El derechista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue trasladado en la madrugada de este viernes al penal de Chonchocoro, situado en el altiplano, a 35 kilómetros de La Paz, para cumplir cuatro meses de detención preventiva por uno de los casos sobre el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.
Un juez de la jurisdicción de La Paz dictó esa sentencia en el marco del proceso por terrorismo en el caso llamado "golpe de Estado I".
La derecha santacruceña agrupada en diversas instituciones cívicas llamaron a un paro de 24 horas este viernes para presionar por la libertad de Camacho.
¿Cuáles son las razones de la aprehensión de Camacho?
La detención de Camacho, el miércoles 28 de diciembre, se produce luego de tres años de impunidad garantizados por la sistemática política conciliadora y dialoguista del gobierno del MAS, en todas sus alas, y un aparato judicial que actúa como instrumento funcional al gobierno de turno.
Los intentos dialoguistas por parte del MAS lejos de sentar las bases para un acuerdo nacional como propugnaban desde el oficialismo, solo lograron alentar las exigencias y la beligerancia de los grupos de la extrema derecha, entre ellos los cívicos cruceños. Esto se tradujo en tres paros regionales con el objetivo de imponer la abrogación de leyes impulsadas desde el oficialismo para el control de la legitimación de ganancias ilícitas y el último, para imponer el censo de población y vivienda el 2023.Este último paro regional se transformó en la mayor crisis política del gobierno de Arce, en sus dos años de gestión, saliendo de la misma con el surgimiento de una nueva oposición parlamentaria encabezada por el evismo, en una disputa que tiene como eje central la aún lejana campaña electoral del 2025.
Es en este escenario que el gobierno de Arce, al avanzar en la detención de Camacho, intenta mejorar sus posiciones políticas con respecto no solo a la oposición de derecha, que considera la detención como una provocación, sino también con el evismo al efectivizar una demanda popular muy sentida como es la demanda de justicia por las masacres del golpe. Intenta de esta manera, aprovechar el desgaste de la derecha luego de un paro cívico que no logró sus objetivos golpeando sobre el principal referente de la extrema derecha golpista. Pero al tiempo de hacerlo también es un golpe por elevación al evismo, que venía atacando muy duramente al gobierno por la impunidad que se estaría garantizando a los golpistas. Busca disputar al evismo el control de los movimientos sociales que han recibido la noticia del apresamiento de Camacho con entusiasmo luego de exigirla por tres años.
Una medida arriesgada ante los anuncios cívicos de nuevas medidas de fuerza
La detención de Camacho y el posterior dictado de prisión preventiva por 4 meses en Chonchocoro, es respondida por el comité cívico cruceño con un paro movilizado de 24 horas que se está efectivizando mientras escribimos estas líneas. Grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se movilizaron apenas conocida la información de la aprehensión del gobernador, llegando a tomar los aeropuertos de Viru Viru y el Trompillo en un desesperado intento de impedir el traslado del gobernador a la ciudad de La Paz. Incendiaron las oficinas de la fiscalía departamental de Santa Cruz y el frontis de la vivienda del ministro de obras ´publicas, Edgar Montaño. Casi una treintena de personas fueron detenidas por la violencia desplegada por estos grupos. Es que si bien Camacho y Calvo, los dos exponentes más notorios de la extrema derecha, salieron muy cuestionados luego del paro cívico, lo cierto es que también ha quedado claro la existencia de un importante fenómeno social de derecha que actúa como semillero de nuevos cuadros y que alimenta a estos grupos reaccionarios. Es en este sentido que la medida adoptada desde la fiscalía y con el guiño del gobierno de Arce para proceder al apresamiento del gobernador, es una medida sumamente arriesgada que puede alentar la unidad de las filas golpistas y reabrir una crisis política nacional si el gobierno de Arce se muestra débil para mantener el control del departamento de Santa Cruz.
El inicio de nuevas medidas de fuerza por parte de los cívicos, luego del violento paro de los 36 días pasados es también otra apuesta arriesgada ya que deberán sostenerla contra la gran mayoría de la población trabajadora recurriendo incluso a mayores niveles de violencia para garantizar la medida de fuerza. De hecho, la esperada violencia reaccionaria con la que buscan imponer su paro, ya se expresó desde la noche de ayer y durante la madrugada de este viernes. Como informó la red de noticias “Patria Nueva – Radio Illimani”, se produjeron ataques de grupos afines a Camacho y a los cívicos en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, donde se denunciaron saqueos a tiendas y negocios por parte de los unionistas (UJC).
De continuar con estas medidas los cívicos y la derecha oriental arriesgan que las y los trabajadores cruceños terminen reaccionando contra las imposiciones cívicas y agroindustriales, alentando la posibilidad de que estos sectores cansados de la brutalidad patronal empiecen a imponer sus necesidades, como la de trabajar, ya que son familias que garantizan sus necesidades de lo que ganan al día. Esta situación plantea la posibilidad de que se desarrolle de manera más intensa la lucha de clases no solo en el departamento sino en el ámbito nacional.
Apenas terminado el conflicto de los 36 días de paro cívico (que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023), el mes de noviembre, en el programa Abriendo Brechas de La Izquierda Diario Bolivia, afirmábamos que la salida del conflicto dejaba un estado de mayor debilidad institucional así como una mayor fragmentación, tanto de las formaciones políticas derechistas y golpistas, como también del MAS.
Esta situación de mayor debilidad y crisis, en la que tanto el gobernador cruceño, Camacho, como el presidente del comité cívico (entidad empresarial-regional) pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, salen cuestionados del conflicto, planteaba la posibilidad de una detención de Camacho como afirmamos durante el programa mencionado. La polarización política agravada desde el golpe de Estado del 2019, alimenta los recurrentes choques y enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición derechista.
Ninguna confianza en el aparato judicial cómplice del golpismo
El entusiasmo y la ilusión de diversas organizaciones sociales ante la aprehensión de Camacho, luego de haber reclamado durante años, viene siendo alentada desde el partido de gobierno como si estas medidas fueran expresión de avances de la "justicia”.
El slogan “no es venganza, es justicia” acompaña las manifestaciones populares afines al MAS. Sin embargo, desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, afirmamos que la detención de Camacho no es venganza pero tampoco es justicia, cuando son decenas sino cientos de responsables de torturas y asesinatos que hoy están en libertad. No puede hablarse de justicia cuando los procesos por los crímenes cometidos en Sacaba y Senkata, las torturas a cientos de detenidos en las primeras jornadas del golpe continúan paralizados y garantizando la impunidad de los golpistas.
Llamamos a no depositar ni una pizca de confianza en las instituciones repodridas del Estado como son la fiscalía y todo el aparato judicial, las que a lo largo de estos años han actuado como cómplices en la persecución política desplegada durante el gobierno de facto de Áñez así como garantes de la impunidad de todos los golpistas responsables de los asesinatos en Sacaba, Senkata y el Pedregal durante el golpe de noviembre del 2019.
No solo se trata de una “justicia” cada vez más cuestionada por importantes franjas de la población trabajadora y de los sectores populares, que ve cada día, cómo acceder a la misma parece más una mercancía que un derecho. Compra justicia los que pueden pagarla. Se trata también, como ha quedado manifiesto durante el golpe de Estado, que la Policía y las Fuerzas Armadas, los brazos represivos del Estado, responsables directos de las masacres, por más que el gobierno de Arce, así como lo hizo Evo Morales en sus gestiones, trate de embellecerlas y garantizar su lealtad, lo cierto es que estas instituciones vienen adquiriendo un mayor protagonismo político desde el golpe en adelante, lo que las convierte en una peligrosa amenaza contra las y los trabajadores y el pueblo.
Es por todo esto que solo la movilización y autoorganización independiente de las víctimas, organizaciones sindicales y sociales puede lograr de manera efectiva e integral la demanda de justicia que desde las organizaciones populares se exige. Esto únicamente podrá lograrse en lucha no solo contra la permanente negociación y conciliación que desde el MAS han desplegado durante el golpe de Estado y luego durante el gobierno de facto de Áñez, sino también contra un aparato judicial que es usado como un instrumento de presión al servicio de la estabilidad del régimen y de la persecución de sectores obreros y campesinos. LLamamos a impulsar la más amplia movilización, desde abajo, para exigir juicio y castigo a todos los golpistas, y ninguna confianza en el gobierno garante de los negocios capitalistas a costa de los derechos, las necesidades y las vidas de las y los de abajo. |
