Puedes ver el conversatorio completo aquí:
El debate sobre la crisis peruana y la salida mediante una Asamblea Constituyente está a la orden del día. En un conversatorio desarrollado este miércoles 15 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pude compartir con diversos expositores, quienes dejaron una serie de debates en suspenso.
Debido al corto tiempo con el que contamos para poder intercambiar ideas, no pudimos desarrollar parte importante de estos debates. De todos modos, vale señalar, que la parte final del conversatorio se cedió la palabra a miembros de las comunidades de Puno que se hicieron presentes en la actividad.
En primer lugar, un debate inacabado, fue el que desarrolló el expositor Andy Philips, quien comentó que la democracia peruana estaba inacabada y que parte de la responsabilidad de esto era de las izquierdas y de una forma sectaria de hacer política.
Polemizando un poco con este aspecto, podemos compartir la idea de una democracia inacabada en el Perú, que quisiéramos hacer extensivo a toda latinoamérica, lo cual, compartimos, es también responsabilidad de las izquierdas, pero no propiamente por lo que Philips llama sectarismo de las izquierdas, sino más bien por la adaptación de las izquierdas a los regímenes democrático burgueses, que ha llevado a la izquierda a pensar la política constantemente con la calculadora electoral en la mano, expectantes sólo de las encuestas y de los resultados electorales, abandonando la lucha de clases como brújula política. Esta izquierda, engominada, burguesa, ha fortalecido lo que el profesor Navarro, comentarista del conversatorio, llamó el “horizonte hegemónico fujimorista”.
En este aspecto, pensamos, que es necesario forjar una nueva izquierda que vuelva a hablar de los trabajadores y de la lucha por el socialismo, con un programa revolucionario que plantee modificar las bases estructurales del Perú, y de latinoamérica, neoliberal heredada de los regímenes postdictatoriales.
En cuanto a la Asamblea Constituyente, diversos expositores, como Isabel Cortés, Jessica Rimache o el mismo profesor Navarro,plantearon la factibilidad o no de poder desarrollar una Asamblea Constituyente, sin embargo el conflicto de su factibilidad, según nuestra posición, no dice relación estrictamente con la existencia de marco legal o no, ni con la voluntad política de la casta representante, acordamos con los expositores que una Asamblea Constituyente sería la vía más democrática para poner en cuestión los grandes problemas de la nación, sin embargo el problema que queremos plantear no es si se puede o no convocar, nuestra polémica es en torno al problema de quien la convoca.
Como desarrollamos en nuestra exposición, en Chile el momento constituyente, abierto por las protestas de octubre del 2019, desembocó en un proceso institucionalizado que caracterizamos como un desvió de las movilizaciones.
Este desvío institucional tuvo cómo fortalecerse gracias al personal político de recambio encarnado en el Frente Amplio y el Partido Comunista, actualmente en el gobierno, además de la apertura de un proceso extenso y amañado que culminaría, presuntamente, con la Constitución de Pinochet.
Esto quiere decir, como también desarrollamos en la exposición en comento, que la Convención Constitucional chilena se convocó desde los poderes constituídos, no era ni libre ni soberana, desde la legalidad de la Constitución de Pinochet.
En Chile estaba planteado un curso distinto de haberse convocado la Asamblea Constituyente desde los organismos que hacían carne la movilización, es decir, desde sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, de DD.HH., o incluso desde el Comité de Emergencia y Resguardo, experiencia que, de haberse generalizado, habría facilitado la convocatoria de una asamblea constituyente.
Casos como estos no son ajenos a la historia chilena, ya en la década de 1920 se conformó la asamblea constituyente de asalariados e intelectuales de 1925, cuyo proyecto fue desechado por el presidente Alessandri.
Adicionalmente, vale señalar, que el desvío no operó solo. La represión también fue un factor en la desmovilización y en asentar el desvío institucional. A los presos políticos, se sumaron cientos de detenciones gracias a una nueva herramienta represiva, la ley “antibarricadas” (Ley 21208 del 30 de enero de 2020), aprobada por un amplio espectro de parlamentarios incluyendo al actual presidente Gabriel Boric.
Esto último quisiéramos destacarlo en atención a las graves violaciones a los DD.HH. que se están sucediendo en el Perú, constatados tanto por la Coordinadora Nacional de DD.HH., por diversos parlamentarios extranjeros que han visitado el país, como por organismos internacionales como Amnistía Internacional.
Decenas de muertos, cientos de heridos y miles de intervenidos. Con un estado de emergencia en el sur del país y recientemente prorrogado en Lima y otras provincias, que implica la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de tránsito, libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y del habeas corpus, es decir la libertad y seguridad personal.
Mientras la fiscalía nacional no demora en promover juicios en contra de manifestantes, por el contrario, los responsables de la represión, materiales, intelectuales y políticos siguen en impunidad.
En este marco es urgente la defensa de los manifestantes. En Chile, ante el agravamiento de la represión, conformamos diversos organismos y comités de apoyo y solidaridad, como las diversas Defensorías Populares, que nuclea abogados por todo el país para la defensa de los presos políticos de la represión, financiados por aportes de sindicatos y organizaciones sociales, como así mismo de comisiones de apoyo a los presos y sus familias, que hasta el día de hoy mantiene redes de solidaridad con los presos, como así mismo mantiene visibilizando la represión.
Nos parece que esta perspectiva es fundamental para evitar que sigan acrecentándose golpes represivos en contra de las comunidades del interior y el resto del país, es necesario organizar el apoyo a las movilizaciones en comisiones de apoyo, solidaridad y acción en cada lugar de trabajo y estudio, en cada ciudad y cada barrio, en contra de la impunidad, por juicio y castigo a los represores, por la libertad a los presos de las protestas, contra la criminalización de la movilización. |
