El proyecto fue presentado originalmente en el 2011, para crear un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad y cuyo principal instrumento será la administración de un sistema nacional de áreas protegidas.
Dentro de esta votación un aspecto polémico es la posibilidad de realizar actividades productivas dentro de las áreas "protegidas".
El Artículo 92 de la ley inicialmente sostenía que para evitar las concesiones extractivas en áreas protegidas, solamente se permitirán concesiones con fines de investigación científica, educación o turismo. Lo que fue revocado por la Comisión de Agricultura, reemplazando ese inciso por uno que autoriza concesiones sectoriales con fines distintos a los mencionados anteriormente en áreas protegidas, y que “se regirán por sus leyes respectivas”.
El Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (Sinaprof) acusa que en el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aún no se resuelve el problema de financiamiento y que fortalece la concesión a privados por hasta 30 años. Eduardo Olmedo, director de Sinaprof, aseguró que "la Presidencia escucha a las mineras, a los empresarios y no escucha a los trabajadores", "está golpeando en el suelo a los trabajadores; va a privatizar las áreas silvestres, va a dejar que hagan lo que quieran con ellas por 30 años; va a promover la exención de tributos a partes privados de grandes conglomerados, como los Matte, Luksic, y el propio Piñera". [1]
Uno de los sectores que quedó más conforme con la votación de esta ley es el gremio de Salmoneros uno de los que hoy tiene instalaciones en áreas protegida, desde SalmonChile señalaron: “respecto del trámite del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en SalmonChile nos parece adecuado el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pues cumple con los principios de protección y conservación de la naturaleza bajo los cuales fue concebido y, a la vez, permite la existencia de actividades económicas que demuestren ser sustentables, protegiendo también el empleo y el desarrollo de las comunidades. Como gremio queremos seguir participando en este proceso legislativo y, desde nuestra vereda, continuaremos promoviendo el diálogo para lograr acuerdos que permitan y fomenten el desarrollo y crecimientos del país, la proliferación de alianzas público-privadas y el bienestar de las personas”. [2]
Es que de las 1407 concesiones otorgadas para criar salmones, 416 (el 29.67 %) se encuentran al interior de espacios marinos que se encuentran bajo alguna categoría de protección. [3]
En particular estas se concentran en tres unidades: 312 concesiones en la Reserva Forestal Las Guaitecas; 66 en la Reserva Nacional Kawésqar y 19 en el Parque Nacional Alberto De Agostini. [4]
Pero para que estas concesiones se pudiesen hacer efectivas, es que el 24 enero del 2022 Piñera presentó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que permitiría que las concesiones de acuicultura puedan seguir existiendo al interior de Áreas Marinas Protegidas.
Otro tanto ocurre con las concesiones mineras uno de los casos emblemáticos es lo que ocurre en las áreas protegidas del Lauca, donde la empresa Quiborax extrae bórax y tiene los relaves, autorizada desde la dictadura.Se trata de una mina de la que se extrae ulexita, un mineral que sirve de materia prima para la elaboración de ácido bórico, bórax y otros productos agroquímicos utilizados como fertilizantes. Según sostiene la misma empresa en su sitio web, las reservas de este mineral contenidas en el salar alcanzan las 1500 millones de toneladas, con lo que la demanda de estos procesados estará satisfecha por “cientos de años”, aseguran.
Durante el 2022 la fundación terram denunciaba 40 proyectos mineros impactando las reservas y parques nacionales y al menos tres dentro de estos. [5]
Ante esta situación, más de 100 organizaciones ambientales y 16 expertos, junto con rechazar la propuesta, acusan al Gobierno saliente de enviar proyectos a última hora que van en contra de la obligación de protección del medioambiente.
sin embargo vemos como los diputados del frente amplio celebran la votación de esta ley en Twitter
“Tras 12 años de extensa tramitación, se aprueba la #LeyParaLaNaturaleza que crea (por fin!) el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas #SBAP, un organismo público 100% enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marina de Chile. Por un Gobierno Ecologista!”
Es necesario recordar que en 1967, Chile firmó el acuerdo de la Convención de Washington para el cuidado del paisaje escénico y los recursos naturales de sitios con gran potencial biológico, reconocidos como ecosistemas únicos en el mundo.
Según el tratado, las riquezas existentes en las áreas protegidas no se explotarán con fines comerciales —una consideración que también se menciona en la legislación chilena— y establece que “los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos”. La única manera de modificarlos es a través de una autorización presidencial.
Es urgente organizarse para revertir esta situación, este gobierno no tiene nada de ecologista, si se mantiene esta ley aprobada como está es un salto importante para el saqueo de los recursos naturales es decir todas las áreas protegidas muchas de ellas logradas por la organización de las propias comunidades serán espacios concesionables tanto para las salmoneras, mineras u otros proyectos extractivos. | 
