Los informes contienen datos -hasta fines de enero- sobre la violencia institucional y los asesinatos cometidos desde el golpe parlamentario que puso en la presidencia a Boluarte.
En sendas reuniones que mantuvieron los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (Vilca y Barry son referentes del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina, partido integrante de la Fracción Trotskista -Cuarta Internacional-) con estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos y con la Coordinadora de DDHH de Perú, fueron informados de los datos que ambos organismos pudieron recabar sobre la brutalidad criminal de las fuerzas represivas desde que el 7 de diciembre del año pasado comenzó la lucha de trabajadores, campesinos y pueblos originarios, a los que luego se sumarían los estudiantes, contra el gobierno ilegítimo de Boluarte.
La FUSM afirma que "la intención de este informe es poner en conocimiento que las violaciones reportadas, integran una conducta sistemática del Estado que, afecta el derecho no solo de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino también de todos los defensores de los derechos humanos y de personas provenientes de sectores populares, disidentes de la Constitución de 1993 y el gobierno de facto de Dina Boluarte". En el apartado "La Comunidad Estudiantil de la Universidad Nacional de San Marcos como víctima de la violencia estatal" recuerda que "El pasado 21 de enero la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue objeto de una intervención policial arbitraria" Ese fue el día en que la Policía, con el apoyo de una tanqueta, rompió puertas, entrando a la Universidad a reprimir a los estudiantes y a las delegaciones de manifestantes que acudían a Lima desde distintas regiones del país. Escena que remitió a las dictaduras militares de la región en la década de los 70. Como la de Argentina, donde fueron desaparecidos los padres de Alejandrina Barry
El informe continúa detallando los crímenes del gobierno de Boluarte: "a la fecha elaboración de este Informe la Defensoría del Pueblo del Perú, reportaba 46 civiles fallecidos en enfrentamientos. La condición de los asesinatos fue por impacto de bala en órganos vitales y por más de un perdigón, siendo las zonas más impactadas el tórax y abdomen, sólo para nombrar a algunos de nuestros deudos: Sonia Aguilar (35) rondera que recibió un disparo en la cabeza, Salomón Valenzuela (30) impacto de bala en el tórax, Atoche Bekam Romario Quispe Garfias (18), David Arequipa Quispe (15), Jhamileth Aroquipa Hancco
(17), Clemer Rojas García (22) por impacto en el tórax, el biólogo e internista de
medicina Marco Antonio Samillán Sanga (29) a quien le dispararon mientras auxiliaba a los heridos, Gabriel Lopez Amanqui (35), además, entre las víctimas se
encontraban menores de edad. Solo en Juliaca, para el 09 de enero de 2023, la Red
de Salud de San Roman Reportó 112 heridos y 17 fallecidos."
Frente al accionar de los medios de prensa que se ubican del lado de los intereses de los grandes empresarios, intereses defendidos por la derecha golpista y su gobierno, afirman: "La campaña de difamación y discursos de odio emitidos por la prensa nacional con el fin de dividir el país, son un atentado a la libertad de opinión y expresión que han vivido estudiantes de la UNMSM, estigmatizándolos por el hecho de protestar. Mientras tanto, los medios continúan emitiendo información no contrastada, difamando, y sirviendo a intereses empresariales. Por su parte, en relación a la campaña de difamación, la Policía Nacional del Perú es la responsable de las falsas acusaciones y su difusión en medios." Otra vez la similitud del accionar de la prensa en las dictaduras. La misma Alejandrina Barry, con apenas 3 años fue objeto de una campaña mediática de propaganda a favor de los militares, que mentía sobre sus padres.
Informe de la Coordinadora de derechos humanos
El informe, redactado al 21 de enero, titulado "50 días de represión en Perú: vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones" confirma que "Como principales prácticas vulneratorias hemos identificado las siguientes: uso arbitrario de la fuerza, resultando en 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos. El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal inclusive calibre 00, canicas de vidrio y balas. Especial preocupación genera el uso de fusiles automáticos, incluyendo fusiles AKM en el caso de la PNP y fusiles GALIL en el caso de ejército. Uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes (...)"
Continúa: "especial indignación ha generado la represión contra el cortejo fúnebre de dos de los jóvenes asesinados en la región de Andahuaylas el 12/12/22. Los participantes fueron gaseados pese al carácter pacífico de la reunión y la alta participación de menores de edad, compañeros de los jóvenes fallecidos. Inclusive, se ha registrado el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros en Ayacucho el 15/12/22 y en Juliaca el 09/01/23, potenciando su letalidad e impactos indiscriminados sobre la población. Un grupo de 8 personas detenidas en Andahuaylas el 12/ 12/22 fueron brutalmente golpeadas durante su reclusión. También se les expuso a frío extremo sin abrigo y se les privó de alimentos"
En cuanto a la intervención del ejército la Coordinadora de DDHH afirma: "la habilitación a las fuerzas armadas para intervenir en el control del orden interno y de la sociedad, incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. El ejército ha sido el responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022. También se ha documentado despliegue militar en otros lugares del país, incluyendo la capital." Sobre la invención de pruebas contra manifestantes: "Según pudo documentar la propia Fiscalía, en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) un activista fue detenido por la policía al terminar una movilización y trasladado a la comisaría donde para incriminarlo, le sembraron droga y lo denunciaron por tráfico de estupefacientes. En Lima, la Policía trató de presentar como pruebas contra campesinos alojados en el local de la Confederación Campesina del Perú, machetes nuevos que aún presentaban las etiquetas del supermercado de origen."
En cuanto a la violación del elemental derecho democrático a la defensa, el informe es claro: "de manera recurrente los abogados que acuden a las dependencias policiales sufren maltratos y obstáculos para el ejercicio de su labor. Inclusive el 21/01/23 se produjeron empujones que provocaron la caída de algunos abogados. Varios medios de comunicación vienen publicando las imágenes e incluso domicilios de defensores de los derechos humanos, exponiéndolos a agresiones directas. Se han recibido mensajes amenazantes en cinco líneas de asistencia legal del movimiento de derechos humanos, así como scratches de grupos de ultraderecha en tres locales institucionales. Los integrantes del Colectivo 14N, que brindan primeros auxilios y documentan violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones han sido presentados por un medio de comunicación e investigados por la Policía como integrantes de una organización criminal."
La misma línea adopta la Fiscalía Nacional: "La nueva Fiscal de la Nación ha reducido las fiscalías de derechos humanos de 12 a 7, recortando significativamente el personal y los recursos logísticos asignados para investigar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante las movilizaciones. Al mismo tiempo, al disponer que sean las fiscalías de crimen organizado las que asumen inicialmente las investigaciones, se obstaculiza la conducción inicial de las diligencias conforme a los estándares de derechos humanos, y se genera una fuerte desconfianza en las víctimas y testigos, ya que son las mismas las que investigan inicialmente a los manifestantes detenidos. Ello ha generado que las víctimas de la masacre de Juliaca, se negasen, inicialmente a declarar, o firmar sus manifestaciones."
Finalmente el informe habla de "Violación de derechos indígenas y discriminación": "Se han registrado barreras para el acceso al derecho a contar con un intérprete y con ello al derecho a la justicia. Las expresiones vejatorias y violencia innecesaria desplegada contra mujeres y hombres campesinos durante la intervención en la UNMSM, evidencian una profunda carga racista y sexista en la actuación de las fuerzas del orden."
En el reporte semanal del 6 al 12 de febrero, la Coordinadora plantea: "El 8/02, se dio a conocer imágenes de cómo Víctor Santiesteban fue asesinado en Lima, en las protestas del día 28 de enero. Las imágenes muestran a manifestantes perseguidos y acorralados y el desplome de la víctima por el disparo de una bomba lacrimógena que impacta en la parte trasera, derecha de su cabeza, lo que origina una contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo. El disparo fue ejecutado de manera recta y no parabólica como lo exige el uso reglamentario de este tipo de armas. El 9/02 se produjo una fuerte represión en Juliaca, en el departamento de Puno que dejó 23 heridos, 4 de ellos fueron heridos por proyectil de arma de fuego, incluida una niña de 11 años."
Estas denuncias de la Federación de Estudiantes y de la Coordinadora de Derechos Humanos, documentadas con fechas y nombres refleja fielmente el régimen dictatorial que están enfrentando en las calles trabajadoras, trabajadores, campesinos y pueblos originarios.
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