Al cierre de esta nota, la brutal represión policial y militar ordenada por Dina Boluarte y sostenida en la implementación de un estado de emergencia que ha permitido la militarización de las zonas de mayor conflictividad social, ya se ha cobrado la vida de 28 manifestantes (en la perspectiva de seguir aumentando a medida que pasen los días) y cientos de heridos mayoritariamente por armas de fuego, las cuales habrían sido utilizadas por los miembros de las fuerzas represivas.
En las líneas que siguen trataremos de explicar la dinámica de este proceso social que está conmoviendo al Perú, así mismo, buscaremos poner en evidencia lo que, a nuestro juicio, constituyen las causas más importantes que han llevado a esta explosión social. De igual manera, analizaremos el rol jugado en este proceso por la izquierda reformista, básicamente, a través de la gestión de Pedro Castillo. Concluiremos esta nota planteando algunos elementos que, desde nuestro punto de vista, contribuirían a allanar el camino para una salida que empodere a la clase trabajadora y a los sectores populares y les permita avanzar hacia un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo con perspectiva socialista.
Bonapartismo fallido, golpe parlamentario y respuesta popular
El pasado 7 de diciembre el Parlamento peruano había programado debatir y votar la tercera moción de vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo. Anteriormente ya el Congreso de mayoría derechista había intentado destituir a Castillo en dos oportunidades amparándose en una serie de denuncias y en las declaraciones de diversos “colaboradores eficaces” que hacían ver que el ex presidente habría incurrido en actos de corrupción, apropiándose de dinero público, para favorecer a su familia y a miembros de su entorno político más cercano.
Como se sabe, desde que Pedro Castillo asumió su cargo de presidente, un sector importante de la extrema derecha parlamentaria donde se encontraban fundamentalmente los congresistas de Fuerza Popular (partido de Keiko Fujimori), Renovación Popular de López Aliaga, entre otros, se negaron a reconocer su victoria electoral, la que incluso cuestionaron desde antes que Castillo asuma sus funciones, aduciendo fraude. Estos sectores, contando con el apoyo de la gran prensa y posteriormente de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, llevaron adelante una bien sincronizada campaña mediática y jurídica para hacer ver que el entonces presidente dirigía una “red criminal” y que merecía y debía ser destituido de la presidencia, con ello, lo que querían realmente era desconocer la voluntad popular y electoral que había llevado a Castillo a la presidencia del país, por eso nosotros decimos que el golpe parlamentario se cocinó y se llevó a la práctica desde el primer día que Castillo piso Palacio de Gobierno.
Para el 7 de diciembre esta escalada golpista ya había avanzado significativamente. Por eso en los días previos, importantes ex funcionarios de Castillo, como es el caso de su ex secretario personal Beber Camacho y su ex jefe de la DINI (servicio de inteligencia) José Fernández Latorre, hicieron públicas denuncias que comprometían al ex presidente con la fuga ilegal de sus sobrinos y del ex Ministro Silva, además que lo vinculaban con el cobro de cupos para la obtención de importantes cargos públicos. El mismo 7 de diciembre, horas antes de que se lleve a cabo la sesión para discutir la vacancia, el ex asesor de Castillo, Salatiel Marrufo, daba sus declaraciones televisadas desde la prisión y comprometía también al ex presidente en casos de corrupción.
Todas estas denuncias, que estaban orientadas a quebrar a los Congresistas que se negaban a votar por la vacancia presidencial (se requería 87 votos para que esta se concrete), al parecer terminaron quebrando al mismo Castillo, quien, asustado por la posibilidad de ser vacado, terminó implementando una fallida intentona bonapartista que buscaba cerrar el Congreso y destituir a los altos funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el no contar con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales hizo que esta intentona bonapartista no pase de un discurso público. Lo que sí provocó fue que muchos de los parlamentarios aliados del ejecutivo, como los que conformaban el bloque magisterial, los de Perú Libre y del Nuevo Perú, terminen apoyando la moción de vacancia que ahora sí superó con creces los votos requeridos (logró 101 votos). Inmediatamente después de ser vacado, Castillo fue detenido y encarcelado por la Policía Nacional, a cuyos jefes él había llamado horas antes para tratar de materializar su plan bonapartista de cerrar el congreso y los demás poderes del estado. Mientras tanto, el Congreso presuroso juramentaba como nueva presidenta a Dina Boluarte, con quien, al parecer, ya tenían todo conversado para que reemplace a Castillo.
Lo que no se esperaban los sectores golpistas y la misma Dina Boluarte era la espontánea reacción popular. La cual, al día siguiente de la destitución de Castillo, se empezó a manifestar de manera progresiva pero contundente a través de actos de protesta contra el Parlamento y contra la nueva presidenta. Las consignas de “que se vayan todos” y de “nuevas elecciones generales” empezaron a ser las más voceadas por los manifestantes, quienes, sobre todo en las regiones más pobres del interior del país, empezaron a protagonizar marchas de protesta y posteriormente se empezaron a dar bloqueos de carreteras importantes como la Panamericana sur a la altura de la región Ica y en Chala-Arequipa. También se bloqueó la Panamericana norte y en regiones de la sierra centro, como es el caso de Apurímac por ejemplo, las acciones se hacían mucho más contundentes llegando incluso a tomar los aeropuertos y a quemar importantes instituciones públicas.
El gobierno dictatorial de Dina Boluarte respondió con represión, esto, lejos de acallar a los manifestantes, enardeció más los ánimos, sobre todo cuando se dieron los primeros fallecidos. Las manifestaciones de protesta se expandieron a casi todo el país (en el cuarto día de lucha, en 20 de las 24 regiones del Perú se presentaban acciones contundentes por parte de los manifestantes, como tomas de carreteras, movilizaciones masivas, tomas de ambientes públicos, etc.). Boluarte, quien juramentó a un gabinete de técnicos con mucha cercanía a los grupos de poder y a los grandes capitalistas, decretó el estado de emergencia y ordenó la intervención de los militares, quienes, al grito de “matar o morir” arremetieron salvajemente contra la población movilizada, es ahí cuando las cifras de muertos y heridos dan un salto cuantitativo y pasan de 7 fallecidos a casi 30 al cierre de esta nota, además de cientos de heridos, muchos de ellos a la fecha se encuentran en estado de coma como consecuencia de las heridas de bala.
Hoy, gran parte del Perú está militarizado y en estado de emergencia y las tanquetas, junto a grupos de militares y policías de asalto, patrullan a diario por las calles buscando intimidar a los manifestantes y al pueblo que sale a protestar, al cual han empezado a calificar de terroristas y de pertenecer a las extintas organizaciones Sendero Luminoso y MRTA que en los años 80 protagonizaron acciones armadas. A pesar de todo esto, las manifestaciones continúan bajo diferentes formas. ¿Qué ha llevado a que un pueblo, que hasta hace poco era considerado como conservador y pacifico en comparación con lo que pasaba en Chile, Ecuador o Colombia ahora se ponga de pie? ¿Qué ha pasado con el hasta hace poco considerado “milagro peruano” que muchos políticos y economistas de derecha de la región levantaban para mostrar los “triunfos” del capitalismo y del neoliberalismo?
30 años de neoliberalismo: las raíces estructurales del problema
El Perú es un país capitalista dependiente, con marcados desarrollos desiguales, por eso, importantes académicos nos hablan de la existencia de dos Perú: uno, donde se concentran las principales actividades políticas, administrativas, comerciales, financieras y productivas, donde, a pesar de las contradicciones y desigualdades propias de este sistema, existe una mayor percepción de progreso y bienestar. Este sector estaría representado por Lima. Mientras que, el otro Perú, el también denominado por el historiador Jorge Basadre como el “Perú profundo”, estaría compuesto por la mayoría de regiones del interior del país, que es donde se concentran con mayor crudeza los grandes problemas sociales como pobreza, informalidad, desempleo, precariedad de servicios sociales, discriminación racial, etc. Es precisamente, este “Perú profundo”, el principal epicentro de este ascenso social que ha puesto en evidencia la crisis del estado y la sociedad peruana.
Esta crisis ha sido potenciada significativamente por la implementación de 30 años de neoliberalismo, modelo económico que, como se recuerda, fue impuesto por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori a partir del golpe de estado del 5 de abril de 1992 que permitió la promulgación, un año más tarde, de la actual Constitución de 1993, la cual creó las condiciones jurídicas para favorecer las ganancias de los grandes empresarios nacionales y extranjeros en desmedro de los intereses y necesidades de la clase trabajadora, los campesinos y los sectores populares. Es así que, a partir de la implementación de la Constitución del 93, se echa a andar un nuevo régimen político que promueve, además, una democracia precaria, donde, las grandes mayorías solo pueden elegir cada 5 años a sus representantes (presidente y congresistas) y luego tienen que soportar el abandono de sus promesas de campaña, como ocurrió, por ejemplo, con Ollanta Humala o el mismo Pedro Castillo.
Como consecuencia de estos 30 años de neoliberalismo, y como claramente lo dejó en evidencia la crisis sanitaria del COVID 19, hoy tenemos en el Perú un sistema de salud colapsado y desfinanciado, sin la capacidad para resolver las necesidades básicas de los sectores de menos recursos que no pueden ir a una clínica privada. Lo mismo ocurre con la educación pública, la cual, por su bajo presupuesto genera la precarización del trabajo docente y la falta de infraestructura básica. Este modelo también es responsable de la alta tasa de informalidad y precarización laboral, hecho que termina favoreciendo únicamente a los grandes empresarios quienes de esa manera pueden incrementar su tasa de ganancia.
Es sobre estas bases materiales que se sostiene el denominado “milagro peruano”. Sino veamos el último reporte del “Desempeño del mercado laboral peruano al 2021”, elaborado por la empresa ComexPerú, en el cual se muestra que la cantidad de trabajadores informales a nivel nacional aumentó a 13.156.308, lo que significa un incremento del 17.2% con respecto a 2020. Como se sabe, a partir de los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la tasa de empleo informal (osea, sin contrato y sin derechos) en el Perú, bordea el 70% de la Población Económicamente Activa PEA.
Este alto índice de informalidad laboral tiene un mayor grado de concentración, precisamente en las regiones del interior del país. En ese entender, un total de 18 departamentos presentaron una tasa de informalidad superior al promedio nacional. En particular, Huancavelica fue el departamento más afectado con un total de 285.677 empleos informales en contraste con solo 15.700 en el formal, lo que se tradujo en una tasa de informalidad del 94.8%. Apurímac se ubicó en segundo lugar con una tasa informalidad del 90.6%; a continuación, se situaron los departamentos de Puno (90.4%), Huánuco (89.9%), Cajamarca (89.4%), San Martín (89.3%), Ayacucho (88.8%) y Amazonas (88.3%). No obstante, es importante mencionar que Cusco, Loreto, Pasco, Junín, Ucayali, Áncash, Piura, Tumbes, Madre de Dios y Tacna también superaron el promedio nacional. No es casual entonces que, la mayoría de regiones del interior que presentan las más altas tasas de informalidad laboral y de pobreza, sean también las regiones donde hoy se estén dando las más contundentes manifestaciones de lucha contra el gobierno de Boluarte y contra las demás instituciones del Estado.
Otro de los sectores muy golpeados por la implementación de las políticas neoliberales es el campo, que es precisamente donde se ha venido gestando y manifestando toda esta bronca social. Hoy los campesinos de las regiones del interior del país, que básicamente realizan actividades agrarias para su subsistencia, atraviesan una grave crisis, la cual tiene que ver con la caída de los precios de sus productos a raíz de la importación de bienes agrarios y por el encarecimiento de los insumos que también son importados, como por ejemplo los fertilizantes. La gran inversión privada minera, que es promocionada como la palanca del desarrollo social, lejos de coadyuvar a la solución de estos problemas que aquejan a los campesinos, los profundiza considerablemente ya que, a partir de sus actividades extractivas se terminan creando fuentes de contaminación ambiental y de apropiación de recursos hídricos, como ocurre en la zona alto andina de Moquegua con la minera Souther o en el corredor Minero de Apurímac y Cusco con la minera Las Bambas.
Crisis orgánica y racismo
A estos elementos estructurales se suma la profunda crisis de descrédito por la que atraviesan las principales instituciones del estado como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, así como los partidos políticos y los grandes medios de comunicación, lo cual los ha llevado a perder la hegemonía y el control ideológico de sectores de la población que ya no se sienten representados por estas instituciones de la superestructura, por eso, ahora apelan a la movilización y la lucha como único recurso para ser tomados en cuenta. Es a esto a lo que nosotros, siguiendo a Gramsci, llamamos crisis orgánica.
Esta bronca generalizada hacia el Congreso de la República y hacia la mayoría parlamentaria es consecuencia de la profunda devaluación de este poder del Estado, ya que es visto como caja de resonancia de intereses particulares que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo. Ello hace parte, como ya lo dijimos, del desprestigio hacia el conjunto de los poderes del Estado, el cual se empezó a desarrollar desde 2016, cuando se hicieron públicos los vínculos entre los empresarios de la constructora Odebrecht y los políticos de turno, lo cual ha llevado a muchos ex presidentes y a renombradas figuras políticas a prisión e incluso terminó con el suicidio de Alan García. Recordemos que el caso Odebrecht hacía parte de la operación Lava Jato, la cual, valiéndose de la legítima indignación popular contra la corrupción, fue utilizada por el imperialismo norteamericano para sacarse de encima a gobiernos y políticos que le eran incómodos en el continente.
El parlamento se ha convertido, así, en el reducto de un sector importante de la denominada “burguesía emergente”, compuesta mayoritariamente por empresarios provincianos, muchos de los cuales han construido sus fortunas a raíz de negocios ilícitos o empresas educativas muy lucrativas pero de muy mala calidad que terminan convirtiéndose en “fábricas de títulos profesionales”, que a la postre son una estafa para miles de jóvenes. Estos sectores, que en su momento estuvieron acaudillados por el fujimorismo, han hecho del Congreso el espacio natural para sus componendas económicas y para la consolidación de sus negocios. Ellos tienen presencia en el Congreso porque muchos de estos empresarios son a su vez dueños de sendos partidos políticos, como es el caso de Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña, Podemos Perú de José Luna Gálvez, Renovación Popular de López Aliaga, entre otros. A estos “partidos empresa” se suman otros con más historia, pero manchados de corrupción y entreguismo pro empresarial, como es el caso de Acción Popular del también represor Manuel Merino y del corrupto “Vitocho” Belaunde, así como Fuerza Popular de la tristemente célebre Keiko Fujimori.
Este descrédito de las instituciones y de los partidos políticos, así como de sus dirigentes más reconocidos, también está condicionado por el racismo que destilan estos partidos y estas instituciones contra la población generalmente de origen provinciano y de bajos recursos. Podemos decir entonces que la discriminación étnico-racial en el Perú se convierte en un elemento central de la vida política del país, y es un mecanismo activo que contribuye a la construcción de un orden social jerarquizado que produce marginaciones y exclusión de sectores importantes de la población. Como diría el historiador Alberto Flores Galindo: “el racismo existe en el Perú no obstante que los términos raciales, suprimidos en los procedimientos de la identificación pública, no tienen circulación oficial. Pero un fenómeno por encubierto y hasta negado, no deja de ser menos real”. Este racismo, que tiene raíces coloniales y que hoy se encuentra muy vigente en la sociedad peruana, se ha convertido en una eficaz herramienta ideológica utilizada por las clases dominantes para dividir a los explotados. Y es precisamente contra este racismo naturalizado y hasta institucionalizado que muchos se están movilizando en las provincias del “Perú profundo”.
Bonapartismo judicial y golpe parlamentario
El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, hacen parte también de las instituciones cuestionadas por la población movilizada, en parte porque fue muy evidente la forma como arremetieron judicialmente contra Pedro Castillo, lo cual no se había hecho antes con otros mandatarios a quienes, a pesar de que se sabía que estaban inmersos en irregularidades y actos de corrupción, se les permitió desarrollar sus funciones con normalidad. Las instancias encargadas de administrar justicia en el Perú también están muy desprestigiados porque es harto conocido que altos funcionarios de este sector suelen coludirse con grandes empresarios y políticos de turno a cambio de jugosas prebendas, como claramente lo demostró hace algunos años atrás el caso de los denominados “cuellos blancos” que involucraba a una serie de magistrados en negociados con sectores vinculados a los grupos de poder.
A pesar de ello, en el Perú, así como en el resto de países de nuestro continente, se ha impuesto la figura de un Poder Judicial y una Fiscalía de la Nación, con poderes omnímodos capaz de intervenir en casos políticos convirtiéndose en la pieza dirimente. Con lo cual, la política termina judicializándose.
A esto es a lo que nosotros llamamos bonapartismo judicial e implica darles un poder tal a los jueces y fiscales hasta convertirlos en árbitros políticos. A decir de Matías Maiello, “el bonapartismo judicial implica dar vida a una casta judicial que se propone como garante de la legalidad burguesa al mismo tiempo que la viola para conseguir sus fines. Un Poder Judicial que se propone, en nombre del estado de derecho, asumir buena parte de las tendencias bonapartistas del régimen necesarias para sobrellevar los elementos de crisis política y económica. Un intento de judicializar la cada vez más pronunciada lucha de intereses para contenerla dentro del orden burgués”.
Y eso es lo que se hizo últimamente en el Perú a raíz de la intervención política de la Fiscal de la Nación Patricia Benavidez quien, a pesar de tener serios cuestionamientos por su cercanía a personas vinculadas a delitos de narcotráfico (su hermana), terminó convirtiéndose en la figura determinante quien, a través de sus denuncias y presión jurídica, empujo y le dio “fundamento jurídico” al golpe parlamentario que terminó por destituir a Castillo, tomando como base de sus denuncias solamente las declaraciones de los llamados “colaboradores eficaces”.
Pedro Castillo y el fracaso de la estrategia reformista
Es frente a esta crítica situación económica, que la pandemia del COVID 19 profundizó considerablemente, y frente a este desprestigio de los principales poderes del estado y los partidos políticos tradicionales, que Pedro Castillo ganó la presidencia del Perú en un escenario donde las descalificaciones raciales contra su candidatura fueron el “pan de todos los días”.
Muchos de los que votaron por Castillo en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, lo hicieron esperanzados en que el profesor y sindicalista cajamarquino de origen rural y que venía de liderar una importante huelga de maestros el 2017, sí tendría la fortaleza y convicción para materializar sus promesas de campaña, donde destacaban el cambio de la Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente y ciertas reformas al modelo neoliberal.
Sin embargo, apenas Castillo piso palacio de gobierno olvidó sus promesas de campaña, guardó bajo siete llaves la posibilidad de pelear por una Constituyente y, para mantener la continuidad económica, le otorgó la dirección del Banco Central de Reserva al fondo monetarista y neoliberal Julio Velarde. Mientras que su Ministro de economía se desdecía de los compromisos con la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales y para concretar su formalización y, en la práctica, continuaba con los paquetes de ajuste de sus antecesores. Y para que no queden dudas de su conversión, Castillo viajó a los EEUU y allí se pronunció a favor de atraer a la inversión extranjera, colocándose él como garante del respeto a las condiciones jurídicas (Constitución de 1993) que favorecen el saqueo y la expoliación de nuestros recursos.
El argumento de los seguidores de Castillo y de los partidos de la izquierda que lo apoyaban desde el ejecutivo, era que no había condiciones para cosas mayores y que, por tanto, no había que hacer enojar a la burguesía. Bastaba entonces, para ellos, con copar –lo más que se pueda– las instituciones del estado burgués para desde ahí tratar de hacer gestión del capitalismo a fin de poder, más adelante, realizar alguna reforma que no incomode a los empresarios.
Por esa razón, jamás llamaron a luchar por nada, ni siquiera cuando la derecha parlamentaria y los medios de comunicación arremetían contra su gobierno e iban construyendo día a día la viabilidad del golpismo parlamentario que terminó por concretarse el 7 de diciembre último. A cada golpe de la derecha y los medios de comunicación, Castillo y sus aliados se iban orillando más a la derecha, al grado tal que terminaron por convocar como tabla de salvación a la imperialista y pro golpista OEA, sí, la misma OEA que venía de promover el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia y que reconocía el gobierno golpista de Juan Guaidó en Venezuela.
Si bien es cierto Castillo, mientras duró en el gobierno, nunca se caracterizó por su pericia de estadista, ni por sus dotes de orador, consideramos que no fueron estos elementos los que lo llevaron a perder el poder político que le otorgó la posibilidad de ser presidente del Perú. Fue la estrategia de conciliación de clases y de pretender administrar el estado burgués, lo que lo terminó llevando a la ruina. El pretender realizar “cambios” desde dentro, sin incomodar a los empresarios ni mover en lo más mínimo la institucionalidad del 93, se convirtió en el factor determinante que lo ha llevado ahora a compartir una celda en la misma prisión donde se encuentra Alberto Fujimori.
Luchar por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Sin embargo hoy, a pesar de las traiciones de Castillo a sus promesas de campaña, las masas han salido a las calles y, ni las balas ni los tanques, ni el estado de emergencia de la golpista Boluarte, las pueden doblegar en su lucha por empezar a cambiarlo todo. Sin embargo, mientras no sean el pueblo y los trabajadores los que gobiernen a través de sus organizaciones naturales, la posibilidad de concretar esos cambios no será posible. Un paso en ese sentido tiene que ver con sacarnos de encima el actual régimen político del 93, y para ello es fundamental pelear por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de la movilización y la autoorganizacion obrera y popular.
Pero, para poder concretar ello necesitamos fortalecer el único camino en el cual podremos derrotarlos: el camino de la movilización permanente, hacia un plan de lucha que culmine en la huelga general para echar a Boluarte y todo este régimen, y así forjar la alianza obrera y popular para conquistar todas nuestras demandas. Por eso, hacemos un llamado para constituir un Comando Unitario de Lucha de cobertura nacional que nos permita centralizar las diversas iniciativas y golpear como un solo puño.
Solo la acción de la lucha de clases en las calles y la autoorganización en el camino de la huelga general puede derrotar el estado de emergencia y hacer caer al gobierno dictatorial de Dina Boluarte. Solo de esa manera podremos imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que responda a nuestras necesidades. En ese camino, es necesario el impulso de organizaciones de los trabajadores y el pueblo pobre para esta pelea, y serán las que podrán encabezar un gobierno provisional de las organizaciones obreras y del pueblo pobre que convoque a una constituyente, como transición a un gobierno de las y los trabajadores.
Si queremos entonces empezar a cambiar las cosas de raíz no podemos esperar que sea este Congreso o el próximo los que convoquen a la Constituyente. No, solo los espacios de autoorganización obrera y popular, forjados al calor de la lucha, son garantía de nuestra victoria. Fuerza hay y la seguimos expresando diariamente en las calles. Hay que avanzar a una lucha superior para echar abajo el régimen del 93 y conquistar nuestras aspiraciones. |
