Las cifras de la tragedia continuada
Desde el último aumento de salario mínimo, a mitad de marzo de este año, hasta hoy, el salario ha perdido ya casi todo el valor, de por sí mísero, al que lo llevó ese aumento. 130 bolívares, que equivalían a unos 30 dólares al mes, hoy equivalen a 9 dólares mensuales al oficial (7 US$ al paralelo): es decir, el aumento de marzo, presentado por el Gobierno Nacional como su fuera una gran cosa, llevó el salario y las pensiones a 1 dólar por día, salario de pobreza extrema (según el Banco Mundial, organismo del capitalismo imperialista, menos de 1,90 dólares al día es un ingreso de pobreza extrema); y hoy está en 0,3 dólares diarios.
Entre el alza de los precios de las mercancías –inflación¬– y la devaluación del bolívar (procesos que se retroalimentan), el salario queda completamente hecho trizas. En una economía bastante dolarizada, donde prácticamente lo único que no está en esa “moneda fuerte” es el salario de los trabajadores, los saltos en la depreciación del bolívar frente al dólar son los que vienen causándole los mayores daños al salario. En agosto pasado vimos cómo en una semana el dólar pegó un salto drástico, y nada más en esa semana los alimentos subieron 30%. Al final de mes, el oficial había subido 35% y el paralelo 55%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) indicaba que entre marzo y julio, el mes anterior a ese salto, el conjunto de las mercancías en el país habían aumentado en promedio 31%, es decir, que el salario de marzo había perdido ya un tercio de su valor en pocos meses, antes del salto de agosto.
Ahora en diciembre el golpe viene siendo igual o peor –y apenas estamos a mitad de mes–. La semana pasada el dólar paralelo pasó de 13,78 Bs. a 18,26 Bs. por dólar, un alza de 32%, mientras el que marca del BCV pasó de 11,69 a 14,12 bolívares por cada dólar, subiendo 21%. Eso hace que desde marzo para acá el salario mínimo y las pensiones han perdido ya 70% del valor al que los llevó ese aumento, que ya era miserable. Antes de ese último aumento el salario mínimo estuvo estancado casi un año (desde mayo de 2021) en 7 bolívares, lo que en marzo de este año equivalía a 1,6 dólares al mes, ¡al mes!, ¡0,053 dólares diarios!; entonces, luego de condenar todo ese tiempo a la clase obrera y jubilados a semejante miseria e ignominia, el gobierno aumenta a 38 dólares al mes (sumando los tickets), que por entonces no cubrían ni el 10% de la Canasta Alimentaria, y ese fue el fugaz “mejor momento”, empezando de nuevo a caer en los meses siguientes, hasta llegar a la situación actual.
Son los datos de una tragedia para la clase obrera y los jubilados, una tragedia que no se detiene ni aún en momentos en que, como lo atestiguan los datos y lo celebran tanto en el gobierno como los empresarios privados, la economía nacional está creciendo y el Estado está mejorando considerablemente sus ingresos por exportaciones petroleras. Esto es así porque se trata de una economía capitalista en la que uno de los pilares de su recuperación es el precio casi regalado de la fuerza de trabajo, una gran ventaja para los empresarios privados y patronos en general, que favorece el ciclo de sus ganancias.
Tarifazos constantes en los servicios públicos y… ni para el pasaje para ir a trabajar
Las consecuencias de esos datos en la vida de las familias de la clase trabajadora son devastadoras. Es empeorar las penurias de no poder comprar ni siquiera los alimentos y medicinas básicas para sobrevivir, es profundizar las jornadas extenuantes en varios trabajos a la vez, y es especialmente dramático para las y los jubilados, quienes por razones obvias de la edad no tienen las mismas posibilidades que los trabajadores más jóvenes de resolverse y “rebuscarse”. Como se lamentaba una jubilada del sector público en un chat con sus compañeros: la pensión no le alcanza ni para pagar a tiempo la mensualidad de la telefonía fija e internet, lo que la endeuda más, porque la penalidad que cobra la CANTV (empresa pública) por reconexión hace mucho más costoso el servicio.
Y es que los aumentos de precios están a la orden del día en todo, incluyendo los servicios públicos. Los “tarifazos” son una realidad, aunque el gobierno no tenga la mínima honestidad de anunciarlos y aceptar que son parte de su política económica. Si bien no aumentan semanal o diariamente, porque su propia periodicidad de cobros no es diaria, sí hay tarifazos cada tantos meses, y a veces hasta cada mes, en servicios como los de telefonía celular, aseo urbano, televisión por cable, etc.
Esto es parte de la orientación económica liberal del gobierno, que implica dar libertad a que las ganancias y rentabilidad del capital se acomoden y aumenten a placer, no importa a qué y a quienes se lleve eso por delante. Es capitalismo salvaje, sin siquiera regulaciones en ese aspecto. Y esa política de tarifazos la aplica tanto el capital privado como el estatal.
En el caso del transporte público, hace rato que un salario mínimo no cubre ni siquiera el gasto mensual para ir a trabajar. Por la medida bajita, hoy en Caracas un trabajador puede gastar unos 290 bolívares al mes para ir y venir del trabajo, unos 20 dólares a la tasa oficial de hoy, es decir, más de dos salarios mínimos mensuales.
¿“Impotencia” o complicidad del BCV? ¿Quién se beneficia de la “quema de dólares”?
Los saltos de agosto y de ahora en el precio del dólar son picos de un proceso continuado. No es que sin esos picos extremos la cosa andaba bien, la alta inflación y la depreciación del bolívar –y por tanto de los salarios y las pensiones– seguían su curso, solo que durante varios meses el precio del dólar aumentaba de manera menos brusca, se ralentizaba la velocidad de su aumento, pero con base a una política que golpea al pueblo trabajador y beneficia a sectores minoritarios y vividores: uno de los pilares es una “agresiva disminución del gasto real en moneda local” –según la expresión de Torino Economics, del banco de inversión Torino Capital–, ¿cómo lo hace el gobierno?, mediante la represión salarial (mantener el salario en el subsuelo) y la disminución del gasto público; y otro pilar es la “oferta sostenida de divisas en el mercado cambiario” por parte del Banco Central, es decir, la colocación de dólares de los ingresos públicos a disposición de los grandes compradores privados.
Es evidente a quiénes golpea y a quiénes beneficia la política de represión salarial y disminución del gasto público. Pero no solo con esa política salen beneficiados los empresarios y los patronos a costillas de las necesidades del pueblo trabajador, sino que los intereses capitalistas sobre las mayorías también se imponen con las intervenciones cambiarias del BCV: el gobierno “interviene” el mercado cambiario destinando miles de millones de dólares de los recursos públicos, recursos que le son negados a otras necesidades urgentes del país y del pueblo, y que van a parar ¿a manos de quiénes?, de los grandes bancos, de una minoría de ricos y empresarios que los compran al precio oficial y que, por supuesto, pueden luego ir al mercado paralelo y hacer jugosos negocios con la diferencia de precio. Muy parasitario y nada “productivo”.
Esa “quema de dólares” la viene haciendo el gobierno desde mayo de 2019. La cuestión es que la economía nacional necesita dólares para casi todo: para producir (porque debe comprar en el exterior bienes de capital, insumos, etc.), para importar bienes de consumo, y también el consumidor común busca dólares como refugio ante un bolívar en constante caída, además de que los precios de las mercancías y servicios están dolarizados. Entonces, por lógica básica del mercado, si hay mucha gente buscando dólares y hay pocos de estos, su precio tiende a encarecerse, no por arte de magia, no por alguna fuerza sobrenatural incontrolable, sino porque los poseedores de esos dólares aprovechan la “oportunidad” y hacen que el necesitado comprador pague un precio más elevado. Es una explicación simplificada pero sirve para entender lo básico del asunto.
¿Cuál ha sido entonces la política del gobierno a través del BCV? Desde 2018 tuvo un giro que podría resumirse en algo como “lo que dicte el mercado”: que los precios de las mercancías, incluyendo el dólar, los decida el “libre juego” de la oferta y la demanda. En ese entonces, el gobierno efectuó una megadevaluación oficial del bolívar, poniendo el dólar oficial al mismo nivel del paralelo, siguiéndole desde entonces el ritmo a los aumentos del paralelo –incluso llegando por momentos a estar igual–; en ese marco, desde mediados de 2019 juega a incidir sobre el mercado capitalista, colocando dólares de los recursos públicos para asegurar una oferta que contenga en ciertos límites el alza. ¿Ha sido efectivo? ¿A dónde han ido a parar esos dólares? ¿Es acaso una política que deba aplaudir la clase obrera?
El año pasado el BCV entregó a precio oficial 1.553 millones de dólares a la banca. Este año, con una mejoría de los ingresos, el BCV aumentó considerablemente esas cantidades: a mediados de marzo ya había puesto a disposición más de US$ 500 millones y, hacia mediados de julio, ya había entregado US$ 2.453 millones. Para que nos demos una idea, los presupuestos públicos de Salud y de la Misión Vivienda para 2022, sumados, eran de unos US$ 2 mil millones, es decir, que a mediados de año el gobierno había destinado a la banca y los grandes compradores de dólares más de lo que se presupuestó para todo el año en salud y vivienda. Para agosto –momento en que el dólar dio el anterior salto drástico– sumaban ya US$ 3 mil millones y al iniciar diciembre la cifra rondaba los 5 mil millones de dólares. ¿Ha servido esta “quema de dólares” para frenar la depreciación del bolívar? Es claro que no.
La primera semana de este mes el BCV desembolsó fuerte y colocó en el mercado de dólares 160 millones, sin embargo, en la tarde del viernes 9 de diciembre el marcador del paralelo cerraba en el desastroso 18,25 Bs./US$, un alza de más de 30% en esa semana. Según el portal especializado Banca & Negocios, “Desde el pasado 30 de noviembre, el BCV ha intervenido todos los días hábiles en el mercado”, incluyendo 60 millones de dólares que ha colocado los dos primeros días de esta semana que corre, aun así, “el precio fijado para estas operaciones acumula un alza de 38,62%” en lo que va de mes.
Esta sangría de recursos públicos implica una alcahuetería continuada para con el capital privado –que prácticamente no aporta dólares propios a la economía nacional– y para con la especulación cambiaria, al mismo tiempo que le resta recursos a otras prioridades y, además de eso, ni siquiera puede decirse que sea efectiva para frenar la brusca depreciación de la moneda en la que reciben sus ingresos los trabajadores activos y jubilados.
Valga agregar además que, como se encarga de aclarar la propia Vicepresidenta: “el sistema financiero [nacional], a pesar del criminal bloqueo, ha crecido considerablemente en el año 2022 incrementando sus depósitos en un 210% y su cartera de crédito en un 420%”. Es decir, que quede claro que la angustia y las consecuencias dramáticas por estas virulentas subidas del dólar solo valen para el pueblo trabajador, puesto que sectores fundamentales del capital, como la banca, gozan de buena salud y están en franco crecimiento.
¿Cómo posicionarnos para luchar por el salario?
Como se desprende de lo que venimos exponiendo, este asunto del dólar, así como en general los demás de la economía, no es una cuestión fantasmagórica de fuerzas que se mueven por sí solas y ante lo cual los seres humanos poco puedan hacer, sino que tiene que ver con políticas y decisiones tomadas por quienes gobiernan y por los grupos económicos que tienen en sus manos el control de los recursos. Decisiones que no son “inevitables” ni son “por el bien de todos”, sino que obedecen a intereses específicos, benefician a unos por sobre las necesidades del resto. Vivimos en el capitalismo, en una sociedad dividida en clases, donde cada clase tiene intereses distintos que defender, y eso se expresa en las decisiones políticas y económicas.
Hasta ahora lo que se viene imponiendo claramente son los intereses de los patronos, de la banca y los grandes empresarios. Sectores intermedios, como comerciantes minoristas o los transportistas, también pulsean por sus intereses: por ejemplo, este lunes 12, en Barquisimeto, hubo un paro de transporte donde exigían aumento del precio del pasaje. ¿Y la clase trabajadora, cómo defiende su salario y sus intereses?
Los trabajadores y trabajadoras no podemos exigir menos que salarios y pensiones iguales a la canasta básica que se indexen mensualmente según la inflación, son dos demandas elementales para defender nuestros propios intereses, contra toda esa política burguesa que da prioridad a los negocios de los empresarios y de la casta gobernante por sobre nuestras vidas. ¡En este país hoy todo se indexa! Los créditos, los precios de las mercancías, las tarifas de los servicios, los alquileres, lo único que no se indexa son los salarios y las pensiones.
Que si “no hay” recursos, que si “no se puede”, son argumentos interesados de quienes sí se benefician de la economía actual. La posibilidad o imposibilidad de lograr nuestras demandas es un asunto que solo la lucha podrá resolver, como demostró la lucha del sector educativo por el bono vacacional, cuando la lucha se hace fuerte, los recursos “aparecen”.
Debemos rechazar de plano los argumentos de los ideólogos burgueses que quieren convencernos de que es un “deber” de la clase obrera sacrificar más sus necesidades. Puede parecernos insólito, pero es así como piensan. Es el caso de quienes se asumen defensores de la “producción nacional” y, por tanto, indican que la devaluación del bolívar es necesaria y positiva, porque un dólar más caro beneficia a los productos nacionales en su competencia con los productos importados, por tanto, “debemos hacer el sacrificio”.
Es decir, que los trabajadores y consumidores populares debemos sacrificarnos más aun para ayudar a los empresarios de la industria en su búsqueda de ganancias y en su competencia con las burguesías extranjeras. Un planteamiento totalmente reaccionario, que reafirmaría la subordinación de la clase obrera ante los intereses de una burguesía nacional que en casi un siglo recibiendo renta pública ha sido incapaz de sacar al país del atraso económico.
Tampoco podemos asumir como nuestra la lógica parasitaria de otro sector de la burguesía (en el que se encuentra buena parte de los altos burócratas chavistas convertidos en empresarios), que vive del comercio importador, de adquirir dólares a precio oficial, comprar barato afuera para vender caro aquí, así como sobrefacturar, hacer fraude importador y fugar plata cada vez que puedan.
Ambas posiciones, que se presentan como dilemáticas (dólar caro o dólar barato), responden a intereses de diferentes fracciones de una misma clase social explotadora, vividora de la renta y privilegiada: la burguesía venezolana. Este artículo ya se nos hizo largo para abordar más completo este asunto, cuestión que abordaremos en próximos textos, pero es importante tener claro que nuestras exigencias como clase trabajadora no deben quedar atrapadas entre esas opciones ajenas a nuestros intereses de clase.
Tenemos que levantar un programa propio para defender el salario, cosa que solo puede hacerse afectando los intereses de quienes nos afectan a nosotros, de quienes hoy ven florecer sus ganancias y negocios a costa de nuestra pobreza extrema. Una tarea para la cual, además, necesitamos reconstruir nuestras organizaciones de lucha como clase –tan maltrechas y debilitadas actualmente– y poner a su cabeza direcciones con independencia de clase, porque con la mayoría de las actuales direcciones sindicales, unas subordinadas al gobierno y otras a los intereses del capital privado, no vamos a poder luchar consecuentemente por nuestros intereses como clase.
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