales y surgen nuevos fenómenos políticos, la gran burguesía está empeñada en reconstruir un nuevo “centro burgués” con eje en la centroderecha “responsable”. Para que esto sea posible, necesitan que el gobierno recomponga la autoridad del Estado con mayores medidas bonapartistas.

La exigencia de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado no puede entenderse por fuera de esto. Resulta indispensable dar una señal de orden y así legitimar esta ley represiva frente a cualquier movilización. Había que aprovechar que todo el progresismo clamaba en el mismo sentido.

La editorial de La Tercera lo explica con toda claridad: “las negociaciones que llevó a cabo el gobierno para desactivar el paro de los camioneros no dejan demasiado margen para la celebración, porque si bien se logró el objetivo de terminar con una movilización que estaba empezando a provocar graves trastornos en la cadena logística así como en diversos rubros productivos, a su vez dejó sentados una serie de precedentes muy complejos, particularmente el que las medidas de presión -incluso desbordando la legalidad- sean vistas como un vehículo efectivo para lograr de la autoridad la concesión de beneficios particulares”.

La izquierda cayó en la trampa. Se sumó al coro de la gran burguesía que exigía mano dura. Ese es el verdadero “chantaje” que estaba en juego. Jorge Sharp ofició como uno de los principales voceros desde la izquierda de quienes exigían la aplicación de las leyes represivas. Los representantes de los grupos empresariales, sus editorialistas y políticos no tenían dobles interpretaciones al respecto: aplicar la Ley a los camioneros es fundamental para luego aplicarla a todo quien desafíe la autoridad del Estado y el control de las carreteras. Esto no quita, por supuesto, que la aplicación de la Ley de Seguridad Interiod del Estado a los camioneros es una jugada más mediática que real, porque claramente la represión contra ellos no tiene comparación con la que sufren las y los trabajadores, estudiantes, pobladores, mapuche que se movilizan y cortan las rutas.

¿Desde cuándo ser de izquierda es llorar que el gobierno no aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado?

Históricamente los dueños de camiones han sido golpistas. Sí. Detrás del paro de los gremios más chicos estaba se notaba la mano del Partido Republicano y el Partido de la Gente. También. Pero si hablamos de golpismo, entonces hagamos un poco de memoria.

Durante el paro patronal de 1972 se abrieron dos grandes caminos para enfrentar la crisis: el de la autoorganización de la clase trabajadora y el pueblo que tuvo a los cordones industriales como su expresión más avanzada (que surgieron justamente para enfrentar el paro camionero); y el impulsado por el gobierno de Allende que militarizó el país, decretó el estado de excepción e integró a los militares al gabinete (lo que junto a la Ley de Control de Armas legitimaría los allanamientos a los cordones industriales y la represión a la vanguardia obrera previa al golpe del 11 de septiembre). Ya sabemos en qué terminó este último camino.

Naturalmente, hoy el contexto es muy diferente. Pero que sirva la analogía para la reflexión. Exigirle al Estado que combata las movilizaciones patronales a través de medidas represivas o bonapartistas es un boomerang que luego golpeará contra todas y todos quienes se movilicen por sus legítimas demandas. Y, como sabemos, el Estado golpea mil veces más fuerte si el blanco son las y los explotados y oprimidos. La tarea de enfrentar a la derecha sólo pueden asumirla las organizaciones populares y de la clase trabajadora.

El problema del paro es que los gremios de los camioneros mostraron mucho más disposición de combate del que han mostrado los grandes sindicatos. Si éstos apenas tuvieran el 10% de la disposición de lucha que mostraron los gremios patronales, entonces la conquista de un programa obrero de emergencia frente a la crisis y la inflación no sería una consigna de unos pocos.

Los camioneros paralizaron las carreteras. Gracias a esto obtuvieron sus demandas, con un costo potencial para el fisco del orden de los US$ 2.300 millones (lo equivalente a 40 hospitales de mediana complejidad). Los camioneros no sólo aplicaron métodos de acción directa, sino que buscaron hacerle política (hegemonía) a sectores de trabajadores y del pueblo descontentos con el gobierno y los costos de la crisis. Acción directa y hegemonía. ¿Por qué los sindicatos no hacen lo mismo, pero exigiendo demandas contra el gobierno y las grandes patronales en beneficio no de unos pocos, sino del conjunto de la clase trabajadora?

Hoy la Mesa del Sector Público se encuentra en negociación con el gobierno y en movilización. Pero sus dirigencias están lejísimos de igualar la disposición de combate de los camioneros, y también muy lejos de igualar las movilizaciones históricas que ha protagonizado el sector público en años anteriores. Por el contrario, siguen haciendo movilizaciones que no le hagan olitas e incomoden realmente al gobierno. Y es que sus dirigencias son de los mismos partidos de gobierno.

Si no toman nota y pasan a la acción, no se pueden quejar de que avance la derecha.