Al brutal accionar de la Policía Bonaerense (que dejó un hincha muerto y decenas de heridos) le siguió una serie de maniobras del Gobierno de Kicillof, Berni y Alak para desviar la búsqueda de la verdad. Una causa penal casi parada y una familia que exige saber qué pasó y que paguen todos los culpables.

El lunes 6 se cumplieron cuatro meses de la brutal represión de la Policía Bonaerense en las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo del bosque platense, la noche en que Gimnasia y Boca debían disputar el partido correspondiente a la fecha 23 de la Superliga del Fútbol Argentino. La represión fue transmitida en vivo y en directo por varios canales y las repercusiones duraron varios días en la agenda mediática. Especialmente uno de sus saldos más trágicos: la muerte de César “Lolo” Regueiro.

Casualmente este lunes el Lobo disputó su primer partido del año como local, contra Defensa y Justicia. Por eso, tras el receso de verano (Mundial incluído) la gente volvió a llenar la cancha para acompañar a su equipo en el comienzo de la temporada. La coincidencia de la fecha motivó a la familia Regueiro a proponer un homenaje antes del partido al hombre de 57 que cayó en medio de la balacera y gaseada policial.

Una semana antes, los hijos de Lolo le hicieron el pedido a la dirigencia gimnasista. Pero la dirigencia del Lobo les informó que la AFA no había dado el visto bueno para que los planteles de Gimnasia y el Halcón de Varela posaran previo al partido con una bandera alusiva. De todos modos, las nuevas autoridades del club acordaron con la familia el ingreso al campo de juego minutos antes del pitazo inicial. Así, llevando banderas que decían “Justicia por Lolo” y “Siempre vamos a estar”, los familiares recibieron el afectuoso saludo de miles de hinchas que poblaron las tribunas y que otra vez cantaron “¡yo sabía que a Lolo lo mató la Policía!” y “¡el que no salta es un botón!”.

En las últimas horas trascendió que Gimnasia recibiría una multa de la AFA por haberle permitido a la familia Regueiro realizar el homenaje. Un hecho que, de concretarse, sería una muestra más del desprecio de la cúpula dirigencial del fútbol argentino por la vida de quienes, en definitiva, sostienen a los clubes y le dan existencia a la misma AFA.

Funcionarios que funcionan… para ellos

Horas antes del partido Eduardo Aparicio, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) había dado una entrevista a la emisora platense 221 Radio. Allí, el funcionario de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad justificó (con la excusa de deficiencias en la iluminación) el “castigo” a Gimnasia al cambiar el horario del partido. Previsto para las 20, al final se jugó a las 18.

Aparicio también se refirió a la muerte de Regueiro. “Queremos que el hecho se esclarezca para la tranquilidad de la familia de Lolo, con quienes me solidarizo siempre, ellos buscan justicia y nosotros somos hombres de justicia”, dijo el funcionario sin pudor. Más allá de las palabras, ni él ni nadie de Aprevide se acercó a la familia durante el homenaje. Tampoco después.

Aparicio es uno de los procesados en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantías 6 de La Plata, donde se investiga el delito de “estrago culposo” por la muerte violenta de Regueiro y las graves heridas sufridas por otros hinchas, como Rodrigo Arballo en un ojo y su compañera Gisela, que terminó con la espalda acribillada a balazos de goma.

El 28 de diciembre Aparicio prestó declaración indagatoria ante el fiscal Juan Minucci, titular de la UFI 5 e la capital bonaerense. Tal como lo acordó con sus superiores, intentó despegar a la Policía Bonaerense de los hechos. Dijo que él hizo todo bien y repartió culpas a diestra y siniestra. Al club lo culpó de sobrevender entradas y a las y los hinchas de generar disturbios afuera del estadio, algo que nunca pudo probar.

Los otros procesados son el comisario Sebastián Perea, titular de la Departamental La Plata; el comisario Juan Manuel Gorbarán, titular de la Comisaría Novena de La Plata al momento de la represión; el oficial Nahuel Falcón, quien disparó tres veces contra el camarógrafo de TyC Sports Fernando Rivero; y el expresidente del club, Gabriel Pellegrino, quien en diciembre perdió las elecciones a manos de Mariano Cowen.

Vale decir también que hace algunas semanas la familia Regueiro cambió de patrocinio legal. Ya no las representan los abogados Marcelo Peña y Julián Rimada. En su lugar, la semana pasada tomó formalmente el caso el doctor Matías Vidal, quien ya trabaja en la revisión del expediente y recolección de testimonios y pruebas.

A los familiares de Lolo los satisface que Vidal coincida con ellos en pelear para que la causa cambie de carátula y pase de estrago “culposo” a “doloso”. No sólo porque la expectativa de penas para los culpables de la muerte de Regueiro sería mucho mayor, sino porque quedaría en evidencia que no se trató de negligencias o “imprudencias” (tal como insiste el propio fiscal) sino de intenciones concretas de causar daño, no sólo a Regueiro sino a las miles de personas presentes. Además, con ese cambio de calificación se podrían investigar otras responsabilidades criminales, tanto entre pares policiales como hacia “arriba” a nivel político.

Todos embarrados

Son varias las fuentes que coinciden en que desde el primer momento los funcionarios provinciales, de distintas áreas, vienen procurando que el caso salpique lo menos posible a la gestión de Kicillof y Berni (mucho más en este año electoral). Entre otras cosas, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak le ha tocado la tarea de “tantear” (a través de emisarios) a testigos y otras personas relacionadas al caso. Los objetivos son dos: saber qué tienen para decir e intentar comprar sus voluntades con promesas de todo tipo. En algunos casos parece haber tenido éxito.

Mientras tanto, en los pasillos judiciales se comenta que el fiscal Minucci pretende dar por cerrada la instrucción cuanto antes (aunque aún resten pruebas por buscar) y elevar la causa a juicio para antes de mediados de año. Sería un “récord” en el Poder Judicial bonaerense y no precisamente por haber llegado pronto a la verdad. También se escuchó al juez Agustín Crispo (y más de una vez) decir lo mucho que lamenta haber recibido en suerte esta causa “caliente”, sabedor de que varios resortes del poder están sumergidos en ella.

Desde la familia lo definen sin vueltas: “La cancha está muy embarrada”. Sergio “Lolito” Regueiro dice ante la consulta de La Izquierda Diario que en estos cuatro meses los responsables de la muerte de su padre “tuvieron tiempo para hacer de todo para cubrirse. Suponiendo que mi viejo hubiera tenido un disparo, ¿cómo se iba a saber quién fue el que tiró si nunca secuestraron las armas que se usaron esa noche? ¿Qué preocupación tuvieron por cómo murió si la camiseta la terminamos entregando nosotros para que analizaran las manchas de sangre que tenía?”, pregunta con bronca.

Respecto a esas manchas hemáticas, recién esta semana la Fiscalía les informó los resultados del análisis realizado a la prenda por la Asesoría Pericial de La Plata. Se confirmó que se trata de sangre humana (como era esperable). Ahora el Poder Judicial debe determinar si, como se lógicamente se sospecha, pertenece a Regueiro. En una muestra más de deliberada dilación, todavía ningún familiar fue llamado a dar una muestra de ADN.

La familia también repudia que desde el entorno de Sergio Berni intenten instalar la sospecha sobre quienes quisieron salvar a Lolo mientras la Policía disparaba a pocos metros de distancia. Pretenden inculpar, particularmente, a quien le aplicó maniobras de rehabilitación. “Quieren echarle la culpa al bombero que le hizo RCP, un muchacho con treinta años de profesión, es de no creer”, protesta Lolito.

“Sabemos que el lunes en la cancha estuvieron Aparicio y Perea, dos de los procesados. Acá hubo una muerte por una represión y ellos siguen en sus funciones como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántas muertes tendría que haber habido para que se los separe de sus cargos? Ellos cobran sus sueldos sin problema y nosotros seguimos llorando a mi papá. Aparicio siempre se hizo el comprometido, pero no queremos saber nada con él”, agrega el hijo de Lolo.

Cada cual atiende su juego

El martes 7 el expresidente de Gimnasia presentó ante la Fiscalía un descargo por escrito. Todo para evitar preguntas difíciles. Allí pide su sobreseimiento y responsabiliza de todo lo ocurrido a la “brutal represión policial”, lo que configura un “caso gravísimo de violencia institucional”.

Para Gabriel Pellegrino, la Bonaerense actuó en la “ilegalidad” (usó armas prohibidas para estos eventos), pero a la vez dice que no sabe quién dio la orden de reprimir. Pide a su vez que se investigue si la represión fue consecuencia de una “interna policial”, aunque no da nombres. En esa línea, basándose en testimonios de policías que declararon en el expediente, acusa al Ministerio de Seguridad de ser “complaciente” con sus subordinados.

El expresidente del club también abona la idea de que no hubo estrago “culposo” sino “doloso”, ya que se reprimió “de forma intencional” a miles de hinchas. En consecuencia, elude toda responsabilidad sobre aquello de lo que se lo acusa: la sobreventa y entrega excedida de entradas. Pero la familia Regueiro sigue sospechando de él, empezando por su actitud hacia ellos, tal como lo relató Lolito en noviembre en una entrevista con este diario.

Por el momento, el cambio de autoridades en el club fue bien recibido por la familia. Valoran que el nuevo presidente no sólo haya estado presente en el velorio sino que, una vez asumido al frente de la institución, Cowen se haya puesto a disposición de la Fiscalía para aportar la documentación que le sea requerida respecto a los hechos.

La familia insiste en que es preocupante que los procesados en la causa sigan haciendo sus vidas como si nada, mientras el expediente se mueve poco y sólo por iniciativa de los propios seres queridos de la víctima. No está de más recordar que la Fiscalía rechazó el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria para ser aceptada como querellante institucional. Algo que favorece, objetivamente, a Kicillof y Berni.

“El tiempo que pasó les sirvió para borrar muchas cosas y encima el fiscal se niega a tomar muchas medidas que le pedimos”, denuncia Sergio mientras sigue exigiendo verdad y justicia por su papá. Y remata: “Acá ya debería haber gente presa, pero en lugar de eso siguen todos en funciones”.