El Gobierno nacional defiende el programa Precios Justos al mismo tiempo que intenta poner techos a las paritarias de 2023. La oposición patronal critica que Camioneros y organizaciones sociales controlen el cumplimiento de los acuerdos de precios. ¿Cómo enfrentar seriamente la suba de precios?
El problema de la suba de precios sigue siendo un punto esencial y crítico de la economía nacional. Aunque en los últimos meses del año el Gobierno logró cierto freno a las tendencias inflacionarias más agudas que habían recorrido los meses previos, 2022 terminó con un 94.8% de inflación, volviendo a marcar récord como la más alta desde 1991.
En este escenario, el precio de los alimentos volvió a estar bajo la lupa por las notorias subas que se registraron. Hubo productos que marcaron aumentos de más del 300%, como fue el caso de la lechuga (401%) o la cebolla (337%). Otro se ubicaron en franjas que van del 200% al 300%, como ocurrió con la batata y la papa (293%), limón (222%) o el azúcar. Si bien estos porcentajes corresponden a un relevamiento del Gran Buenos Aires, dan cuenta de las alarmantes alzas de precios que tuvieron lugar a escala nacional.
Ni quietos ni Justos
En ese marco, el Gobierno nacional viene defendiendo el Plan Precios Justos como una herramienta antiinflacionaria. Sin embargo, la realidad es que el esquema en cuestión permite aumentos de hasta 4% mensual en los productos o servicios que están incluidos. Creado originalmente para cubrir un rango de hasta 4 meses, habilitaba subas de hasta cerca del 20%.
En un intento de garantizar que el mismo se cumpla, el Gobierno sumó a sectores sindicales y sociales oficialistas para realizar auditorías en los grandes supermercados. Los primeros en participar fueron los integrantes del sindicato de Camioneros. Este lunes se conoció que a las auditorías se sumará la organización Barrios de Pie.
La participación del sindicato conducido por los Moyano había sido confirmada desde sus redes sociales por el Secretario de Comercio Matías Tombolini. La decisión generó el rechazo de la oposición patronal. Esa eterna usina de insultos que es Patricia Bullrich acusó que se trataba de "patoteros" y "delincuentes". Lógicamente, las cámaras patronales hicieron oír también su reclamo que fue amplificado por la gran corporación mediática opositora.
Sin embargo, los acuerdos de precios que propone el Gobierno vienen siendo un parche que nada soluciona. Eso quedó en evidencia a lo largo de todo 2022 y, también, en años anteriores. Precios Justos, el programa anunciado por Massa, tiene el mismo problema, actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación. Tampoco ataca el poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar -controlando el 40 % de esta rama.
Techo en las paritarias
La política oficial también pasa por los acuerdos que el ministro de Economía, Sergio Massa, pretende impulsar con sectores de la burocracia sindical. A mediados de la semana pasada se conoció la información de que el funcionario habría acordado con la dirigencia de varios grandes sindicatos la firma de aumentos salariales al 60 % para 2023.
Ese porcentaje implica otro techo al salario y consolidar la pérdida salarial que tuvo lugar en los últimos años bajo el Gobierno del Frente de Todos, continuando la pérdida que tuvieron los ingresos populares en los años de Cambiemos.
El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas como la evolución del dólar, el incremento de las tarifas de los servicios públicos; la evolución de los precios internacionales; entre otras. En este contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad. Se necesitan medidas de otra clase para combatir la inflación, y medidas de emergencia, que garanticen el nivel de vida del conjunto de las mayorías trabajadoras.
*Aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Por un ingreso mínimo de $ 145.948 que es lo que cuesta una canasta básica en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores de Ate-Indec calcularon en $227.392. Junto a la incorporación de cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación. La CGT y el conjunto de las conducciones sindicales tienen que salir de la pasividad que mantienen ante este ataque.
*Control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores. La clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población a través del control obrero de la industria alimenticia.
En el caso de las empresas que no cotizan en la Bolsa, la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios es esencial. Las grandes patronales acuden a miles de trampas para dibujar sus costos y los ingresos reales. Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Los trabajadores de las distintas empresas podrán contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Las compañías que se nieguen a dar toda la información y continúen especulando con los precios y abastecimiento deberán ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para terminar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.
*Nacionalización de las empresas de servicios públicos. Para cumplir con el FMI el Gobierno avanzó con la reducción de los subsidios energéticos, haciendo recaer sobre los sectores populares este recorte que se traduce en una suba de tarifas segmentada. Su impacto alimenta la dinámica inflacionaria en un año que podría cerrar por encima de los tres dígitos. Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Haciendo que los servicios esenciales dejen de ser un negocio.
*Los problemas de la inflación no se pueden enfrentar hasta el final sin tomar medidas que den soluciones de fondo a las contradicciones estructurales de la economía nacional, de atraso y dependencia que se profundiza con el sometimiento al FMI y pago de la deuda externa. Los grandes empresarios son los que fugan divisas y organizan sus negocios en función de las ganancias que obtienen a nivel internacional. El monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales, la estatización de los puertos que hoy están en manos privadas, y la expropiación de los 4.000 principales.
*A su vez, la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades más urgentes para responder a las necesidades sociales.
