El curso judicial retoma su marcha después de unas semanas de vacaciones en las que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos las decretara como inhábiles procesalmente.
Se retoma por lo tanto la acción judicial después de unas semanas en las que el Consejo General del Poder Judicial y el órgano del Tribunal Constitucional hayan demostrado sin ambages su carácter profundamente reaccionario al impedir en el Senado legislar sobre la renovación del mismo organismo judicial, a pesar de que finalmente se haya renovado el TC.
Una negativa, la de la renovación de los órganos judiciales, vinculada estrechamente a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición y reformar el de malversación reformando el Código Penal. Cuestión que entra en vigor este jueves 12 de enero.
Con la reforma del Código Penal está por ver si ex altos cargos de la Generalitat y numerosos alcaldes podrán favorecerse de la rebaja de las penas del delito de malversación, ya que serán algunos de los primeros que pasarán por los banquillos de los acusados durante los meses de enero y febrero de este 2023.
Habría que recordar, no obstante, que son casi 4.000 las causas judiciales desde la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y el grueso de estas van dirigidas hacia centenares de jóvenes y activistas de la izquierda independentista que en nada los beneficia la reforma del Código Penal del gobierno y que cuenta con el apoyo de ERC.
Así, numerosos activistas detenidos durante las protestas post sentencia o las movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél están citados en estos meses, para las cuales la Fiscalía pide penas altas de prisión por delitos de desórdenes públicos.
En el mismo sentido, muchas de las jóvenes y activistas que permanecieron en prisión preventiva después de las manifestaciones contra la sentencia están esperando también fecha de juicio estos primeros meses o para el segundo semestre del año. Es el caso de Paula, Xènia y Andrea o David y Alvaro, detenidos durante la represión de los Mossos d’Esquadra en plaza Urquinaona.
A todo ellos, además se les tiene que sumar las causas judiciales abiertas a decenas de personas que participaron de los llamamientos a movilizarse de Tsunami Democrático, entre otros activistas que han participado de movilizaciones como son los cortes de vías del AVE del primer aniversario del 1 de octubre en 2018, o el caso de Adrià Sas, todavía encausado por atentado a la autoridad durante la misma jornada, entre otros muchos casos.
Sin duda, todas ellas se enfrentan a unas causas judiciales en las que la reforma del Código Penal del gobierno del PSOE y Unidas Podemos no tiene nada que ofrecer. Pero queda en evidencia también, y más que nunca, que la política del govern de la Generalitat era cerrar el ciclo processista y la vuelta a la normalidad autonómica de la mano de la coalición que conforma el gobierno español.
Esta es la desjudicialización del proceso de la que tanta gala hacen Pere Aragonès y Pedro Sánchez (cuando corresponde) a la que se llega después de negociar en una falsa mesa de diálogo. No obstante, no nos puede extrañar, pues el govern catalán es el mismo que durante todos estos años, y todavía hoy, se presenta como acusación en numerosas causas judiciales contra activistas independentistas, y en las que en algunos casos acaba pidiendo penas superiores a las que propone la fiscalía. | 
