En una jornada marcada por los cortes de luz y la brutal represión sobre vecinos de Lugano que protestaban por las consecuencias de varios días sin luz bajo un calor agobiante, el oficialismo anunció, luego de una reunión mantenida entre el ministro de Economía, Sergio Massa, la Secretaria de Energia Flavia Royón y Walter Martello, interventor del ente regulatorio (Enre) con las autoridades de Edesur, que nombrará veedores "técnicos" del Enre y la UBA para controlar la gestión de la empresa. Se tratará de una suerte de auditoría cuya primera reunión será la próxima semana.
A su vez, determinaron una multa de $ 1.000 millones para la empresa privatizada. Sin embargo, se pasa por alto que hace poco más de un mes, el mismo Gobierno decidió en un acuerdo de refinanciación perdonarle nada menos que $ 66.472 millones de deuda entre punitorios y "compensaciones". Junto con lo perdonado a Edenor, la suma llega a la exorbitante cifra de alrededor de $ 140.000 millones. Además, tampoco están claros los plazos en que se pagaría esta deuda debido a las distintas maniobras legales a las que se espera apele la empresa. Un nuevo capítulo de la estafa de las privatizadas.
Por otra parte, también se determinó devolver el totalidad de la factura a aquellos usuarios que hayan sufrido cortes mayores al promedio estipulado en el contrato, así como la habilitación para realizar reclamos por el daño en electrodomésticos debido a los cortes.
La discusión fue tomando fuerza los últimos días, en el marco de los masivos cortes de luz que afectaron a cientos de miles de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos días. Y a horas de la represión que descargó la Policía de Rodríguez Larreta contra vecinos y vecinos de Villa Lugano (CABA), que reclamaban por la falta de energía.
Por la tarde, se había pronunciado Walter Martello, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) quien había afirmado en declaraciones radiales que se iba a “analizar la concesión de Edesur porque venimos de un sistema crónico de incumplimientos por parte de la empresa, que lo padecimos los últimos días a partir de la ola de calor, que no es excusa porque estaba previsto en todos los análisis meteorológicos”.
Sin embargo, la intervención que finalmente determinó el Gobierno no afectara la concesión que tiene Edesur. Es decir, la empresa privada seguirá estando a cargo del servicio y el Estado solo tendrá un rol técnico.
Termina con la estafa de las privatizaciones
Los masivos cortes de luz vuelven a poner en discusión el problema estructural de los servicios públicos. En su mayoría privatizados desde hace décadas, constituyen fuentes de negociados permanentes para sectores del gran capital, tanto nacional como extranjera.
Las grandes empresas concesionarias son beneficiadas por el caótico esquema de subsidios que otorga el Estado capitalista y hoy intenta retirar en el marco del ajuste acordado con el FMI. Eso está empujando nuevos tarifazos que recaen sobre la mayoría de la población trabajadora. Las privatizadas reciben, además, todo tipo de beneficios. Sin ir más lejos, a inicios de enero, el Gobierno nacional les condonó $ 140.000 millones a Edenor, Edesur y a otras distribuidoras menores, de una deuda que tenían con la distribuidora Camesa. Gozan, también, de una importante impunidad. Ningún gobierno controla seriamente las inversiones que deberían hacer o que, cada tanto, anuncian.
En estas décadas, a pesar de las recurrentes crisis, ningún gobierno alteró este fraudulento esquema privatizador nacido en los años de Menem. Los años kirchneristas lo perpetuaron, apostando a un festival de subsidios millonarios que consumió un porcentaje notorio de los recursos estatales. El macrismo no hizo otra cosa que lo esperable: tarifazos para beneficiar empresas que, lejos de cualquier discurso liberal, siguieron sin invertir en infraestructura.
Está planteada la pelea por una salida de fondo que termine con esta estafa. Es necesario luchar por imponer la nacionalización e integración del conjunto del sistema energético bajo administración de sus trabajadores y comités de usuarios que representen, esencialmente, a los sectores populares. Solo de esta forma se puede garantizar que una nueva estatización del servicio no termino generando nuevos negociados a favor de sectores empresarios, como ocurrió en los años 80, bajo el Gobierno de Alfonsín. Fue eso lo que terminó derrumbando a las empresas estatales: el vaciamiento en función de dar ventajas a sectores capitalistas. | 
