En plena pandemia, la primera expresión del fenómeno se dio en el 2020 en el sector del transporte, donde los choferes auto-convocados lograron imponerle a la conducción un paro total del sistema de transporte urbano, logrando algunas conquistas importantes como el pase a planta de un sector que estaba en la informalidad. Ese ejemplo en un sindicato de mucho poder de fuego impactó a otros sectores de trabajadores precarizados, y la dinámica de auto-convocatoria se extendió rápidamente a trabajadoras y trabajadores de limpieza y call centers que protagonizaron asambleas y movilizaciones ante el abandono de las conducciones sindicales.
En el sector docente surgieron auto-convocatorias de camareras del Paicor, docentes suplentes y distintos sectores afectados por las modificaciones laborales impuestas en el marco de la pandemia. En el sector de la salud, con mayor tradición de lucha auto-convocada por el descontento histórico con la conducción del SEP (Sindicato de Empleados Públicos), se hicieron caravanas de sectores auto-convocados reclamando recomposición salarial y denunciando el salto en la precarización laboral en pandemia.
En una situación donde se combinaban los efectos explosivos de la crisis social (con índices récord de pobreza), la caída salarial y la extensión de la precarización laboral, este “primer ciclo” de auto-convocatorias del año 2020 fue cerrado por la intervención de las conducciones sindicales. Desde la garantía de inacción y paz social que brindaron cúpulas sindicales como UEPC–que no convocó a una sola medida de fuerza mientras la precarización y sobrecarga laboral aumentaba y muchos docentes se quedaban sin trabajo en pandemia- y el SEP –que hacía lo propio mientras el sector de la salud trabajaba al extremo del agotamiento -; hasta el abierto ataque a los sectores en lucha que garantizaron cúpulas sindicales como la de SOELSAC, cómplice de los despidos persecutorios de las trabajadoras de limpieza que se rebelaron contra la miseria salarial.
De conjunto, esto le permitió al Gobierno aislar y derrotar a los sectores que levantaron cabeza, mientras asestó golpes duros como la reforma jubilatoria que degradó los haberes jubilatorios estatales. Aunque se rebelaron como las primeras respuestas sintomáticas de un malestar obrero mucho más extendido que sus expresiones activas, las auto-convocatorias no superaron por entonces el estadio de sectores reducidos, ni avanzaron en formas de coordinación para conquistar mayor fuerza social y dirigirse a los miles de trabajadores de la base de los grandes sindicatos. Límites que, como decíamos, lejos de “estar dados” dependieron de la capacidad de contención de las cúpulas sindicales.
Vencedores vencidos
En más de una oportunidad hemos señalado, aludiendo a la resistente estructura de gobernabilidad del peronismo provincial, que por la propia estructura económico-social de la provincia, oscilando entre la coerción abierta con elementos consensuales y el consenso con elementos coercitivos, en el “Estado-integral” cordobés las cúpulas de los sindicatos actúan como base de la gobernabilidad provincial, a lo que hay que sumar las conducciones de los movimientos sociales oficialistas (éstos últimos, directamente incorporados a la estructura del gobierno provincial en la gestión de Schiaretti).
No sólo operan en general como factores de contención de las demandas, sino que frente a las coyunturas sociales, económicas y políticas más críticas actuaron como el elemento de “fortaleza en la debilidad”, permitiendo al gobierno recomponerse sin sufrir embates significativos. Esto explica que Córdoba exhiba cifras sociales críticas (como el 40 % de pobreza que ubica al Gran Córdoba más de 3 puntos por encima de la media nacional, el 8, 7 % de desempleo que lo ubica 1 punto encima, y la altísima precarización laboral), sin que todo esto se haya expresado en una dinámica de alta conflictividad capaz de cambiar la situación provincial.
Ese eje de flotación de la estructura de contención es lo que hizo entrar en crisis la masiva lucha de salud, que marcó un salto cualitativo en relación con el primer ciclo de conflictos. Por su extensión provincial, la inédita unidad lograda entre los distintos sectores del sistema sanitario y la organización asamblearia, la lucha cobró una fuerza social histórica y rompió el molde de los esquemas de contención del gobierno provincial. Esta vez, la forma auto-convocada de la lucha logró darse una institución permanente, la Coordinadora Salud de Córdoba Unida, que garantizó la representación democrática y la unidad de acción de los múltiples sectores de los centros de salud de toda la provincia, permitiendo ubicarse como
alternativa de dirección para superar la política de entrega de la conducción del SEP.
El Gobierno, que entró al conflicto golpeado por distintas crisis políticas–como el escándalo del neonatal que llevó al desplazamiento del Ministro de Salud Cardozo, la trama de impunidad y privilegios que reveló ante amplios sectores el caso de Oscar Gonzalez, recientemente desplazado como presidente de la Legislatura; la crisis abierta en el juicio por el caso de Blas Correas, que llevó a desplazar al Ministro de Seguridad Mosquera- y atravesado por las internas que despierta la coyuntura electoral, se vio arrinconado por una dinámica que sus factores de contención fueron incapaces de frenar o aislar, como lo demostró el hecho de que la lucha se sostuviera por cuatro semanas con una tónica ascendente en medidas de fuerza y con un importante apoyo popular.
El schiarettismo tuvo que reconocer a la Coordinadora como interlocutor (e incluso asumir el compromiso de incorporarla en las futuras negociaciones paritarias) y ofrecerle un acuerdo (salarial y de condiciones laborales) que no sólo estuvo muy por encima del negociado por el SEP sino que fue arrancado con lucha. En ese acto, el gobierno exhibió su debilidad teniendo que reconocer la falta de representatividad de la cúpula del SEP, que respondió acusándolo de deslealtad sindical y convocando junto a la CGT a una movilización por la “reapertura de paritarias” que no juntó más de 500 personas.
Una acción que no buscaba conquistar la fuerza para reabrir las paritarias sino presionar al Gobierno en defensa de la estrategia, golpeada por la lucha de salud, de negociar por arriba. Lo propio sucedió con la conducción del sindicato docente (UEPC) que, tras apurarse a cerrar la negociación paritaria cuando crecía la exigencia de ir al paro junto con los sectores de salud, quedó en falsa escuadra con la conquista obtenida por la Coordinadora de Salud y sacó una declaración acusando al gobierno de deshonestidad por haber mentido “diciendo que no había recursos” y “pidiendo” la reapertura de paritarias.
Entre el crecimiento del desprestigio interno –en el caso de docentes, expresado en una nueva camada de delegadas y delegados escolares antiburocráticos- y la tensión con el gobierno que, sin muchas opciones, tuvo que ceder y dejarlas golpeadas, las conducciones sindicales estatales atraviesan una fuerte crisis.
¿Puede convertir esto al sector estatal en un “eslabón débil” de los mecanismos de contención provincial? Imposible predecirlo, pero la lucha de salud puede mostrar un fenómeno profundo que anticipe una dinámica de mayor conflictividad capaz
de cambiar la relación de fuerzas en la provincia. Porque si la contención garantizada por las conducciones sindicales los últimos años logró desviar las expresiones de descontento, es claro que no pudo mitigar sus causas. Hoy las condiciones salariales y de precarización laboral son más degradas aún, y podemos estar ante las primeras manifestaciones significativas de ese descontento acumulado que encuentre en la hendija abierta con la lucha de salud nuevos canales para emerger. Es de suponer que el intento de represtigiarse ante el descontento creciente de las bases empujará a las conducciones sindicales a una ubicación de mayor presión frente al Gobierno, abriendo más brechas para la emergencia de la lucha desde inicios de año.
A su vez, la lucha expuso un frente sindical con mayores brechas por arriba a partir de la intervención nacional de la CGT Córdoba que llevó a la división entre las conducciones alineadas con Pihen y la CGT intervenida. Esta última, buscando mostrarse más combativa, osciló entre apoyar discursivamente la lucha al comienzo, y despegarse cuando ésta desplegó una dinámica de auto-organización que todas las alas burocratizadas ven como una amenaza.
Más de fondo, está por verse la magnitud de estas brechas y la profundidad de la crisis de las cúpulas sindicales estatales, garantes de un esquema de contención consolidado por décadas y que el peronismo provincial hizo régimen de gobierno.
Ya no sos igual
Elevando la mirada al análisis de mediano plazo histórico, podríamos decir que la relación que en estos más de 20 años el peronismo estableció con las conducciones sindicales estatales fue a su modo un “homenaje” a la relación de fuerzas heredada de las luchas frente a la crisis del modelo neoliberal de los años 90 y la caída de Angeloz en 1995, el ascenso de lucha de clases más agudo que vivió la provincia desde los 70 en adelante. Por entonces, en un contexto de brutal ajuste (que incluyó recortes presupuestarios y suspensión por meses del pago salarial a estatales) en el que los paros, asambleas y movilizaciones generalizadas paralizaron virtualmente por semanas el funcionamiento de distintas dependencias públicas, las conducciones pusieron en pie la Coordinadora de Gremios Estatales para ponerse a la cabeza del proceso a la vez que canalizar y contener las expresiones más agudas del descontento social.
De esa forma, puntos altos como el paro activo provincial del 18 de abril de 1995 convocado conjuntamente por las conducciones estatales y la UOM ante la presión de las bases, fueron acciones aisladas que no tuvieron continuidad y se evitó que se imponga la consigna de “huelga por tiempo indeterminado” que crecía en distintas asambleas y plenarios de delegados de estatales. La coordinadora prestó sus servicios para mantener las luchas separadas por sector y si bien Angeloz tuvo que entregar el poder de manera anticipada se sostuvo la normalidad institucional y la continuidad del ajuste de la mano del “Chancho” Mestre, con el que las conducciones negociaron una tregua inicial.
Decíamos hace un tiempo que, en esta coyuntura crítica, "el ’partido sindical’ contuvo, a la vez que, montado sobre la lucha social, marcó ciertos límites al ajuste: ningún gobierno logró cumplir el objetivo de privatizar la EPEC, -cuyo sindicato además sostuvo, junto al de municipales, importantes conquistas-, y durante años no se logró el objetivo de armonizar la caja de jubilaciones".
Los gobiernos de Unión por Córdoba que comenzaron en 1999 gobernaron bajo esta relación de fuerzas general e integraron a los sindicatos más abiertamente a su estructura de gobierno, incluyendo a varios sindicalistas como funcionarios (Grahovac pasó de ser Secretario General de UEPC a Ministro de Educación, Pihen hace años es legislador oficialista a la vez que Secretario General de los empleados públicos, Ilda Bustos, Secretaria General de la Unión Obrera Grafica, por años fue legisladora oficialista). Pero cada vez más lejos de aquella relación de fuerzas de los 90, la subordinación creciente a la política del gobierno tuvo para las conducciones sindicales estatales el costo de debilitar crecientemente su poder de fuego, dejando pasar cada vez más ataques como los descuentos por días de paro en el caso docente (una “innovación” que se hizo norma desde hace algunos años), la reforma jubilatoria y el empeoramiento agudo de las condiciones laborales (que por primera vez en el sector docente comienza a cobrarse vidas).
La lucha de salud, que irrumpió como el “factor imprevisto” en el escenario provincial, mostró que cuando se apela a los métodos de lucha de los trabajadores el poder de fuego es enorme, dejando planteada la necesidad de luchar por recuperar los sindicatos a manos de los trabajadores. |
