Tras las declaraciones oficiales que sostenían el "fin del conflicto" en la localidad de Caspalá, hoy lunes, integrantes de la comunidad indígena de Caspalá junto a su presidenta Lucía Apaza viajaron a la capital jujeña para realizar una conferencia de prensa y desmentir al Gobierno de Jujuy. |
Tras los hechos que tuvieron repercusión nacional, el Gobierno de Gerardo Morales más que escuchar a la comunidad indígena, se reunió con la comisionada del lugar para reafirmar que el conflicto se había resuelto, aunque fue toda una puesta en escena.
Por eso el día de hoy, comuneros de Caspalá, junto a su presidenta Lucía Apaza, viajaron a la capital jujeña para realizar una conferencia de prensa y desmentir al Gobierno de Jujuy. Saturnina Batallano sostenía que su postura tiene que ser escuchada y que no hubo consulta previa, libre e informada como marca la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, que ampara a las comunidades indígenas. Denunciaron la brutal represión sufrida el 18 de noviembre donde varios integrantes de la comunidad fueron reprimidos y detenidos por fuerzas policiales tras oponerse a que el Gobierno avance sobre la cancha de fútbol de la comunidad, para construir una escuela.
Pablo Cruz, miembro de la familia a la que el Estado expropiará su terreno sostuvo que no tuvo contacto con ninguna autoridad, y que sus tierras heredadas desde hace generaciones son el único sostén de él y su familia, debido a que no puede trabajar debido a una discapacidad y la producción es su único medio de subsistencia.
Luego de varias semanas, la situación ha empeorado. Se denuncia la presencia policial en el pueblo rodeando la cancha de fútbol, la suspensión de una vocal que apoyó el reclamo de la comunidad y además, la Legislatura de Jujuy, con el apoyo de legisladores del oficialismo y la oposición del PJ, avanzó con la expropiación de un terreno que pertenece a una familia de la comunidad indígena, sin consentimiento, para construir en ese predio la cancha de fútbol.
El diputado nacional por el PTS-FIT, Alejandro Vilca junto a Natalia Morales, diputada provincial MC por la misma fuerza acompañaron a la comunidad y acercaron su solidaridad con la lucha que llevan adelante. Alejandro Vilca destacó que "es la comunidad quién tiene derecho a decidir y planificar cómo y dónde construir la escuela, así como también la cancha. Repudiamos la brutal represión que hubo el 18 de noviembre dónde se atacó a la comunidad con gases y balas de goma, golpeando a mujeres y personas mayores que se defendían de las imposiciones del Gobierno que busca avanzar avasallando todos los derechos reconocidos a las comunidades indígenas."
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