Alrededor de sesenta personas de los barrios aledaños a Porta S.A., junto a organizaciones socioambientales de distintas localidades de la provincia llevan adelante desde la tarde del jueves un acampe en los accesos del establecimiento, ante la falta de respuestas judiciales y municipales a sus reclamos.
Los habitantes de la zona vienen denunciando hace años que la planta emite gases tóxicos que afectan la salud de los habitantes del sector y exigen a la Municipalidad de Córdoba la erradicación de la empresa y el cese de su producción. En octubre del 2013, presentaron un amparo en la Justicia provincial por contaminación ambiental, que fue archivado por el fiscal José Mana por considerar que no existe tal delito por parte de la empresa. Sin embargo, apelada la medida, la cámara resolvió desarchivar la causa y seguir investigando.
En abril de este año, varias mujeres del barrio se encadenaron a la Municipalidad pidiendo una audiencia con el intendente Ramón Mestre, pero sólo obtuvieron la promesa del viceintendente, que nunca se efectivizó.
En declaraciones a los medios, los manifestantes plantearon que el intendente es “cómplice porque lejos de solucionar el conflicto, otorgó una prórroga de la habilitación para que Porta opere en la planta”. También señalaron que tomaron la decisión del bloqueo para impedir que los camiones con maíz entren a la planta, que los fines de semana incrementa su producción y torna el aire prácticamente irrespirable.
Aún sin novedades de las autoridades municipales, quienes sí se presentaron en el acampe fueron la Policía y la Guardia de Infantería, que protagonizaron algunos incidentes con los manifestantes.
Repudio del Frente de Izquierda
Javier Musso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda, se hizo presente en la tarde del jueves en el bloqueo para llevar la solidaridad con los vecinos. En declaraciones a los medios, expresó que “si la empresa y el municipio sostienen que no existe contaminación ambiental, deben permitir una auditoria conformada por una comisión de trabajadores de la planta, vecinos de los barrios afectados y especialistas en el tema ambiental que sean aprobados por los vecinos. En caso de comprobarse el daño a la salud, la planta debe erradicarse del ejido urbano sin afectar los puestos de trabajo. Los trabajadores son también afectados directos por la exposición a los productos químicos, por lo que proponemos la reducción de la jornada laboral a seis horas si afectar el salario, el pago de un plus por insalubridad y la jubilación anticipada”. | 
