Cobraron trascendencia pública los dichos del Juez de Control provincial N° 10, Juan Manuel Fernández López, sobre cómo debe accionar el estado prohibiendo las protestas sociales Laura Vilches y Noel Argañaraz, ex legisladoras del PTS-FITU, salieron al cruce. Reproducimos aquí la respuesta a los dichos del funcionario judicial. |
Frente a la resolución del Juez Juan Manuel Fernández López, a cargo del Juzgado de Control n° 10 que dictaminó evitar los piquetes y cortes de calle y criminalizar a las y los referentes de las organizaciones sociales, la docente y ex-legisladora referente del PTS-FITU, Laura Vilches, señaló: "Es repudiable que el juez Fernández López se anime si quiera a decir que "sólo se puede pisar la calle para cruzarla" alentando al accionar judicial y policial contra las protestas sociales. Cuando las personas salen a las calles es porque agotaron las instancias de búsqueda de respuesta en todos los organizamos estatales, ministeriales, judiciales. Lo vemos a cada paso con las familias de las víctimas de femicidio y sus denuncias al accionar policial y judicial que las dejó expuestas; lo vemos en los trabajadores y trabajadoras despedidos que denuncian la precarización y los despidos, como hicieron la semana pasada las trabajadoras de PAICOR o trabajadores de ATANOR. Lo vimos con las y los trabajadores de salud que desde hace años denuncian el vaciamiento de los hospitales y la falta de recursos o los bajos salarios. Y lo mismo ocurre con las personas desocupadas o con trabajos informales que no le permiten reunir un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Esos son los que pisan la calle para protestar, porque antes nadie los escuchó y atendió sus demandas."
Por su parte, Noel Argañaraz indicó que "piden que solicitemos autorización para protestar, acaso, como ya señaláramos, las familias de las víctimas del accionar policial, como Blas Correa, Facundo Alegro o Güere Pellico deberían haber pedido autorización al gobierno que encubrió el crimen de sus hijos para protestar? El personal de salud tuvo que hacer protestas masivas para ser recibido por el gobierno. Si fuera por el juez o el presidente del centro vecinal seguirían cobrando sueldos por debajo de la canasta básica".
Finalmente, Laura Vilches, dijo que "es obvio que cuando no hay respuestas o quieren tejer lazos de impunidad nos organizamos para protestar. Es inadmisible que quieran impedir el derecho a la protesta que garantiza el acceso a otros derechos y que encima este juez antiderechos llame a "atacar las cabezas de las organizaciones" con el fin de amedrentar y violentar el derecho a la protesta, criminalizando a los y las referentes. En una provincia con récord de desocupación y pobreza, rechazamos de plano cualquier intento de avanzar con leyes para prohibir las protestas y, como ya lo hiciéramos en 2022, mantenemos el estado de alerta junto a decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, del movimiento feminista y de la diversidad que sabemos muy bien que sin nuestras luchas, la situación de las mayorías hoy sería mucho peor".
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