Este año la MSP se muestra conforme con el resultado de las negociaciones con el gobierno, aunque algunos de sus integrantes dicen que esperaban más. Afirman que, al menos, con el “logro” de un 12% de aumento nominal, se habría “recuperado” el salario frente a la inflación. Pero, como veremos en la nota, se trata de un gran engaño. En realidad lo que hicieron fue aceptar el saqueo inflacionario de un 13,3% durante este año, equivalente a 48 días de trabajo gratuito que no será devuelto. Además acordaron que el próximo año comience con un salario real 1,3% más bajo que el año anterior. Una derrota sin dar batalla que aquí explicamos.
A final de cada año la Mesa del Sector Público (MSP), afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), negocia con el gobierno el reajuste salarial y otras demandas. El sector privado mira atentamente e interviene en este proceso, pues establece un importante parámetro. Hace muchos años que esta negociación colectiva es un ritual de las cúpulas burocráticas a puertas cerradas, sin discusión ni movilización en las bases.
La MSP representa a más de un millón de trabajadores de los órganos de gobierno central, municipios, educación y salud. No considera, como es lógico, a las fuerzas armadas y la policía, pero sí incluye a ciertos funcionarios no uniformados sindicalizados de estas instituciones. Tampoco incluye a los trabajadores de empresas públicas como a los mineros, portuarios, del transporte público, etc, quienes no se rigen por estatutos administrativos sino que exclusivamente por el Código del Trabajo, al igual que las empresas privadas. Además en las negociaciones de la MSP se encuentran subrepresentados la enorme porción de trabajadores del estado que están a honorarios o externalizados.
El ritual. Unos pocos meses antes del término de año, la MSP prepara una carta que envía al gobierno. Se instalan las negociaciones, de duración relativa. Si se llega a acuerdo, se firma en ceremonial protocolo los compromisos y el ejecutivo envía un proyecto de ley al congreso para su tramitación. La ley de reajuste define a cada parte a la se dirige, qué reajustes o derechos se le asigna a cada una y cómo deben aplicarse (o solo tomarse como referencia, como es el caso de las universidades, arrojadas a la “autonomía económica” en dictadura). Una vez aprobada la ley en ambas cámaras y ratificada por el presidente, ésta corre para el nuevo año laboral que comienza el 1 de diciembre, de manera retroactiva si corresponde.
A contar de esa fecha, durante el año los salarios comienzan a depreciarse nuevamente siguiendo la inflación. Se trata, en suma, de la renovación de un saqueo que no ha sido nunca compensado en las negociaciones.
Cada año, peor engaño
Durante los últimos años, la MSP se ha vuelto más dócil y embustera de lo que ya era, y los resultados de las negociaciones han tendido a ser cada vez menos favorables a los trabajadores. Veamos la evolución apoyándonos en la siguiente tabla de los últimos 10 años.
El pliego del sector público del 2016 denunciaba que el reajuste anterior "tuvo como efecto concreto e indesmentible, la imposición a los/as funcionarios/as públicos/as de una reducción de su poder adquisitivo". Los pliegos del 2017, 2018 y 2019 denunciaron, sin falta, cada reajuste anterior, apuntando al gobierno y al parlamento la "imposición de un criterio cuyo efecto significó el detrimento en el poder adquisitivo de los trabajadores". En las declaraciones se alertaba contra el congelamiento de los salarios y se tenía en cuenta el crecimiento económico del país. Sin embargo en esos años había un margen más positivo, al menos para partir, entre el reajuste y la inflación, que el que hubo en los años posteriores, los más bajos en 2 décadas. En los años 2019 y 2020 el reajuste se separó por tramos de ingresos. En el tramo inferior coincidió con la inflación, lo que podría calificarse de un 0% real si no contáramos los mecanismos impositivos, cargos forzosos, topes y otras formas de reducción de sueldo.
El año pasado comenzó una expansión de la inflación que continúa devorando los salarios. A pesar de ello, las burocracias sindicales hace años que no se habían visto tan pasivas. Las negociaciones del 2021 y 2022 se hicieron sin movilización. Al acuerdo del año pasado lo llamaron “triunfo del sindicalismo público”. Respecto al que acaba de firmarse, dicen que los trabajadores “van a recuperar íntegramente el poder adquisitivo” [1]. Nada más falso. Los datos nos muestran, de manera concreta e indesmentible, lo contrario: que el reajuste anterior y el actual fueron muy por debajo de la inflación. Además nada, absolutamente nada de lo que la ola inflacionaria ha saqueado a los sueldos, será devuelto. Los resultados de las últimas negociaciones han sido aún peores que los de los años anteriores. Los sueldos han retrocedido y siguen retrocediendo, más rápido que antes. ¿Quiénes fraguan este gran engaño? ¿cómo y por qué lo hacen? En esta nota lo explicamos.
El acuerdo de este año
Actualmente la MSP la componen 16 organismos que agrupan a sindicatos y gremios del sector público. Se encuentra dirigida principalmente por los mismos partidos del gobierno o de sectores afines de las burocracias: el Partido Comunista, el Frente Amplio y la ex-concertación (PS y DC principalmente). El detalle se puede ver al final de esta nota.
El 2 de diciembre la MSP y el gobierno acordaron el reajuste. Fue firmado por sus dirigentes, el presidente de la CUT, David Acuña (PS), el consejero de la CUT y coordinador del sector público, Carlos Insunza (PC), el ministro de Hacienda, Mario Marcel (cercano al PS) [2], y la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara (PC).
El resultado de estas negociaciones en materia económica, resumidas en el comunicado de la CUT, fue:
1. Reajuste de 12% hasta un umbral de remuneraciones de $2.200.000, aplicando un reajuste de monto fijo, equivalente a $264.000 mensuales, para remuneraciones superiores, hasta una línea de exclusión de $4.000.000.
2. Los umbrales de remuneración descritos corresponden a Remuneración Bruta Permanente, es decir excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional, así como las asignaciones y bonificaciones de zonas.
3. Respecto de Bonos y Aguinaldos, propuso mantener las cifras nominales del año 2022, reajustando las líneas de corte y exclusión de esos beneficios de acuerdo con el reajuste establecido, sin hacer propuesta sobre el Bono de Término de Negociación.
¿Cómo nos presentan la negociación y los resultados?
Volvamos un mes atrás. El 2 de noviembre, la MSP hizo entrega del petitorio:
“Demandamos, para el período Diciembre 2022 - Noviembre 2023, un reajuste de remuneraciones equivalente al IPC anual acumulado de Diciembre 2021 a Noviembre 2022, además de un 3 % de Reajuste Real para todos los funcionarios y funcionarias del Sector Público, indistintamente del marco laboral que los rige...”. El texto aclara que el reajuste correspondería a “la pérdida de poder adquisitivo en los doce meses que anteceden a aplicación del reajuste y cuya magnitud, de acuerdo con el Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda, apunta a un 12% ”. Más abajo sintetizan: “En base a las proyecciones oficiales de inflación, que proyectan un IPC de 12% para el año, nuestra demanda se traduce en un 15% de reajuste nominal”.
Durante el mes de negociaciones las cúpulas burocráticas cedieron por completo el 3% “real”, conformándose solo con el 12% de reajuste. Y lo hicieron con gran pasividad y conformismo.
Carlos Insunza (PC), dirigente de la ANEF y coordinador de la MSP, señaló que “este acuerdo es una demostración de que, con diálogo social, con negociación colectiva, somos capaces de llegar a puerto: más del 80% de los trabajadores públicos van a recuperar íntegramente el poder adquisitivo perdido en un año muy duro”.
Carlos Díaz Marchant (PH), el presidente del Colegio de Profesores, lo explicó así: “el reajuste es, en realidad, exclusivamente la preservación del poder adquisitivo de quienes laboramos directa o indirectamente para el Estado y, por ello, desde el mundo de las y los trabajadores lo valoramos en su justa medida: no es lo que buscábamos originalmente -un aumento efectivo en los salarios de los empleados fiscales-, pero sí es una cifra que asegura, al menos, que quienes laboran día a día no paguen el costo de la crisis económica que vive el país y que empieza a hacerse notar en todo Chile”.
En el área de salud, donde la precariedad del empleo, tras los difíciles meses de pandemia, se refleja en masivos despidos injustificados, hay más voces disconformes. Por eso las cúpulas en la MSP se mantuvieron más recatadas u omitieron hacer declaraciones. Sin embargo, desde el directorio de la CONFUSAM, encabezado por Gabriela Flores (de la quebrada DC), comunicaron que “valoramos el hecho de haber logrado mantener el poder adquisitivo de nuestra gente, para que no sean los y las trabajadoras quienes una vez más tengan que pagar los costos de la crisis económica que atraviesa Chile”.
¿Dónde está el engaño?
Nos hablan de haber logrado “recuperar”, “preservar”, “mantener” el poder adquisitivo del salario. Sin embargo esto no es cierto. Por dos razones. Partamos por la menos grave.
En primer lugar, el IPC anual acumulado de Diciembre 2021 a Noviembre 2022 ni fue ni apuntaba a ser del 12%. Esta cifra la sacaron del IPoM de septiembre del Banco Central, informe que proyectaba que “este año -es decir, entre enero y diciembre- cerrará en 12%” [3]. Sin embargo, ya a principios de octubre, mucho antes de la entrega del petitorio, los datos oficiales nos mostraban que la variación del IPC acumulado en septiembre desde diciembre del año anterior fue de 11,7% [4]. Con una inflación mensual promedio de 1,2% los últimos 6 meses, era más que esperable que los dos meses siguientes agregaran más de 0,3 puntos porcentuales a la inflación, rebasando el 12% acumulado desde diciembre. Menos de una semana después de entregado el petitorio, el informe del IPC de octubre señaló un 0,5% de inflación mensual, dando como resultado un 12,3% acumulado en 11 meses. Los dirigentes durante todo el mes de negociación ocultaron que ya era un hecho que la supuesta inflación del 12% había sido superada. Y faltaba todavía agregar la variación del IPC de noviembre, que alcanzó el 1%, sorprendiendo a los expertos.
Así obtenemos que la inflación acumulada en 12 meses no fue de 12% sino de 13,3%. Una diferencia no menor, de 1,3 puntos porcentuales. Es decir, al igual que años anteriores, las negociaciones terminaron con la disminución del salario real con el que los trabajadores parten el año. [5]
Aquí la manipulación de las cifras por las burocracias sindicales y el gobierno es evidente. Sin embargo, hay un segundo engaño que es todavía más grave. Si bien partir con un 1,3% menos en los sueldos podría sentirse poco en lo inmediato, lo que sin ninguna duda sentimos durante el año es la paulatina merma al salario por la inflación. El resultado de las negociaciones se presenta como si aquello que los trabajadores perdieron se fuera a “recuperar”. Nos dicen que el acuerdo con el gobierno “asegura que los trabajadores no paguen el costo de la crisis económica”. Esto no es verdad.
Todo lo que hace la forma rutinaria de reajuste anual es, simplemente, fijar el salario del próximo año. En el mejor de los casos solo ha servido para que el saqueo inflacionario de cada año comience desde el mismo punto de partida, estableciendo un primer sueldo real no menor al sueldo con el cual comenzó el mismo saqueo el año anterior. Y los últimos años ni siquiera ha servido para eso. En cambio, es durante el transcurso de cada año, entre reajuste y reajuste, que se va disminuyendo el poder adquisitivo del sueldo. Un saqueo que ninguno de estos reajustes devuelve, de ninguna manera y en ningún momento. Y no es poco.
¿Cuánto es lo perdido, lo saqueado al salario por la inflación este año? 13,3% de 12 meses es igual a 1,6 meses. En otras palabras, la inflación de este año laboral equivale a haber trabajado 48 días de forma gratuita. Un sueldo y medio que no es devuelto (o reajustado) al final del año [6]. La MSP acepta, como si fuera una ley natural ante la cual resignarse, este saqueo sin devolución.
Todo lo que logró el acuerdo con el gobierno es que el próximo año se repita el mismo ciclo de saqueo al salario de acuerdo a la inflación. Y que desde el comienzo se haga con salarios reales más bajos. Un saqueo que, mediante un aumento de los precios del alimento, el transporte y todas las mercancías, termina en las arcas de los bancos y la clase empresarial. Los mismos que los gobiernos subsidian y rescatan millonariamente. Un saqueo que no solo afecta a los trabajadores del sector público, sino que impactará fuertemente en el sector privado y en los bolsillos de todo el pueblo.
Subordinación al estado capitalista, gobierne la derecha o el progresío
Para ayudar a sopesar las cifras. Todo el gasto público del país en un año es de unos US$80 mil millones [7]. De este gasto se destina alrededor del 1/5 a educación y 1/6 a salud, tanto pública como privada. Aproximadamente 1/5 son remuneraciones [8].
El año pasado la MSP comenzó proponiendo un 7,5% de reajuste (ver tabla del comienzo de la nota). Terminó acordando con el gobierno antiobrero y antipopular de Piñera un reajuste del 6,1%. Tras su firma, la entonces presidenta de la CUT y actual presidenta de la AJUNJI, Silvia Silva (PS), agradeció al gobierno y calificó este aumento como un "reajuste digno". Lo presentaron, al igual que ahora, como una recuperación de lo perdido por la inflación. Sin embargo, entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021, la inflación fue de 6,7% [9].
Ese mismo año Chile creció un 11,7% en el PIB. La estatal Codelco obtuvo US$7.394 millones en excedentes, 256% más que el año anterior y su mejor resultado en 9 años. Las 679 empresas que entregaron sus estados financieros al CFM, reportaron utilidades de US$35.106 millones, más de 460% respecto al año anterior.
¿Cómo se explica que en un año así, el coordinador de la CUT, Carlos Insunza (PC), sin reserva de agradecimientos al gobierno, haya calificado el reajuste como un “triunfo del sindicalismo público”?
Se debe recordar que entonces Chile estaba en plena carrera presidencial [10]. El 21 de noviembre, pocos días antes de la firma del acuerdo, fue la votación de primera vuelta, con un resultado muy estrecho para Boric, el candidato que apoyaban las dirigencias de la MSP. La derecha, con su candidato J.A. Kast, se mostraba fortalecida y envalentonada. Con la excusa de no atemorizar a la derecha y buscar disputar el centro, el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron girando cada vez más hacia ese sector y tomando parte de su programa. Tan solo un mes antes del acuerdo -y por primera vez en la historia de estas negociaciones-, el criminal gobierno derechista había impedido la entrega del petitorio de la MSP con una brutal represión. Pero un mes despúes, lejos de recordar esto, se arrodillaron agradecidos. En el contexto electoral que presionaba a la moderación, eligieron dar una señal a la opinión pública de que representaban un sector social y político respetuoso con las autoridades y las instituciones.
Si entonces la MSP tuvo una actitud servil y conformista con un gobierno criminal y sumamente desprestigiado, ¿qué se podía esperar con respecto a un gobierno cuyos partidos son los mismos que la dirigen?
El petitorio de este año no podía menos que empezar reafirmando esta subordinación: “tal como lo hicimos en otros ciclos políticos, respaldamos al gobierno que hoy conduce los destinos del país”. A la vez el texto cita a Boric para recordarle que tales compromisos “se deben comenzar a concretar”. Recordemos que el programa presidencial de Apruebo Dignidad prometió el "Trabajo Decente": a garantizar el aumento salarial, rebajar la jornada laboral, revisar la subcontratación, entre otras materias laborales. Cuestiones sobre las que aún no vemos pasos concretos, por el contrario, la situación de la clase trabajadora sigue empeorando.
No obstante, el régimen se esfuerza en bajar las expectativas económicas. El escenario es menos promisorio que el año pasado, Chile y el mundo se desacelera. Según el último IPoM del Banco Central en diciembre, “la economía continúa su proceso de ajuste". El informe señala que en el país "la creación de empleo es baja y los salarios reales muestran caídas desde hace casi un año". Se estima que "el PIB crecerá 2,4% en 2022, caerá entre -1,75 y -0,75% en 2023 y aumentará entre 2 y 3% en 2024". La expectativa de inflación sigue alta, pero iría disminuyendo. En dos años plazo se mantendría por sobre el 3%, que es la considerada como "normal".
Este año las empresas estatales han caído en sus utilidades. Entre enero y septiembre Codelco obtuvo excedentes de US$2.606 millones, 50,4% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y 9 de las 35 empresas públicas han tenido pérdidas.
Sin embargo, en el sector privado las ganancias no han dejado de aumentar. En los primeros 9 meses del año, según los datos que 495 empresas entregaron a la CMF el último trimestre, estas han ganado más de US$31 mil millones, un alza del 34% respecto del mismo periodo anterior. Las 29 empresas que conforman el IPSA, los principales accionistas de la bolsa local, totalizaron US$17.275 millones, un alza del 65%. El sector bancario totalizó US$4.441 millones, un alza de 64,5%. La naviera Vapores, del grupo Luksic, US$4.337 millones, un alza del 118%. Quiñenco, su holding financiero, $2.716 mil millones, un alza del 138,6%. Claramente no se les hace pagar a ellos el costo de la crisis económica.
¿Hay otra alternativa?
Los métodos de la ya enquistada burocracia sindical de la MSP hoy significan que no exista el más mínimo espacio de deliberación y resolución democrática en asambleas de base de los gremios en cuestión. Se convocan entre estos mismos personajes y, a lo más, a dirigentes intermedios y haciendo gestos débiles de demostración de fuerzas. Esto tiene como consecuencia la pasividad casi obligada de las bases y, con ello, la imposibilidad de imponer por medio de masivas movilizaciones y unidad de los distintos sectores, las demandas más sentidas de las y los trabajadores como lo son el sustento económico y la recuperación real del poder adquisitivo. Más bien, el Estado y las burocracias mantienen esa lógica capitalista de que los costos de la crisis la paguemos nosotros.
Ya hay muestras de descontento con estos métodos y los resultados de la negociación como lo expresan los colegios profesionales de la salud, COLMED, Cirujanos Dentistas y FENPRUS, quienes reclaman que el acuerdo perjudica aproximadamente al 35% de las y los profesionales de la salud. O como el caso de las y los funcionarios de las universidades de la Chile y UMCE que hoy salen a manifestarse, ya que sus autoridades se coludieron para reajustar por la mitad de la cifra del acuerdo. Y cómo no, si la señal de consenso y subordinación que han dado sus dirigentes es la de conformarse con perder, conteniendo el despliegue de una enorme fuerza, la de más de un millón de funcionarios públicos.
Ante los acuerdos por arriba entre los mismos partidos del gobierno y las burocracias sindicales, proponemos preparar la movilización coordinada y asambleas resolutivas de base, para la elaboración común de un pliego. Es necesario levantar iniciativas que rompan con la dependencia política con el gobierno, superen el localismo y divisionismo gremial, y que convoquen a la unidad de luchas entre el sector privado y el público.
En vez de que el reajuste sea algo negociable año a año, proponemos conquistar una escala móvil de salarios: el aumento general de los sueldos según la inflación de forma automática y mensual. Esta es la única manera de conservar verdaderamente el poder adquisitivo del salario, reduciendo el saqueo inflacionario durante el año. Sobre esta base, que es de carácter puramente conservador, de supervivencia, se puede luchar por aumentos y otras demandas. Renunciar a esta consigna es lo mismo que resignarse a que, mediante la inflación, la clase capitalista y su estado paguen a los trabajadores cada vez menos por el mismo trabajo. Lo que resulta más ultrajante cuando los millonarios se hacen aún más millonarios.
Además proponemos pelear por un salario mínimo mensual indexado, no subsidiado, que parta en $650 mil pesos ahora. Hoy el ingreso mínimo mensual es de apenas $400 mil pesos brutos, unos $325.000 líquidos, estando por debajo de las líneas de pobreza y de pobreza extrema para un hogar de 4 personas, las cuales en octubre llegaron a $560.787 y $373.858 respectivamente. Para medir a cuantos afectan estos salarios de hambre a nivel nacional, una investigación del observatorio económico de la UDP, basada en los datos de la ESI 2020, arrojó que 21,8% de los trabajadores dependientes formales del sector privado a jornada completa estarían afectos al ingreso mínimo (una cifra cercana a otros estudios).
Junto con esto, proponemos la jornada máxima de 30 horas semanales, sin rebaja de sueldo, y el reparto de las horas entre todas las manos capacitadas, para reducir radicalmente el derroche de la desocupación y la miseria. Es necesario luchar contra el trabajo precario. Por eso proponemos el fin del subcontrato y el paso a planta de todos los trabajadores, con reconocimiento de todos los derechos laborales. Para conquistar que a igual trabajo, igual salario, proponemos recuperar la consigna del tarifado nacional por oficio.
No planteamos nada novedoso. Respecto de la escala móvil de salarios, en Chile hay numerosos contratos sujetos a monedas indexadas, como la UF o la UTM, y no solo en el campo financiero, sino también en el de las remuneraciones. Recordemos que en noviembre del 2019 los parlamentarios, adelantándose a la inestabilidad inflacionaria, fijaron las remuneraciones de los convencionales en 50 UTM. Esto quiere decir que mes a mes, de manera totalmente automática, sus remuneraciones aumentaron de acuerdo al IPC. Tras 12 meses parlamentando, en un periodo inflacionario menor a la actual, la última remuneración de cada convencional fue $269.800 más que la primera. La millonaria casta política experimenta así con formas para mantener sus privilegios ¿Por qué un sueldo indexado puede ser un privilegio, pero no el derecho más básico, de supervivencia, que debieran tener todos los trabajadores?
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¿Quienes integran la MSP?
En el área de órganos de gobierno central y municipios: de empleados fiscales en ANEF, José Perez Debelli (Partido Socialista); y de funcionarios municipales en ASEMUCH, Juan Camilo Bustamante.
En el área de educación: de jardines infantiles en AJUNJI, Silvia Silva Silva (Partido Socialista y expresidenta de la CUT); del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant (Partido Humanista); de asistentes de educación en CONFEMUCH, Arturo Escárez; de funcionarios de universidades estatales en ANTUE, Mónica Álvarez, y también en FENAFUECH, David López; de funcionarios de la U. de Chile en FENAFUCH, Myriam Barahona; y de académicos universitarios en FAUECH, Carlos Gómez.
En el área de salud, un sector muy fragmentado: de CONFENATS, Manuel Ramírez Alfaro; de FENATS Nacional, Karen Palma Tapia (Partido Comunista, Comité Central); de FENATS Unitaria, Ricardo Ruiz Escalona (Partido Socialista); de atención primaria municipal en CONFUSAM, Gabriela Flores (Democracia Cristiana); de técnicos de salud en FENTESS, Freddy Sepúlveda; de profesionales universitarios en CONFEDEPRUS, Paz Araya; y de funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública en FENFUSSAP, Ricardo Rivera.
