Tanto en las últimas encuestas como también a través de los medios de comunicación, se expresa la preocupación de la población respecto al crimen y el aumento de los delitos. Esto ha llevado a que tanto los gobiernos locales como el gobierno central adopten una política represiva y criminalizadora, persiguiendo a todos quienes atenten contra la propiedad privada, no sólo de la población -como podríamos entender a la gente común- sino que también defendiendo a las grandes empresas y capitalistas del país. |
Durante la jornada del pasado lunes, Boric en conjunto con Carolina Tohá presentaron las 10 medidas que interpondrá el gobierno para perseguir el crimen. La agenda represiva y criminalizadora se viene instalando en los hechos hace meses en el país, donde Irací Hassler del Partido Comunista ha cumplido un rol primordial en perseguir y criminalizar a los inmigrantes y el comercio ambulante de la comuna de Santiago. La estrategia de "copar" las calles y relegitimar la institución más desprestigiada durante los últimos años que es Carabineros, que durante el estallido social fue violadora de los DD.HH y anteriormente denunciada por los casos de corrupción del llamado Paco Gate, ha sido parte de una operación del conjunto del régimen político que tanto el Frente Amplio le han dado cabida y legitimado, incluso negando la libertad a los presos de la rebelión olvidando su propio programa frente a este punto.
Dentro de los puntos a considerar en este nuevo plan del gobierno, se encuentran la persecución al crimen organizado, el robo de madera y de cobre, teniendo una política de persecución al interior de los territorios, además del fortalecimiento penal y mayores atribuciones y capacitaciones para Carabineros y las instituciones involucradas.
Una de las persecuciones más mentadas este último año, ha sido precisamente el llamado robo de madera, que la derecha ha puesto en la agenda política para atacar al pueblo mapuche desde la región del Bío-bío hacia el sur, donde la respuesta del gobierno continúa siendo la represión y militarización con un estado de excepción en la zona vigente y que ha continuado renovándose en el Congreso. La respuesta del gobierno frente a una de las zonas más pobres del país con mayor trabajo femenino e informal continúa siendo la represión y criminalización por medio de la presentación de este nuevo plan y presupuesto, tal como ya viene siendo en esa zona del país y actualmente en la región Metropolitana potenciando aún más la persecución a la población migrante, que llena los trabajos informales y precarios con una forma de supervivencia en medio de esta situación de inflación y recesión económica.
Queda bastante claro, en qué lugar se encuentran las prioridades de este gobierno. Un gobierno que desde el inicio de su mandato, ha hecho eco de la agenda instalada por la derecha que no ha sido sólo una "agenda contra el crimen" como quieren dar a entender, sino una línea consciente en contra de la población migrante, y el pueblo mapuche entre otros sectores. Y junto con esto, validando y financiando instituciones totalmente desprestigiadas. |