Este lunes 23 de enero inicia en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de quien dio inicio a la militarización del país para la “guerra contra las drogas”: Felipe Calderón.
A García Luna se le acusa de recibir sobornos millonarios para proteger y facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, una organización comandada en su momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso actualmente en Estados Unidos y cuya reciente solicitud de repatriación al gobierno mexicano está en revisión.
Más allá de la sentencia con la que finalice el juicio a García Luna, durante el proceso se espera que el ex jefe de la policía revele nexos del crimen organizado con altos funcionarios mexicanos, tanto de las administraciones federales panistas como de la posterior priista, e incluso algunos que se integraron a la actual. Mientras tanto, Calderón huyó a España, siguiendo los paso de Peña Nieto y Salinas de Gortari (que no fueron tocados por el gobierno que decía combatir a “la mafia del poder”).
Por su parte, López Obrador se apuesta a capitalizar políticamente el destape de la cloaca que se vislumbra en el juicio, que puede golpear duramente a la oposición nuevamente agrupada en la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD), de cara a las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila, así como hacia las presidenciales del 2024.
Otro beneficiado con la condena que se espera para García Luna será el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien continuando la “cruzada” imperialista contra los cárteles de las drogas, sumará puntos hacia las elecciones presidenciales del próximo año en el país del norte.
Lo anterior se añade a la reciente captura del hijo de “El Chapo” y mando del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, en lo que fue leído como un gesto de AMLO hacia Biden a días de que iniciara la Cumbre de Líderes de América del Norte. Preso en México y tras interponer un amparo, al capo se le concedió una suspensión provisional ante la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos; el 24 de este mes se revuelve si se le otorga o no una suspensión definitiva.
Sin embargo, los cárteles del narcotráfico –incluido el de Sinaloa- seguirán operando y amasando fortunas sobre la base de la prohibición de las drogas impuesta por Estados Unidos en América Latina, medida usada para llevar adelante políticas injerencistas de “guerra contra las drogas” para sujetar a los países a su dominio .
Militarización bajo la 4T
En línea con las políticas de seguridad deseadas por Estados Unidos, bajo la 4T se han destinado recursos millonarios para profundizar la militarización del país iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto. La diferencia es que ahora, aunque la violencia del narco sigue siendo utilizada como justificación, y tanto el Ejército como la Guardia Nacional realizan operativos como el de la captura de Ovidio Guzmán, o el del viernes pasado en Durango para la detención de “El G1” (operador del Cártel de Sinaloa ligado “El Mayo” Zambada), ahora el discurso para justificar la militarización se centra en la seguridad pública.
Bajo el discurso de la seguridad y del “pueblo uniformado”, López Obrador creó la Guardia Nacional, que se estrenó –y sigue- persiguiendo migrantes bajo la presión de Estados Unidos; ésta se integró a la Sedena como parte de la política reaccionaria votada por el Morena y el PRI en el Congreso, que permitió la permanencia de los militares en las calles hasta el 2028; el Ejército y la Marina controlan sectores estratégicos como las aduanas y los puertos; y en general las fuerzas armadas han cobrado un enorme poder en la vida pública.
En ese marco, el gobierno “progre” no pierde oportunidad para seguir avanzando en la militarización del país, a pesar de las nefastas consecuencias que dejó la “guerra contra el narco” y de las múltiples denuncias hacia las distintas corporaciones de las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos.
De ese modo, ya rayando en el cinismo Claudia Sheinbaum, la favorita de AMLO para las presidenciales, luego del choque del 7 de enero en la Línea 3 militarizó el metro con el envío de 6 mil 60 elemento de la Guardia Nacional, argumentando supuestos sabotajes cuando a todas luces lo que hace falta es presupuesto para mantenimiento.
Acto seguido, en la mañanera del lunes pasado el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció el envío de 5 mil efectivos de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea para la seguridad en el Tren Maya, cuya inauguración se tiene prevista para diciembre de este año y en cuya construcción ya participan militares. Pero los elementos no solo estarán en los vagones y sobrevolando en helicóptero las vías férreas, sino que serán desplegados también en talleres, cocheras e incluso en las zonas arqueológicas. Aún así, el presidente López Obrador afirma que esto no es militarización.
Se trata, en el fondo, de una política para limpiar la imagen de las fuerzas armadas, proteger los negocios de los capitalistas (nacionales y extranjeros), prevenir posibles estallidos descontento social ante la creciente degradación de las condiciones de vida para las grandes mayorías, y reprimir a los sectores que salen a luchar, así como para ganarse el beneplácito de los Estados Unidos.
Frente a ello, se plantea la necesidad de poner en pie un gran movimiento contra la militarización del país, por el regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles y por la disolución de la Guardia Nacional; que esos recursos se destinen a salud, educación, mantenimiento del metro y todas las necesidades sociales; así como por la legalización de las drogas para cerrar el grifo a los cárteles. | 
