Mientras un juez federal negaba ante diputados su vínculo con un funcionario porteño, medios “progres” divulgaban los mensajes entre ambos. Sin decir quién hackea teléfonos y organiza “carpetas”, el Frente de Todos compite con Juntos en el uso de la inteligencia clandestina. El interés oficialista no va más allá de denunciar los arreglos entre jueces, fiscales y la oposición de derecha para perseguir a sus referentes con el lawfare. Los que pierden, siempre, son los sectores populares.

“La Agencia Federal de Inteligencia y los servicios de inteligencia fueron avanzando en sus actividades. Estamos hablando de un funcionamiento irregular de todo el Poder Judicial. Esto se agrava día a día. Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, el manejo de escuchas ilegales, los abusos de autoridad, vamos a tener una República en la que se van a perder los derechos individuales”.

La frase que antecede la dijo este miércoles nada menos que un juez federal, Alejo Ramos Padilla, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. El titular del Juzgado Federal 1 de La Plata (cuyo ascenso a la magistratura fue impulsado por el kirchnerismo) había sido citado a dar testimonio en esa comisión, en el marco del proceso de juicio político que se le sigue a los cuatro miembros de la Corte Suprema de la Nación.

Ramos Padilla había recibido en su juzgado una denuncia motorizada por Axel Kicillof para que se investigue la turbia relación entre el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, el secretario de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El juez de La Plata le dio la razón a la Gobernación bonaerense respecto a que eso debe investigarse, pero dijo que no debe hacerlo él sino un juez de Comodoro Py.

Precisamente en los Tribunales del barrio porteño de Retiro “trabaja” Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2. Es quien, en colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, cerró la causa abierta allí para investigar el vidrioso intercambio de mensajes entre D’Alessandro y Robles. Ramos también se presentó este miércoles ante la Comisión de Juicio Político de Diputados. Pero decir que dio testimonio es una exageración.

El hombre que podía explicar las razones que lo llevaron a archivar (en menos de 24 horas) un expediente tan picante, sólo fue a decir que no iba a decir ni una palabra más de lo que ya había escrito en su fallo. Apenas agregó elogios a la “investigación” de Stornelli, cuyas conclusiones derivaron en el pedido de cierre de la causa debido a que las pruebas en contra de D’Alessandro y Robles habían sido obtenidas con espionaje ilegal. Y negó, además, toda relación con el ministro de Seguridad (hoy de licencia) de Horacio Rodríguez Larreta.

Pero si Ramos pensaba que podía ir, no decir nada y volverse a su casa tranquilo, se equivocó. Mientras los diputados del Frente de Todos le hacían preguntas al juez intentando que pisara el palito, en la Comisión empezaba a resonar lo que estaban divulgando varios medios financiados por o aliados del oficialismo. Se trataba de una nueva serie de chats de los últimos años extraídos del celular de D’Alessandro. ¿Con quién conversa, entre otros, en esta oportunidad? Con el propio juez Ramos. Bingo.

Una (bueno, una más) de espías

Hay que remarcar dos cosas que, aunque parezca, no son contradictorias. Por un lado, salvo referencias al pasar sobre posibles tareas de “edición” y “adulteración” del contenido de las comunicaciones filtradas, desde hace casi tres meses ni D’Alessandro ni ninguno de sus amigos de Telegram (desde jueces y fiscales hasta gerentes de Clarín) desmintieron esos contactos cotidianos ni el contenido de las conversaciones.

Por otro lado, salvo alguna que otra tímida expresión de “preocupación”, tanto el periodismo como el funcionariado oficialistas esconden bajo la alfombra el espionaje ilegal con el que se obtiene información que, convertida en “noticia”, se usa en función de la disputa electoral entre las coaliciones gobernantes.

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En la misma reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Myriam Bregman denunció sin ambigüedades: “Acá lo primero que tenemos que hacer trascender es este escandaloso espionaje del cuál la Justicia no está exenta. ‘Pasan los gobiernos, los servicios de inteligencia quedan’, le dijo un represor de la ESMA a Víctor Basterra cuando era liberado, pero la Justicia es parte de este andamiaje y es lo que aquí estamos analizando”.

La diputada del PTS en el Frente de Izquierda agregó como ejemplo que a mediados de marzo se hará el juicio contra Américo Balbuena, espía de la Policía Federal que, después de 2001, se infiltró en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh (para desde ahí hacer inteligencia contra organizaciones populares) y sólo fue descubierto en 2013 por una interna de la fuerza.

Vale decir que Balbuena cobró religiosamente su sueldo y nunca dejó de reportar a sus superiores (dos de los cuales también van al juicio) durante gran parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Un dato nada menor, ya que confirma palmariamente aquella definición impune de un genocida a un sobreviviente de la ESMA.

Desde 2013 Bregman es abogada de la querella en la causa contra Balbuena. Pese a las innumerables pruebas en contra del espía y sus jefes, y pese al reconocimiento del Estado nacional sobre el sostenimiento del “pluma” por más de una década en esa función ilegal, el juicio contra los culpables de semejante ataque a las organizaciones populares se hará recién diez años después de hecha la denuncia y a más de veinte de iniciarse ese espionaje.

En su denuncia de este miércoles en Diputados, Bregman recordó que otra causa por espionaje ilegal duerme hace doce años en Comodoro Py. Se trata de la denuncia contra el llamado “Proyecto X”, el sistema de inteligencia clandestina ejecutado por Gendarmería y descubierto en noviembre de 2011 por las propias organizaciones perseguidas. Sistema que la exministra de Seguridad Nilda Garré intentó justificar diciendo que “sólo se trataba de un software”.

¿Y con los chats qué hacemos?

Las conversaciones, nunca desmentidas, que Marcelo D’Alessandro tuvo durante años con jueces, fiscales, empresarios y servicios de inteligencia no resisten mucho análisis. Compraventa de favores, entuertos personales, reuniones en clubes y en lugares exclusivos como Lago Escondido, entrega de autos y otros bienes a cambio de gestiones exprés. Todo entre “amigos” que se tiran flores por los logros obtenidos y deseos de buena suerte frente a hechos comprometedores.

Mientras tanto, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Cristian Ritondo (también filtraron chats suyos), Gerardo Morales, Facundo Manes, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y demás referentes de Juntos por el Cambio miran para otro lado y ríen para no llorar. Ni hablar Javier Milei, para quien esas canallescas costumbres de casta parecen irrelevantes.

La crisis política por la que atraviesan las dos coaliciones gobernantes es tan profunda y de tan incierta resolución que, más allá de los discursos y los gestos, hasta el “progresismo” y el “republicanismo” que profesan son resignados en pos de obtener el próximo carpetazo con el que cambiar la agenda pública en favor de sus intereses partidarios.

Eso sí, quienes se tiran “con de todo” para disputarse los votos de las mayorías no tienen empacho en coincidir sin grietas a la hora de ajustarles el bolsillo la clase trabajadora y el pueblo empobrecido, de pagarle dólar sobre dólar al FMI y de seguir desfinanciando áreas como salud, educación, vivienda o desarrollo social.

A las puertas de la campaña electoral que definirá quién gobernará desde el próximo 10 de diciembre, nada hace pensar que tanto el oficialismo como la oposición de derecha abandonarán el ya naturalizado método del espionaje ilegal, el “hackeo” con aval político de fuentes de información personales y demás recursos para armar los “carpetazos” que luego son provistos a diarios, portales, canales, radios y redes del palo.

Eso es lo más preocupante y temerario. Que quienes se llenan la boca hablando de “derechos humanos”, “democracia” y “república” justifiquen que la inteligencia ilegal es buena o mala depende quién gobierne o, del otro lado, nieguen los chanchullos y negociados entre poderosos por el hecho de que surgieron producto de esa inteligencia ilegal, es algo por demás peligroso para el pueblo trabajador y sus organizaciones.

Sobran ejemplos en las últimas décadas de causas penales armadas contra manifestantes, activistas de causas ambientales, de derechos humanos, originarias y de género, delegados y dirigentes obreros y sociales, entre otros referentes populares.

Prácticamente en todos esos procesos, jueces y fiscales se apoyaron en las tareas “investigativas” hechas por policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios y “servilletas” que se infiltran en organizaciones, pinchan teléfonos, hacen seguimientos personales y “revientan” dispositivos privados y bases de datos confidenciales. Como Américo Balbuena, el Proyecto X, las bases de la AFI que el macrismo instaló en el AMBA y tantos otros casos emblemáticos.

Mientras el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se rasgan las vestiduras en pos de poco creíbles transparencias, los espías siguen espiando y los chanchullos y negociados no se terminan. Si “esto se agrava día a día”, como afirmó este miércoles el juez Ramos Padilla, evidentemente la solución no pasa por cambiar funcionarios como fusibles ni en dar cursos de derechos humanos, moral y buenas costumbres en las academias policiales. Es una cuestión estructural, capitalista y de clase, cuyas víctimas centrales siempre terminan siendo quienes luchan y se organizan desde abajo.

Tener esto bien claro es fundamental. No sólo para clarificar de qué modo organizarnos y de qué debemos cuidarnos, sino también para tener cada vez más claro contra quiénes debemos luchar para desmantelar por fin los sótanos rancios y las podridas cloacas del Estado.