En pocas palabras, se da la potestad a los directores de establecimientos de educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley N°2, del Ministerio de Educación, a cancelar matrícula y/o expulsar a estudiantes por faltas que éste considere "graves" o "gravísimas", en caso de objeción, podrá apelar a un Consejo de profesores, para validar su decisión, poniendo en contra a la comunidad educativa.
Esta ley promulgada el año 2018 por Sebastián Piñera e impulsada fervientemente por el ex-alcalde de Santiago Arturo Alessandri, militante de la UDI, significó un gran retroceso al derecho educativo de miles de estudiantes de colegios públicos y particular subvencionados, a continuación veremos por qué.
Contexto en el que se promulga la medida represiva
El año 2018 avanzaba la agenda represiva de Sebastián Piñera en el gobierno, con el asesinato de Camilo Catrillanca se desarrollaba el caso Huracán y se instalaba el "Comando Jungla" en el sur, se promulgó la ley Aula Segura en repuesta a las movilizaciones secundarias contra la precarización de la educación pública, particularmente en el Instituto Nacional y se presentó el proyecto de "control preventivo de identidad" para menores de edad.
En este contexto, distintos colegios y universidades habían vivido la experiencia del "Mayo Feminista" que encaró la violencia machista institucional de la educación en Chile.
Entrando al año 2019 en abril, después de una jornada de movilizaciones y tomas en liceos como el Darío Salas, el Instituto Nacional y el Liceo 1 Javiera Carrera, allanaron casa de 6 estudiantes movilizados, en el Instituto Nacional, comenzaron nuevamente movilizaciones en contra de la represión del alcalde de esa comuna (santiago) Los métodos fueron diversos, en masivas asambleas se definían desde marchar, paros de lápices, tomas y acciones directas, en respuesta a la avanzada represiva de Alessandri y Piñera.
Como solución de parte del gobierno y el alcalde de ese entonces, el año 2019 sitiaron el Instituto Nacional con Fuerzas especiales y en la entrada a clases revisaban las mochilas de los estudiantes traspasando todo límite democrático.
La respuesta de otros estudiantes, profesores, apoderados y gente que se enteró del conflicto no se hizo esperar. En junio las movilizaciones tomaron la atención nacional, cuando el ingreso de FFEE a las aulas comenzó y perduró en una especie de estado de sitio del liceo emblemático.
"Se estima que las expulsiones fueron en 2018 de 745 escolares en todo el país, un promedio de seis por semana. A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, Oposición (Pc,FA) y Gobierno (Piñera y compañía) han convivido pasivamente con esta ley y han puesto el debate del proyecto Aula Segura en blanco y negro. De hecho, Piñera difundió un tweet en el que puso a los senadores entre la espada y la pared; o están del lado de los estudiantes que quieren aprender en paz o de los delincuentes con overol" (en referencia a los ultraizquierdistas anarquistas que cortan calle sin petitorio.) en este escenario el 76% de los encuestados por CADEM (408 pesonas) apoyó Aula segura, bajo la errada creencia que los estudiantes secundarios que incurrieron en manifestaciones mas radicales de forma aislada "gozaban de impunidad".
CIPER CHILE 2018. Aula segura: la dura violencia escolar de la que no se habla.
No a Aula Segura ! una lucha viva:
Este año, como en los 3 últimos, las graduaciones de 8°vo y 4° Medio han estado marcadas por manifestaciones de les estudiantes contra la represión y la persecusión política del Estado, un ejemplo es la graduación en el liceo Carmela Carvajal, donde estudiantes secundarias denunciaron a la dirección y al Gobierno por mantener la persecución política a lxs secundarixs. En este establecimiento, expulsaron a una alumna de la educación media por moderar una asamblea.
Este año con el Gobierno de Apruebo Dignidad, también ha escalado Aula Segura, según las indicaciones a la ley de presupuestos 2023; "Glosa aprobada en educación sobre estudiantes que hubiesen sido expulsados en virtud de la ley Aula Segura, a quienes se les aplicaba una sanción adicional que durante un año no podrían acceder a los beneficios de la ley de Educación Superior. "
Así es como Gabriel Boric continúa la agenda represiva hacia les estudiantes movilizados de Sebastián Piñera, ahora quiere privar de gratuidad a estudiantes movilizadxs. Bastantes son las denuncias de estudiantes secundarios "Expulsados por reglamento interno",en otras palabras, por Aula Segura, aunque la alcaldesa Irací Hassler esconda la represión bajo la alfombra.
Es necesario retomar la pelea por la derogación de Aula Segura y las leyes represivas hacia les estudiantes, tales como el control preventivo de identidad y la ley anti barricadas.
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