El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes respondió este miércoles al pedido de la Fiscalía General (AGU) ante la amenaza de una supuesta nueva movilización golpista convocada bajo el nombre de “Mega Manifestación Nacional - Por la Reanudación del Poder”, que iba a ocurrir este mismo miércoles.
La medida de Moraes prevé la prohibición de obstruir la vía pública, prisión para quienes lo hagan, la prohibición de ingreso a edificios públicos y el bloqueo en la aplicación de mensajería Telegram de aquellos perfiles que convoquen a la manifestación.
Las movilizaciones del domingo ya habían sido facilitadas por la Policía del Gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, un bolsonarista que acabada de ser destituido del cargo por el propio Moraes, y que incluso se disculpó públicamente con Lula, así como por Anderson Torres, secretario de Seguridad Pública del DF, ex ministro de Bolsonaro, quien también fue detenido por Moraes.
El nuevo ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, anunció la detención de 1200 bolsonaristas (muchos de los cuales ya fueron liberados) y la identificación de quienes financiaron la acción golpista del domingo, entre los que se encuentran grandes empresarios de la agroindustria y los grupos conocidos bajo la sigla CACS (que agrupan a coleccionistas de armas, tiradores deportivos y cazadores), entre otros.
Ante la convocatoria de nuevas manifestaciones golpistas, es necesario transformar el grito de “¡No a la Amnistía!” [para bolsonaro] que se escuchó por miles el pasado lunes en las manifestaciones antigolpistas, y que expresa el rechazo a lo que fue el Gobierno de Bolsonaro, para extenderlo también a los empresarios y militares que apoyaron y fueron parte de él. Muchos de esos personajes siguen ocupando puestos estratégicos en la función pública o en el manejo de empresas estatales, y que por ahora el régimen político busca preservarlos, bajo un pacto de impunidad.
Para enfrentar seriamente al golpismo, a los golpistas y a la extrema derecha es necesaria la lucha en las calles, con el llamado a un paro nacional de parte de las Centrales Sindicales y las organizaciones estudiantiles y movimientos sociales, que además rechacen el legado de Bolsonaro y Temer plasmado en la reforma laboral, previsional, la precarización y las privatizaciones.
Esta es la única forma de enfrentar a la extrema derecha, que cuenta con representantes dentro del Gobierno de Lula-Alckmin como José Mucio, actual ministro de Defensa, miembro del histórico partido de los militares conocido como ARENA, que viene de calificar a los actos golpistas como "manifestaciones democráticas". Para ello, es necesario luchar por el fin del pacto de impunidad hacia los mandos militares y policiales, así como de los actores empresariales, que están involucrados en estas acciones y en todo el legado desde el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en el año 2016. Proceso del que fue cómplice y pieza clave el STF y el propio Moraes que fue uno de los que en 2018 votó contra el Habeas Corpus presentado por la defensa de Lula, lo que terminó con su encarcelamiento y proscripción política, allanando el camino para el triunfo de Bolsonaro y fortaleciendo a la extrema derecha.
Las medidas de Moraes prohibiendo las movilizaciones serían válidas "hasta que se restablezca el estado de normalidad". La legitimación de este tipo de mecanismos, tomados por un STF que viene de ser cómplice del bolsonarismo y el golpismo durante los años previos, hoy se vuelve contra la extrema derecha, pero luego pueden ser utilizados contra la izquierda, la clase obrera, los movimientos sociales y todo aquel que quiera luchar en las calles.
Es una medida que fortalece el autoritarismo de las instituciones del régimen y es lo contrario de preservar las garantías democráticas. La implementación de la intervención federal de Lula en Brasilia, avalada por el Congreso Nacional, también sirve a estos fines, fortaleciendo las instituciones que orquestaron todos los ataques en los últimos años y a las fuerzas represivas.
Alexandre de Moraes tiene un largo historial en contra de los derechos de la clase trabajadora y de los pobres, además de votar a favor de la detención de Lula, también avala la operación realizada por la Policía Federal en las elecciones que impidió mediante amedrentamiento y parando micros en la ruta que parte de la población votara, especialmente en la Nordeste donde el voto por Lula es mayoritario. También es quien legitimó la injerencia militar en las elecciones.
La colaboración entre Lula y el Poder Judicial no se limita solo a avalar sus actuales medidas autoritarias sino también en el aumento de sueldo que les acaba de otorgar este miércoles a los jueces del STF, mientras la población sufre hambre y se ataca la huelga de los repartidores por salarios y mejores condiciones de trabajo que está convocada para fin de enero. El sueldo de los jueces del STF, del Fiscal General de la República y del Defensor General de la Unión acaba de tener un gran aumento. La cúpula del poder judicial brasileño que ya viene de cobrar 39,3 mil reales (7.600 dólares), mientras la pobreza extrema bate récords en el país, ahora recibirá un sueldo de 46,6 mil (9.100 dólares) en cuatro cuotas de aquí a 2025.
Para enfrentar a la extrema derecha es necesario movilizarse independientemente del Gobierno, sin ninguna ilusión ni fortalecimiento de las instituciones del régimen que fueron responsables directos de su existencia. Es necesario exigir al Estado condiciones para imponer una investigación independiente de sus instituciones contra los hechos golpistas, que incluso contó en sus filas con asesores del Ministerio de Defensa, como el Capitán de Marina retirado Vilmar José Fortuna, y que estos sean juzgados en juicios por jurado popular, además del fin inmediato de los privilegios de militares, políticos y jueces. Para imponer este programa que pueda enfrentar efectivamente a la extrema derecha, es necesario convocar a un paro nacional, teniendo como punto de apoyo la lucha de los repartidores, y la realización de asambleas de base en cada lugar de trabajo y de estudio, y no fortalecer o sembrar ilusiones en el bonapartismo y autoritarismo judicial.
Para el día 25 de enero, los repartidores convocan a un paro nacional. Se trata de un sector profundamente afectado por cada una de las medidas de precariedad y que necesita ser rodeado de la solidaridad activa de las Centrales Sindicales y organizaciones sociales.
Por eso, es necesario luchar por un camino que revierta todos los ataques a los derechos democráticos desde el golpe institucional de 2016, así como su legado económico, como la Reforma Laboral, Previsional, de Educación Secundaria, la Ley de Techo de Gastos, las privatizaciones y otras, que siguen siendo defendidas por el conjunto del régimen político. |
