El TOC 3 de Lomas de Zamora les dio 25 años de cárcel a los exbonaerenses Mantel, Gómez, Lorenzón, Gatto, Valengael, Dudek y Rodríguez, quienes hace 28 años en Avellaneda “confundieron” a Edgardo Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza con “delincuentes” y los masacraron. Más años de impunidad que de condena.

Este lunes siete exmiembros de la Policía Bonaerense fueron condenados a 25 años de prisión al ser hallados autores materiales del asesinato de cuatro hombres, ocurrido en 1994, en lo que se conoció como “la Masacre de Wilde”, en esa localidad del partido de Avellaneda.

Tras dos meses de juicio oral y público, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, al exsubteniente Pablo Dudek, a los exoficiales Julio Gatto, Marcelo Valenga y Osvaldo Lorenzón y al excabo Marcos Rodríguez al considerarlos coautores de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.

De aquel hecho fueron víctimas el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Viajaban en un Peugeot 505. La cuarta víctima fue el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que iba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, único sobreviviente del ataque policial que, según las pericias, registró casi 300 disparos de sus armas reglamentarias.

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Pese al paso del tiempo (casi tres décadas) y a la dureza de la pena, los jueces Marcelo Dellature, Luis Gabián y Claudio Fernández determinaron que los condenados sigan en libertad, al menos hasta que la sentencia quede firme, lo que puede demorar algunos años más. Obviamente, los asesinos llegaron al juicio en libertad y luego de escuchar el veredicto del TOC 3 volvieron a sus casas.

Vale recordar que en 1994, tras ocurrir la masacre y por la movilización de las familias de las víctimas, los policías fueron detenidos. Pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó por “falta de mérito” y los liberó.

Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, dijo a la agencia Télam tras el veredicto que cuando escuchó que la condena era a 25 años se lamentó “porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”.

La fiscal Viviana Simón había solicitado la máxima pena posible al considerar que los policías habían tenido un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demostró que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”. Lógicamente, las defensas de los acusados pidieron la absolución de los siete.

Construcción de impunidad

De los once uniformados identificados como responsables, todos de la entonces Brigada de Investigaciones de Lanús, dos murieron impunes. Otro, el exsubteniente Marciano González, sufrió un ACV en 2021 y quedó fuera del proceso por incapacidad mental.

Los siete restantes fueron juzgados por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”. El lunes 10 de enero de 1994, los once persiguieron por las calles de Avellaneda a dos autos en los que, presuntamente según su versión, viajaba un grupo de “delincuentes”.

De la Brigada de Lanús en aquel momento era subjefe el comisario Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA (ocurrido el mismo año 1994) y quien por casualidad no estaba en el país cuando ocurrió la Masacre de Wilde.

Según la versión policial (avalada por el entonces gobernador Eduardo Duhalde), las víctimas fueron perseguidas y asesinadas por ser supuestos ladrones de una sucursal del Banco Galicia. Pero lejos de un operativo “normal”, los efectivos actuaron vestidos de civil y en autos sin patente ni identificación.

Las pericias determinaron que sobre ambos vehículos se descargaron entre 240 y 270 balazos, centralmente de las pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros y, al menos, un subfusil Uzi.

En un principio, ante la conmoción del hecho, los policías fueron detenidos. Pero al poco tiempo la Cámara de Apelaciones y Garantías de Avellaneda los sobreseyó y dejó en libertad. Tras las apelaciones de las familias de las víctimas, en 2003 y luego en 2007 los asesinos fueron nuevamente sobreseídos hasta que la causa llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En 2014, veinte años después de los hechos, el máximo tribunal judicial de la provincia revocó los sobreseimientos y ordenó reabrir el expediente.

Otro elemento que demuestra las dilaciones del Estado en favor de la impunidad es que el juicio comenzó un año después de producirse la audiencia preliminar (donde se anticipan las pruebas y los testigos que cada parte aportará al debate).

Aún las familias de las víctimas deben esperar para ver a los verdugos de sus seres queridos encarcelados. Pero algo ya es cierto: los asesinos de uniforme pasaron más años impunes (28 hasta ahora) que lo que cumplirán tras las rejas. Una metáfora de cómo trata el Estado (gobierne quien gobierne) los casos en los que los victimarios son sus propios agentes y las víctimas son parte de la clase trabajadora.