El 11 de febrero se reunió la Asamblea de la Cruceñidad para nombrar al nuevo directorio ejecutivo del Comité Pro Santa Cruz. La Asamblea con un sólo binomio habilitado a la presidencia y primera vicepresidencia, Fernando Larach y Stello Cochamanidis, fueron confirmados, con 209 y 211 votos respectivamente. La segunda vicepresidencia fue el único cargo disputado, se presentaron dos candidatos Wilfor Zurita ex cívico regional y funcionario de la alcaldía de Warnes (en la gestión de Cronembold) quien obtuvo 81 votos frente a los 165 votos de Leonardo Martínez. Este último fue viceministro de deportes en el gobierno de facto de Áñez, es motociclista conocido por encarar a Evo Morales en torno al referéndum del 21F en plena premiación del Rally Dakar.
En la disputa por el Comité Pro Santa Cruz, el comité electoral del autoproclamado ‘gobierno moral’ de Santa Cruz, recurrió a tecnicismos y maniobras de prescripción, con requisitos discriminatorios y regionalistas como el ser ‘cruceño de nacimiento’ de ‘padre o madre cruceño’, para asegurar la victoria del binomio de la burguesía. El vicerrector de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno), Reinerio Vargas, quien jugó un papel clave para garantizar la subordinación de la universidad pública al paro empresario y reaccionario de noviembre del año pasado fue inhabilitado por tecnicismos en la documentación de proclamación como candidato. Al conocerse la inhabilitación de Vargas, su compañero de fórmula, Agustín Zambrana, retiró su candidatura a la vicepresidencia. Zambrana, se define a sí mismo como ‘patriota, regionalista, cruceño, provida’, fue presidente del Consejo de Vigilancia de la CRE [1], es periodista digital de El Bunker, medio que participó activamente en el golpe de Estado de 2019.
Apenas unos días después, el 14 de febrero, la CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) también renovó su plantel directivo. Fue nombrado presidente Jean Pierre Antelo Dabdoub, actual presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.
Antelo, es directivo de la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., junto al padre y medio hermano del gobernador de Santa Cruz – Luis Fernando Camacho- y, junto a las hermanas del ex-cívico y ministro de Áñez, Branko Marinkovic. Entre las primeras tareas trazadas por Antelo en la CAINCO, según indicó en su discurso inaugural, se encuentra la seguridad jurídica de la agroindustria y la lucha contra los avasallamientos, haciendo referencia a los conflictos crecientes por la tenencia de la tierra en el oriente boliviano.
Además de la CAINCO, también se produjo cambio de dirección en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Al igual que Antelo, ayer tomó juramento como nuevo presidente de la CAO, José Luis Farah, quién de la misma manera exigió al gobierno “políticas claras respecto a la tierra y el uso de la fuerza pública para detener y castigar a los avasalladores”.
Estos nuevos cargos directivos se dan en momentos en que la derecha cruceña, donde se concentra el poder económico de la agroindustria, necesita articular sus “fragmentadas” fuerzas. No olvidemos que luego del paro de 36 días por el “censo del 2023”, de noviembre del año pasado, lejos de lograr articular esta demanda a nivel nacional quedaron relativamente desgastados al imponer un paro reaccionario contra las necesidades de las mayorías trabajadoras del campo y la ciudad.
No es casual que los discursos de las nuevas autoridades empresariales refieran al problema de la tierra. Cabe recordar que según un informe del ministro de Gobierno, desde el 2017 se registraron alrededor de 2.400 denuncias de avasallamientos, y durante el 2022 se contabilizaron 22 denuncias por mes (BTV, 18/12/2022). Pero además, días antes de que juraran en sus cargos, Antelo y Farah, se produjo un nuevo conflictos por tierras en la provincia cruceña de Guarayos, donde, según informaron en medio de prensa, 150 personas tomaron tierras donde se produce soya.
La intensidad y agudización de los conflictos por tierra expresan muy bien una de las demandas estructurales más sentidas por parte de las comunidades-indígenas originarios campesinas, de los sectores populares y trabajadores. Una demanda que el gobierno del MAS no ha resuelto ya que desde el mismo momento en que se preparaba el texto constitucional, el MAS y la derecha, negociaron sus intereses a costa de los intereses de las mayorías preservando los derechos propietarios de la oligarquía cruceña.
La CAINCO y el Comité Pro Santa Cruz, promovieron abiertamente el golpe de Estado de 2019, con una campaña de envío de materiales a las fuerzas armadas y policiales para ‘restaurar el orden’ en Yapacaní [2], para el presidente saliente de la CAINCO, Fernando Hurtado, las movilizaciones que dieron lugar al golpe de Estado de 2019 fueron una ‘inversión’ para el sector privado [3].
Durante el reciente paro empresarial y reaccionario de 36 días, las entidades patronales mediante la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, atacaron y quemaron las sedes de la Central Obrera Departamental y la Federación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Ahora, desde la CAO y la CAINCO piden que las fuerzas represivas del Estado se sumen a su ataque contra el pueblo trabajador. Mientras la burguesía se reagrupa para defender sus privilegios, se mantienen secuestradas las principales organizaciones de la clase trabajadora, en manos de la burocracia sindical, que se prorroga mediante maniobras anti-democráticas.
Frente a esta situación, se hace urgente y necesario que las trabajadoras y trabajadores, del campo y la ciudad, recuperen sus organizaciones campesinas, populares y sindicales de las garras de las burocracias obreras y de los movimientos sociales para ponerlas al servicio de las luchas y de las necesidades de las y los de abajo y no al servicio de los negocios y la "gobernabilidad" de los de arriba. |
